El blog jurídico de Sepín

La proliferación de los accidentes en los que las víctimas son ciclistas —y también peatones—, cometidos por vehículos cuyos conductores actuaron de forma manifiestamente imprudente e incluso en algún caso, huyendo del lugar del siniestro, abandonando a su suerte al desafortunado deportista o paseante, lesionado o fallecido —siniestros que tanto eco están teniendo en nuestros medios de comunicación con el consiguiente clamor social—, ha llevado a nuestro ejecutivo a acometer una nueva reforma del texto penal sustantivo en esta materia, en la que por fin ha existido consenso, al menos mayoritario, en nuestras Cámaras legislativas, y devuelve a la vía penal diversos siniestros “menos graves” de tráfico que la reforma de 2015 trasladó a la vía civil.

La llamada “doctrina Barbulescu” sobre la investigación de los “emails” de sus trabajadores ha llegado a la jurisdicción penal. La STS 489/2018, de 23 de octubre (SP/SENT/978410) la aplica en un supuesto en el que una empresa se querelló contra su directivo por deslealtad en la administración social.

Vuelve al primer plano de la actualidad el asunto de los “aforados” y la necesidad de su recorte y/o limitación.

Empecemos por recordar en qué consiste el concepto “aforamiento”, pues la opinión pública tiende a asociarlo a un privilegio extraordinario con que cuentan concretos altos cargos públicos, que en caso de cometer delitos se introducen en una suerte de burbuja impenetrable de la que salen indemnes. Afortunadamente esa percepción va cambiando porque ya se va conociendo en qué consiste ese fuero. Es una situación procesal especial que la ley otorga a determinadas personas por razón de su cargo público, por virtud de la cual se atribuye la competencia para la investigación y enjuiciamiento de sus actos a un alto órgano judicial, en concreto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el caso de posibles delitos cometidos por aquellas personas y la Sala Primera del mismo alto tribunal, para las demandas sobre responsabilidad civil dirigidas frente a aquellas personas, salvo que el cargo sea autonómico, en cuyo caso la competencia la ostenta el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Este mismo mes, casi coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género en todas las fases del procedimiento elaborada por el grupo de personas expertas en la materia, dependientes de este organismo.

Hace unos días se dio a conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de noviembre de 2018 (Asunto Otegi Mondragón y otros c. España) (SP/SENT/976499), en la que se estimaba la pretensión de los cinco demandantes, al considerarse vulnerado el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (SP/LEG/5862), sobre derecho a un proceso equitativo, en un procedimiento por terrorismo que se había juzgado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No es la primera vez que abordamos en este blog la controvertida pena de prisión permanente revisable, introducida en nuestro Código Penal por las Leyes 1/2015 y 2/2015. Su inclusión en nuestro texto punitivo no ha conseguido zanjar la polémica; desde el punto de vista político, los partidos conservadores abogan por su mantenimiento y, los progresistas, por su derogación. Ya desde su promulgación, estos últimos formularon un recurso de inconstitucionalidad frente a la introducción de dicha pena, recurso que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en el verano de 2015, pero que, a día de hoy, aún se encuentra pendiente de resolver. Es más, durante la anterior legislatura conservadora, los partidos “de derechas” propugnaron una ampliación de los supuestos actualmente vigentes a otros también especialmente graves, y, frente a ello, los partidos “de izquierdas” propusieron su íntegra derogación.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 396/2018, de 26 de julio, en la que sienta la doctrina de que cualquier tocamiento de carácter sexual sin consentimiento de la persona a la que va dirigido supone un abuso sexual.

Precisamente, al tener noticia de ella, estaba comentando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1.ª, 4/2018, de 13 de junio, que también alude al consentimiento en los abusos sexuales. Los casos son diferentes, pero en ambas sentencias se declaran conceptos importantes que me llevan a abrir el análisis a ambas sobre la figura del consentimiento, es decir, a la falta del mismo.

El Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, como ya comentamos anteriormente, tiene como finalidad ofrecer, desde los poderes públicos, una amplia respuesta jurídica y social a las víctimas, reparadora del daño en el proceso penal y minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición pueda generar, con independencia de su situación procesal.

La semana pasada, la sala de prensa del Consejo General del Poder Judicial dio a conocer la Sentencia 316/2018, de 28 de junio, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, resaltando que el Alto Tribunal “destaca la importancia de implantar planes de «compliance programe» para prevenir delitos dentro de las empresas”.

Cada 12 de Julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por más de 50.000 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio. En la página web de la Abogacía Española y en las diferentes páginas de los distintos Colegios de Abogado hay información importante sobre este aniversario.