El blog jurídico de Sepín

Hace unos días se dio a conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de noviembre de 2018 (Asunto Otegi Mondragón y otros c. España) (SP/SENT/976499), en la que se estimaba la pretensión de los cinco demandantes, al considerarse vulnerado el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (SP/LEG/5862), sobre derecho a un proceso equitativo, en un procedimiento por terrorismo que se había juzgado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No es la primera vez que abordamos en este blog la controvertida pena de prisión permanente revisable, introducida en nuestro Código Penal por las Leyes 1/2015 y 2/2015. Su inclusión en nuestro texto punitivo no ha conseguido zanjar la polémica; desde el punto de vista político, los partidos conservadores abogan por su mantenimiento y, los progresistas, por su derogación. Ya desde su promulgación, estos últimos formularon un recurso de inconstitucionalidad frente a la introducción de dicha pena, recurso que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en el verano de 2015, pero que, a día de hoy, aún se encuentra pendiente de resolver. Es más, durante la anterior legislatura conservadora, los partidos “de derechas” propugnaron una ampliación de los supuestos actualmente vigentes a otros también especialmente graves, y, frente a ello, los partidos “de izquierdas” propusieron su íntegra derogación.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 396/2018, de 26 de julio, en la que sienta la doctrina de que cualquier tocamiento de carácter sexual sin consentimiento de la persona a la que va dirigido supone un abuso sexual.

Precisamente, al tener noticia de ella, estaba comentando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1.ª, 4/2018, de 13 de junio, que también alude al consentimiento en los abusos sexuales. Los casos son diferentes, pero en ambas sentencias se declaran conceptos importantes que me llevan a abrir el análisis a ambas sobre la figura del consentimiento, es decir, a la falta del mismo.

El Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, como ya comentamos anteriormente, tiene como finalidad ofrecer, desde los poderes públicos, una amplia respuesta jurídica y social a las víctimas, reparadora del daño en el proceso penal y minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición pueda generar, con independencia de su situación procesal.

La semana pasada, la sala de prensa del Consejo General del Poder Judicial dio a conocer la Sentencia 316/2018, de 28 de junio, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, resaltando que el Alto Tribunal “destaca la importancia de implantar planes de «compliance programe» para prevenir delitos dentro de las empresas”.

Cada 12 de Julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por más de 50.000 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio. En la página web de la Abogacía Española y en las diferentes páginas de los distintos Colegios de Abogado hay información importante sobre este aniversario.

Regulación

La Orden Europea de Investigación (“OEI”) tiene su origen en la Directiva 2014/41/UE, de 3 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo (SP/LEG/14437) y nace con la vocación de erigirse como único instrumento penal transfronterizo para la obtención de pruebas en el ámbito geográfico de la Unión Europea. Esta Directiva se acaba de transponer a nuestro ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley 3/2018, de 11 de junio (SP/LEG/24246), que, a su vez, ha venido a modificar la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea (SP/LEG/16100), en cuyo Título X (arts. 186 a 223) se regula este instrumento —a partir del día 2 de julio de 2018 en que entra en vigor—, en sustitución del hasta ahora vigente “exhorto europeo de obtención de pruebas”. En estas líneas, vamos a tratar de esbozar unas breves pinceladas meramente esquemáticas sobre este nuevo instrumento.

En estos tiempos de serias turbulencias políticas, nuestro legislador se encuentra aletargado o atado de pies y manos. El partido en el Gobierno no cuenta con las mayorías necesarias y en consecuencia hasta ahora no ha podido abordar con decisión las normas y reformas de calado. Y como se acaba de ver, ha tenido problemas hasta para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de marzo de 2018 (Asunto Stern Taulats y Roura Capellera contra España) (SP/SENT/947320), cuya traducción al español se ha hecho pública recientemente, determina que el acto de la quema de una fotografía de nuestros monarcas (hoy eméritos) se enmarca en el campo de la crítica política a las instituciones de la monarquía, y por lo tanto, su condena penal por los Tribunales españoles vulnera la libertad de expresión.

Antecedentes legislativos

Los derechos que se reconocen a las personas investigadas, detenidas y presas en el ámbito procesal penal se recogen en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus arts. 118 (derechos de los investigados y encausados) y 520 (derechos de los detenidos y presos). Ambos preceptos fueron reformados hace casi tres años, a través de dos normas: