El blog jurídico de Sepín

Apuntes personales previos

A través del departamento de consultas de SEPÍN hace unas semanas un suscriptor nos preguntaba diversas cuestiones relacionadas con un procedimiento por abusos sexuales supuestamente cometidos por un sacerdote respecto a un menor a quien impartía catequesis. La cabeza me trasladó a dos profesores conocidos por mí, de dos distintos colegios; uno ya condenado y el otro actualmente investigado por actos delictivos similares perpetrados en los centros en los que impartían enseñanza. En su momento no me podía creer las respectivas noticias que sucesivamente me llegaron. Me impactaron mucho. Ambos eran profesores que consideraba ejemplares y estuve convencido durante un tiempo de que esas noticias sólo podían obedecer a una terrible equivocación. Así pensábamos todos quienes les conocíamos. Pues no; las noticias resultaron ser reales, aunque sigo con los ojos como platos.

¿Qué es la mediación?

Tal como expresa la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, “Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.

Los hechos: el suicidio asistido

El pasado 3 de abril, Ángel Hernández asistió al suicidio a su esposa, María José Carrasco, aquejada de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa terminal y con una muy escasa o nula calidad de vida, pues la morfina había dejado de hacerle efecto y los médicos estaban buscando otra medicación para paliar sus dolores.

El pasado 26 de febrero, una sentencia del Tribunal Supremo volvió a aplicar la circunstancia agravante de género, prevista en el artículo 22.4 del Código Penal e introducida en este apartado por Ley Orgánica 1/2015.

Este mismo mes, casi coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género en todas las fases del procedimiento elaborada por el grupo de personas expertas en la materia, dependientes de este organismo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 396/2018, de 26 de julio, en la que sienta la doctrina de que cualquier tocamiento de carácter sexual sin consentimiento de la persona a la que va dirigido supone un abuso sexual.

Precisamente, al tener noticia de ella, estaba comentando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1.ª, 4/2018, de 13 de junio, que también alude al consentimiento en los abusos sexuales. Los casos son diferentes, pero en ambas sentencias se declaran conceptos importantes que me llevan a abrir el análisis a ambas sobre la figura del consentimiento, es decir, a la falta del mismo.

El Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, como ya comentamos anteriormente, tiene como finalidad ofrecer, desde los poderes públicos, una amplia respuesta jurídica y social a las víctimas, reparadora del daño en el proceso penal y minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición pueda generar, con independencia de su situación procesal.

El pasado 24 de mayo, el Tribunal Supremo hizo historia, adoptando de una forma global la perspectiva de género en la Sentencia 247/2018, de la Sala de lo Penal, en un supuesto de tentativa de asesinato y maltrato habitual de un hombre a su pareja.

1. Antecedentes

La perpetración de los delitos de maltrato familiar “en presencia de menores” ya se recogía en la redacción dada al art. 153 CP por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre (SP/LEG/2668), y fue mantenida (hasta hoy) por la más relevante reforma de este precepto llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (SP/LEG/2884).

La dispensa de la obligación de denunciar y declarar, regulada en los arts. 261 y 416 LECrim., tiene su fundamento en el conflicto de intereses que se crea en los parientes de las personas investigadas en un proceso penal entre su deber como ciudadanos de comunicar unos hechos delictivos y la lealtad y afecto hacia su familia. Con este sentido se redactaron ambos artículos y se han venido aplicando hasta la actualidad. Este tema ya lo tratamos anteriormente en el artículo «Algunas cuestiones acerca de la dispensa de la obligación de declarar de las víctimas de la violencia de género«.