El blog jurídico de Sepín

Estos últimos días los medios de comunicación están incidiendo en la noticia de que el nuevo Gobierno va a acometer una reforma del Código Penal en materia de delitos de rebelión y sedición. Realmente no se trata de una noticia inesperada a la vista de los pactos de investidura, algunos de los cuales desconocemos, pero intuimos. Este es uno de ellos y responde a la senda de “desjudicialización” de la vida política que se nos ha venido anunciando y que ya se ha emprendido con este primer peldaño.

Han sido varias las preguntas que se nos han planteado desde nuestro Servicio de Consultas en relación con la extinción (o en su caso, la atenuación) de la responsabilidad penal en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a través de la figura de la “regularización”. Trataremos de condensar sistemáticamente en estas breves líneas las principales cuestiones que pueden surgir.

Llevamos unos cuantos días sorprendidos por las noticias periodísticas que se han ido sucediendo en relación con la sentencia del “procés”, antes de que esta se diera a conocer.

La Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo en sentencia nº 326/2019, de 20 de junio (SP/SENT/1009597), con Ponencia de Don Pablo Llarena Conde, acaba de emitir su primera resolución en relación con “bitcoins” y su naturaleza a efectos de responsabilidad civil derivada de delito. Efectuaremos aquí un breve esbozo de ese novedoso pronunciamiento.

La avería que puede generar a nuestros clientes un simple error técnico del sistema LexNet puede ser importante. En el caso que hoy venimos a exponer, un deficiente funcionamiento de ese sistema unido a una falta de diligencia del Juzgado, dieron lugar nada menos que a una sentencia condenatoria que incluso se confirmó en segunda instancia, todo lo cual hoy ha sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional, que ordena repetir el juicio.

Apuntes personales previos

A través del departamento de consultas de SEPÍN hace unas semanas un suscriptor nos preguntaba diversas cuestiones relacionadas con un procedimiento por abusos sexuales supuestamente cometidos por un sacerdote respecto a un menor a quien impartía catequesis. La cabeza me trasladó a dos profesores conocidos por mí, de dos distintos colegios; uno ya condenado y el otro actualmente investigado por actos delictivos similares perpetrados en los centros en los que impartían enseñanza. En su momento no me podía creer las respectivas noticias que sucesivamente me llegaron. Me impactaron mucho. Ambos eran profesores que consideraba ejemplares y estuve convencido durante un tiempo de que esas noticias sólo podían obedecer a una terrible equivocación. Así pensábamos todos quienes les conocíamos. Pues no; las noticias resultaron ser reales, aunque sigo con los ojos como platos.

Las condenas a penas de inhabilitación para cargo público, aunque aún no hayan adquirido firmeza, impiden al condenado acudir a las elecciones como candidato en listas electorales. Así lo ha establecido la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia 438/2019, de 1 de abril (SP/SENT/997540).

La proliferación de los accidentes en los que las víctimas son ciclistas —y también peatones—, cometidos por vehículos cuyos conductores actuaron de forma manifiestamente imprudente e incluso en algún caso, huyendo del lugar del siniestro, abandonando a su suerte al desafortunado deportista o paseante, lesionado o fallecido —siniestros que tanto eco están teniendo en nuestros medios de comunicación con el consiguiente clamor social—, ha llevado a nuestro ejecutivo a acometer una nueva reforma del texto penal sustantivo en esta materia, en la que por fin ha existido consenso, al menos mayoritario, en nuestras Cámaras legislativas, y devuelve a la vía penal diversos siniestros “menos graves” de tráfico que la reforma de 2015 trasladó a la vía civil.

La llamada “doctrina Barbulescu” sobre la investigación de los “emails” de sus trabajadores ha llegado a la jurisdicción penal. La STS 489/2018, de 23 de octubre (SP/SENT/978410) la aplica en un supuesto en el que una empresa se querelló contra su directivo por deslealtad en la administración social.

Vuelve al primer plano de la actualidad el asunto de los “aforados” y la necesidad de su recorte y/o limitación.

Empecemos por recordar en qué consiste el concepto “aforamiento”, pues la opinión pública tiende a asociarlo a un privilegio extraordinario con que cuentan concretos altos cargos públicos, que en caso de cometer delitos se introducen en una suerte de burbuja impenetrable de la que salen indemnes. Afortunadamente esa percepción va cambiando porque ya se va conociendo en qué consiste ese fuero. Es una situación procesal especial que la ley otorga a determinadas personas por razón de su cargo público, por virtud de la cual se atribuye la competencia para la investigación y enjuiciamiento de sus actos a un alto órgano judicial, en concreto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el caso de posibles delitos cometidos por aquellas personas y la Sala Primera del mismo alto tribunal, para las demandas sobre responsabilidad civil dirigidas frente a aquellas personas, salvo que el cargo sea autonómico, en cuyo caso la competencia la ostenta el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.