El blog jurídico de Sepín

Desde la visión romántica de la unión entre dos personas, sin duda la más importante con el amor como cimiento indispensable, quizás los pactos en previsión de ruptura puedan resultar mal vistos y levantar suspicacias, entre la pareja o incluso entre la familia, pero dejando a un lado «la visión Disney» del matrimonio o de la unión en pareja, pueden facilitar y agilizar el conflicto económico si la relación finalmente no llega a buen puerto.

Carlos Crespo Hergueta

Redacción Jurídica de Sepín Familia y Sucesiones

Terminan las vacaciones y empiezan las clases. Comienza la carrera de gastos en libros de texto, uniforme, material escolar, ruta, comedor, etc. Para muchas familias, esta época del año supone el mayor desembolso de dinero destinado a la formación y manutención de los hijos, y en la que se concentran la gran mayoría de gastos extraordinarios.

Cuando hablamos de inmigración, de forma casi automática, todos pensamos en personas de edad adulta que vienen a nuestro país en busca de un futuro mejor. Debemos ser conscientes de que también llegan a territorio español menores de edad que no se encuentran acompañados por personas de edad adulta, y que también, buscan poder tener un futuro.

La filiación es aquella relación jurídica entre padres e hijos por la cual se fundan una serie de derechos y obligaciones, entre los cuales se encuentran los siguientes: patria potestad, guarda y custodia, alimentos, apellidos, nacionalidad, vecindad civil, derechos sucesorios, etc. El vínculo de la filiación se establece, por un lado, para hijos biológicos (o naturales) y adoptivos; por otro lado, para hijos matrimoniales y extramatrimoniales.

En estas fechas, el fin de curso, el cansancio y por qué no también el calor, agudizan los roces, desacuerdos y conflictos entre los padres y madres a la hora de decidir, organizar y gestionar las vacaciones de sus hijos menores. ¿Cómo conseguir organizarlo todo para tener un verano en paz?

La desheredación es una figura testamentaria consistente en una sanción civil por la cual el testador, en los términos establecidos por la ley, puede privar a un heredero forzoso de su legítima, esta es la porción de bienes de que el causante no puede disponer libremente por haberla reservado la ley a los legitimarios. Esta figura queda recogida en el Libro Tercero del Código Civil (arts. 848-857 CC).

El Pleno del Tribunal Constitucional, en la reciente Sentencia 64/2019 de 9 de mayo de 2019, ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad n.º 3442-2018 planteada por el Juzgado de 1ª Instancia n.º 14 de Barcelona, en relación con el art. 18.2.4.º de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, por posible vulneración del derecho fundamental a la intimidad del menor de edad (art. 18.1 CE).

La realidad siempre va por delante de la situación jurídica consolidada. Estoy segura de que antes de que se regulase la custodia compartida ya existían familias en que los progenitores se repartían los cuidados y estancias de sus hijos de manera equilibrada, pero con un régimen legal de custodia monoparental y visitas para el progenitor no custodio. Eso, entre otras cosas, provocaría llegado el momento que se regulara de manera legal la custodia compartida y se incluyera en el art. 92 del Código Civil.

La legítima, de acuerdo con el art. 806 CC, es la porción de bienes de que el causante no puede disponer libremente por haberla reservado la ley a los herederos forzosos, también llamados legitimarios. Esto significa que el testador no puede privar a aquellos de su legítima salvo en los casos previstos en la ley. El Código Civil distingue tres partes: tercio de legítima estricta, de mejora y de libre disposición.

La figura del Coordinador de parentalidad surge en los Estados Unidos entre los años ochenta y noventa[1], cuando se plantea el problema creciente de un gran número de separaciones y divorcios que conllevan un riesgo elevado para los niños. Susan Boyne y Anne Marie Termini fueron las pioneras en desarrollar esta figura y quienes, tras su experiencia, crearon el primer manual de entrenamiento para futuros coordinadores de parentalidad en 2003. Una ADR (Alternative Dispute Resolution) centrada en los niños.