El blog jurídico de Sepín

Regulación

La Orden Europea de Investigación (“OEI”) tiene su origen en la Directiva 2014/41/UE, de 3 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo (SP/LEG/14437) y nace con la vocación de erigirse como único instrumento penal transfronterizo para la obtención de pruebas en el ámbito geográfico de la Unión Europea. Esta Directiva se acaba de transponer a nuestro ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley 3/2018, de 11 de junio (SP/LEG/24246), que, a su vez, ha venido a modificar la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea (SP/LEG/16100), en cuyo Título X (arts. 186 a 223) se regula este instrumento —a partir del día 2 de julio de 2018 en que entra en vigor—, en sustitución del hasta ahora vigente “exhorto europeo de obtención de pruebas”. En estas líneas, vamos a tratar de esbozar unas breves pinceladas meramente esquemáticas sobre este nuevo instrumento.

En estos tiempos de serias turbulencias políticas, nuestro legislador se encuentra aletargado o atado de pies y manos. El partido en el Gobierno no cuenta con las mayorías necesarias y en consecuencia hasta ahora no ha podido abordar con decisión las normas y reformas de calado. Y como se acaba de ver, ha tenido problemas hasta para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de marzo de 2018 (Asunto Stern Taulats y Roura Capellera contra España) (SP/SENT/947320), cuya traducción al español se ha hecho pública recientemente, determina que el acto de la quema de una fotografía de nuestros monarcas (hoy eméritos) se enmarca en el campo de la crítica política a las instituciones de la monarquía, y por lo tanto, su condena penal por los Tribunales españoles vulnera la libertad de expresión.

Antecedentes legislativos

Los derechos que se reconocen a las personas investigadas, detenidas y presas en el ámbito procesal penal se recogen en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus arts. 118 (derechos de los investigados y encausados) y 520 (derechos de los detenidos y presos). Ambos preceptos fueron reformados hace casi tres años, a través de dos normas:

Desde la inclusión de la prisión permanente revisable en el Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, allá por 2013, esta nueva figura punitiva ha estado rodeada de polémica, con opiniones ciertamente encontradas, a favor y en contra de su incorporación al elenco de penas de nuestro texto legal.

La trágica desaparición de Diana Quer y la localización de su cuerpo sin vida tras casi quinientos días de investigación con la confesión del supuesto autor de su muerte, nos ha golpeado de lleno a todos y ha motivado estos días que se genere un debate social sobre varias cuestiones jurídicas. Una de ellas surge a raíz del reciente Auto del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Ribeira (A Coruña), competente en la causa, que acordó exonerar a la mujer del acusado apartándola del proceso judicial abierto y que ha sido recurrido por los padres de Diana.

 Introducción

El delito de tráfico ilegal de órganos como tal no contaba con precedentes en nuestra normativa penal antes de 2010; hasta entonces estas conductas tenían encaje en el seno del delito de lesiones. Pero diversos estudios e informes de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales aconsejaron darle un tratamiento diferenciado y castigar de forma autónoma y separada los trasplantes de órganos humanos que se hicieran a cambio de transacción. Ello se llevó a cabo en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2010, de 22 de junio (SP/LEG/6498), que introdujo en el texto punitivo el nuevo artículo 156 bis, que a partir de su entrada en vigor incrimina a quienes promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o su trasplante, con la posibilidad de moderar la sanción penal al receptor del órgano, en atención a las circunstancias concurrentes, que, conocedor de su origen ilícito, consienta en la realización del trasplante.

El afloramiento de los primeros brotes de abierta desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional por parte de concretas autoridades autonómicas motivó que en el mes de septiembre de 2015 se comenzara a tramitar en nuestro Parlamento, por vía de urgencia, un proyecto legislativo para modificar concretos preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de sus resoluciones.

Los avances tecnológicos no van de la mano de la “Administración de Justicia”. Nuestros gobernantes pretenden colocar a España en la vanguardia de los sistemas jurídicos y judiciales, pero da la sensación de que solo buscan ofrecer al exterior una imagen de modernidad que en la práctica no se traduce en una realidad cierta. El sistema LexNet, impuesto a capón a abogados y procuradores, no termina de resultar del completo agrado de todos. Tampoco los Fiscales están muy conformes con la implantación del “papel cero”, ni con el funcionamiento de su aplicación informática “Fortuny”. Recientemente dos de sus asociaciones mayoritarias emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaban el calendario para la implantación digital que tenía preparado el Gobierno. Entre los Magistrados tampoco faltan las críticas al “expediente judicial electrónico”; los Presidentes de las Audiencias Provinciales, en sus Jornadas anuales celebradas en León los días 14 a 16 de junio, formularon al Consejo General del Poder Judicial una serie de propuestas en orden a solucionar las deficiencias de los sistemas y aplicaciones informáticas y a unificar los mismos en todo el territorio nacional (SP/DOCT/22898); de hecho, las cuatro asociaciones de Magistrados se reunieron con el titular del Ministerio de Justicia, quien se comprometió a abordar, entre otros problemas que le fueron expuestos, el de la modernización de los medios tecnológicos con que cuentan los órganos judiciales para llevar a cabo su función jurisdiccional.