El blog jurídico de Sepín

La recién aprobada Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la Ocupación Ilegal de Viviendas (SP/LEG/24248), con entrada en vigor el 2 de julio de 2018, ha previsto en su Disposición Final Primera que se modifique de nuevo la Disposición Final Décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (SP/LEG/7796). Se amplía así la vacatio legis de la norma y se prorroga una vez más su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2020, en esta ocasión, por dos años más.

El Tribunal Supremo, en las Sentencias, Sala Primera, de lo Civil, de 4 de abril de 2018 (SP/SENT/947370) y de 20 de diciembre de 2017 (SP/SENT/930939), ha introducido un matiz importante que completa la doctrina fijada anteriormente sobre la retroactividad de los alimentos, en este caso, en las modificaciones de medidas.

El Tribunal Supremo ha dictado recientemente una interesante sentencia en materia de atribución del uso de la vivienda (Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, de 6 de febrero de 2018), supuesto en el que las partes habían acordado en convenio que la citada atribución a favor de la menor y de su madre duraría hasta que la vivienda fuese vendida o se hiciera efectivo el acuerdo de liquidación en los cónyuges. Así, el marido planteó la división de la cosa común, allanándose la esposa a la demanda, procediéndose a la ejecución de la sentencia y a la subasta pública del bien, que, finalmente, fue adjudicado, junto con la plaza de aparcamiento, al marido, quien, además, asumió el pago de la hipoteca del inmueble, pasando a ser propietario en pleno dominio de la que fuera vivienda familiar.

Se acaba de celebrar en Madrid el pasado viernes 23 y sábado 24, el XXV Encuentro de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Bajo el lema: “25 años impulsando el Derecho de Familia”, hemos podido asistir a una de las más brillantes y exitosas convocatorias, con más de 500 juristas reunidos en torno a los más actuales temas de Derecho de Familia.

Planteamiento

El Tribunal Constitucional, en Sentencia dictada por la Sala Segunda de 22 de enero de 2018 (SP/SENT/935666), estima el recurso de amparo interpuesto por el recurrente a quien, pese a tener una minusvalía psíquica reconocida del 65 % y una situación de dependencia en grado 1, se denegó, por motivo de su edad, su solicitud de ingreso en un programa de atención especializada en un centro de asistencia para personas discapacitadas. Al ser mayor de 60 años, se le concedió una plaza en una residencia de la tercera edad, sin posibilidad de recibir un tratamiento específico para su discapacidad.

El pasado 22 de enero de 2018, España compareció ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de evaluar la aplicación en nuestro país de los Derechos y Principios de la Convención de los Derechos del Niño. Tras el correspondiente examen, se formularán unas Observaciones por parte del Comité.

De todas las circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer el sistema de guarda y custodia de los menores, una de ellas es la existencia de hermanos, y, en este sentido, el art. 233-11.2 CCCat. establece que: «no pueden separarse los hermanos, salvo que las circunstancias lo justifiquen«. No se especifica si debe valorarse que los hermanos sean mayores de edad o si tras la ruptura de la convivencia existen hermanos de vínculo sencillo. Lo que sí debemos tener presente es que las circunstancias a las que se refiere el Código Civil estarán condicionadas por el respeto al interés superior de los menores.

Establece el art. 1324 CC: “Para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la confesión del otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos del confesante, ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada uno de los cónyuges.”

¿Cómo solucionar la atribución del uso de la vivienda familiar cuando estamos ante familias reconstituidas?, ¿Cuál es el interés al que debemos atender?, ¿Qué criterios debemos aplicar? ¿Qué dice nuestro Código Civil?, ¿Qué establece la Jurisprudencia?

Desde que en 2010 el Código Civil de Cataluña introdujera la novedosa figura del plan de parentalidad como instrumento para concretar la forma en que ambos progenitores van a ejercer sus responsabilidades parentales, otros ordenamientos autonómicos en sus distintas reformas también lo han tenido en cuenta, aunque con otras denominaciones, y el propio Tribunal Supremo lo ha empezado a tener presente con el nombre de plan contradictorio a la hora de analizar los asuntos relacionados con la custodia compartida de los menores.