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Director de Sepín Penal. Abogado
A principios de este año ya dimos cuenta en estas páginas de la suspensión de los lanzamientos de los “okupas” (SP/DOCT/109062), ordenada por la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (SP/LEG/32398).
Son varias las ocasiones en que nos hemos referido en este blog a la pena de prisión permanente revisable. Bastante antes de su aprobación definitiva quien firma este post fue muy crítico con la nueva pena que tres años después se introduciría en nuestro Código Penal, hasta adelantando su posible inconstitucionalidad (¿Inconstitucionalidad de la futura pena de prisión permanente revisable? | Sepín (sepin.es)). Estaba equivocado, al menos con arreglo a la decisión mayoritaria que hoy se nos anuncia que ha dictado nuestro Tribunal Constitucional. Recapitulemos.
Legislativamente hablando, el año 2021 nos está trayendo una avalancha de normas de todo orden que no resulta fácil de asimilar. No te has acostumbrado a una cuando de inmediato se publica la siguiente. Periodo de sobresaltos legislativos, en el que resulta imprescindible leer desde el título de la norma hasta su firma, por cuanto en muchos casos, sus disposiciones adicionales o finales contienen reformas de enjundia que pueden pasar desapercibidas respecto del texto principal de la ley.
Introducción
El sábado 5 de mayo se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154), que da cumplimiento a nuestros compromisos europeos e internacionales y culmina la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores (SP/LEG/8364). La nueva norma entrará en vigor el 25 de junio de 2021.
Una reciente noticia del Ministerio de Justicia nos informaba de que “la ORGA distribuye más de 600.000 euros en programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad”.
En el BOE del jueves 25 de marzo de 2021 se ha publicado la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (SP/LEG/33260), con entrada en vigor el 25 de junio de 2021 (salvo su artículo 17, con entrada en vigor el 26 de marzo de 2021), que ha venido a introducir en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho civil, el derecho a la eutanasia, y cuya tramitación no ha estado exenta de viva polémica.
En el BOE de hoy 17 de diciembre de 2020 se publica la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre (SP/LEG/31930) por la que se suprime el apartado segundo del artículo 156 del Código Penal.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28571), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (al que conocemos como “coronavirus”), se publicó en el BOE y entró en vigor aquel mismo día, para hacer frente de inmediato a la situación de emergencia provocada por la altísima capacidad de contagio del citado virus entre la población.
Siempre que escuchamos la palabra “delito” la cabeza nos lleva de forma instintiva al Código Penal, puesto que en este texto legal tienen su ubicación las conductas criminales merecedoras de reproche punitivo. Pero siendo acertada esa primera idea, no es del todo precisa, pues existen varios delitos previstos y castigados fuera de aquella norma sustantiva, dispersos en varias leyes especiales, si bien su enjuiciamiento también se lleva a cabo a través de las reglas recogidas en nuestra ley procesal penal.
Estos últimos días los medios de comunicación están incidiendo en la noticia de que el nuevo Gobierno va a acometer una reforma del Código Penal en materia de delitos de rebelión y sedición. Realmente no se trata de una noticia inesperada a la vista de los pactos de investidura, algunos de los cuales desconocemos, pero intuimos. Este es uno de ellos y responde a la senda de “desjudicialización” de la vida política que se nos ha venido anunciando y que ya se ha emprendido con este primer peldaño.
