El blog jurídico de Sepín

Con motivo del cambio de destino de un conocido Magistrado he venido leyendo y escuchando en la prensa “política” diversas afirmaciones que expresaban el más abierto desacuerdo con ese próximo traslado, tachando a aquel de una suerte de traición al Estado de Derecho por haber decidido abandonar el órgano judicial que ocupaba hasta hoy y dejarlo “empantanado” —principalmente se referían a concretos procedimientos judiciales sobre corrupción política—. Crítica que también alcanzaba al hecho de “colocar el marrón” al futuro Magistrado que se siente en esa silla, que tendrá que aterrizar sobre los asuntos, para estudiárselos desde su inicio hasta el punto donde el Juez saliente hoy los va a “soltar”, con el enorme tiempo que ello le va a conllevar al entrante. Y ello porque al Magistrado saliente, muy caprichoso él, dice estar cansado de instruir sin apenas medios, y ha optado por buscar —y obtener— un puesto muy posiblemente más cómodo y menos estresante, dentro de la misma casa.

Marco legal de la testifical del Presidente del Gobierno

Durante estos días, la actualidad político-judicial se encuentra, una vez más, especialmente tormentosa con motivo de los últimos casos de corrupción; unos, recién desvelados, atribuidos a exaltos cargos de la Comunidad de Madrid, que hasta han llevado a algunos a entrar en prisión provisional; otros, procedentes del ámbito territorial de Cataluña, que también han desembocado en la misma consecuencia privativa de libertad; y otros, porque en estos instantes se está llevando a cabo su enjuiciamiento, con amplia cobertura en los medios.

1. Antecedentes

Hasta ahora nuestro sistema de recursos penales se hallaba cojo o incompleto, pues determinadas sentencias por los delitos más graves, las dictadas por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no tenían acceso al recurso de apelación. Así, para su revisión solo procedía recurrir en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a modo de una apelación encubierta. Mientras que para los demás delitos sí existe una vía impugnatoria, previa a la posible casación, a través del recurso de apelación.

Introducción

Ya ha llegado la esperada Sentencia del llamado “caso Nóos”, tras siete meses de estudio y redacción. Setecientas cuarenta y dos páginas (742) de resolución que exigen un buen tiempo de atenta lectura y digestión. Las condenas y absoluciones no han dejado indiferente a la opinión pública, principalmente en lo que se refiere al matrimonio Urdangarín-Borbón. Sin embargo, creo necesario empezar rompiendo una lanza por las tres Magistradas redactoras de la sentencia, quienes han llevado a cabo un exhaustivo estudio fáctico y jurídico del asunto, con independencia de la valoración jurídico-penal que pueda hacerse respecto a concretos pronunciamientos, que, sin duda, serán objeto de recurso de casación por algunas de las partes.

La Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo acaba de dictar la Sentencia 980/2016, de 11 de enero de 2017 (SP/NOT/922), en la que analiza las diligencias de investigación de la Fiscalía y la necesidad de que en las mismas no se relajen los derechos fundamentales del investigado, entre ellos su derecho de defensa, debiendo exigirse en aquellas la asistencia de letrado.

En el post de hoy vamos a relatar de forma resumida las sucesivas actuaciones judiciales y sentencias que han examinado la conducta de un Magistrado de Sevilla acusado de delito de prevaricación por haber alterado, sin contar con competencia para ello, un régimen de visitas establecido por otro órgano judicial, para permitir que un menor de edad participase en una procesión de Semana Santa en la capital hispalense.

Introducción

Las crónicas periodísticas de los juicios penales mediáticos que se están celebrando estos días dedican una mención especial a la negativa de algunos acusados a responder a las preguntas de las acusaciones o a algunas de ellas, confiriendo a esa negativa un tinte de rebeldía por dichas personas que debería ser mal vista por el receptor de la información. Igual sucede en ocasiones cuando, sin negarse a declarar, los acusados vierten manifestaciones exculpatorias que resultan inconcebibles y atentan a la inteligencia del oyente o lector.

El pasado 27 de julio de 2016, la Sección 1.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el caso AFINSA, tras más de diez años de instrucción y enjuiciamiento, en la que se condena a los administradores de la entidad por los delitos de estafa agravada, falsedad contable, insolvencia punible y delito fiscal, además del blanqueo de capitales cometido por uno de los acusados. Efectuaremos aquí una esquemática exposición del contenido de la indicada resolución judicial, subrayamos, dictada en 1.ª Instancia.

Los llamados “clubs de cannabis” o “asociaciones de cáñamo” son entidades privadas constituidas con la finalidad de que consumidores habituales de estas sustancias, principalmente hachís y marihuana, puedan adquirirlas y consumirlas en sus locales —no abiertos al público en general—, previo pago de su cuota y de su coste, en cantidades que no excedan de las dosis individuales “normales” y sin que pueda realizarse tráfico de estas sustancias ni entre el club y sus socios ni estos entre sí. Estos clubs también admiten como socios a personas con enfermedades en que el consumo de cannabis está prescrito con fines terapéuticos o paliativos.

En febrero de 2014 ya dimos cuenta en este blog de la reforma de la llamada Justicia Universal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo (SP/LEG/14069), de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 15 de marzo de 2014, y de las críticas surgidas desde entonces, que dan por finalizada la Justicia Universal en España, salvo en casos muy “residuales”. De hecho, la mayoría de los procedimientos abiertos en esas fechas resultaron sobreseídos por aplicación de dicha reforma.