El blog jurídico de Sepín

Este mismo mes, casi coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género en todas las fases del procedimiento elaborada por el grupo de personas expertas en la materia, dependientes de este organismo.

El pasado 24 de octubre de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE n.º 257) la Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre Cambio de Nombre en el Registro Civil de Personas Transexuales.

La Instrucción que se ha dictado no nos puede dejar indiferentes por todo lo que ella implica a corto, medio y largo plazo en la vida de las personas y, fundamentalmente, a los menores de edad con disforia de género. Esta Instrucción, a pesar de su título, no se refiere a las personas transexuales en general, sino que pretende ser una respuesta fácil y poco meditada a la situación que se están encontrando los Registros Civiles cuando los padres de menores con disforia de género solicitan el cambio de nombre y sexo de sus hijos e hijas.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 14 de septiembre de 2018 (SP/SENT/970448), decide otorgar la guarda y custodia de una menor de cinco años a la tía paterna, quien había venido ejerciéndola de hecho desde el fallecimiento de la madre, pese a que el padre conserva la titularidad de la patria potestad y se le reconoce un derecho de visitas y comunicaciones.

El Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (SP/LEG/24582),  ha venido a modificar el art. 156 CC, además de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (SP/LEG/2884), y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (SP/LEG/4607). Las medidas aprobadas están en vigor desde el 4 de agosto. Aconsejamos la lectura del Cuadro Comparativo, que incluye la nueva redacción de los preceptos modificados en esta reforma (SP/DOCT/75782).

Cada vez que se inician las vacaciones, especialmente las de verano, nos enfrentamos a las mismas preguntas: ¿qué debemos hacer para que nuestros menores puedan viajar al extranjero? ¿Qué permisos y autorizaciones son necesarios?

La atribución del uso de la vivienda en el Derecho civil catalán desde el Codi de Familia ha venido siendo de carácter temporal en algunos casos, ampliándose con la entrada en vigor del Libro II del Código Civil de Cataluña. Así, el art. 233-20, en su apdo. 5, establece que, en los casos a los que se refieren los apdos. 3 y 4, la atribución debe hacerse con carácter temporal y será, además, susceptible de prórroga, también temporal, si se mantienen las circunstancias que la motivaron.

La recién aprobada Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la Ocupación Ilegal de Viviendas (SP/LEG/24248), con entrada en vigor el 2 de julio de 2018, ha previsto en su Disposición Final Primera que se modifique de nuevo la Disposición Final Décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (SP/LEG/7796). Se amplía así la vacatio legis de la norma y se prorroga una vez más su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2020, en esta ocasión, por dos años más.

El Tribunal Supremo, en las Sentencias, Sala Primera, de lo Civil, de 4 de abril de 2018 (SP/SENT/947370) y de 20 de diciembre de 2017 (SP/SENT/930939), ha introducido un matiz importante que completa la doctrina fijada anteriormente sobre la retroactividad de los alimentos, en este caso, en las modificaciones de medidas.

El Tribunal Supremo ha dictado recientemente una interesante sentencia en materia de atribución del uso de la vivienda (Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, de 6 de febrero de 2018), supuesto en el que las partes habían acordado en convenio que la citada atribución a favor de la menor y de su madre duraría hasta que la vivienda fuese vendida o se hiciera efectivo el acuerdo de liquidación en los cónyuges. Así, el marido planteó la división de la cosa común, allanándose la esposa a la demanda, procediéndose a la ejecución de la sentencia y a la subasta pública del bien, que, finalmente, fue adjudicado, junto con la plaza de aparcamiento, al marido, quien, además, asumió el pago de la hipoteca del inmueble, pasando a ser propietario en pleno dominio de la que fuera vivienda familiar.

Se acaba de celebrar en Madrid el pasado viernes 23 y sábado 24, el XXV Encuentro de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Bajo el lema: “25 años impulsando el Derecho de Familia”, hemos podido asistir a una de las más brillantes y exitosas convocatorias, con más de 500 juristas reunidos en torno a los más actuales temas de Derecho de Familia.