Posts sobre:
El caso enjuiciado en la STS, Sala Segunda, de lo Penal, 701/2020, de 16 de diciembre (SP/SENT/1076863) es el ya conocido como “Caso Gabriel”.
Tras la declaración del estado de alarma el pasado 13 de marzo por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la situación en España es muy complicada para todas las personas. Estamos ante un escenario nuevo de confinamiento, sin poder salir más que para las necesidades más básicas (comprar víveres, ir a la farmacia o a centros sanitarios, acudir al trabajo, asistencia a personas vulnerables, desplazarse a entidades financieras o de seguros y causas de fuerza mayor), ni siquiera podemos acudir al médico con normalidad. El ambiente cuando sales a la calle a una de estas actividades es absolutamente distópico, especialmente para las personas que viven en grandes ciudades y están acostumbradas al ruido y la algarabía. Además, al encontrarte a otras personas en las mismas circunstancias, debes alejarte de ellas, cambiar de acera, hacer cola con una distancia de un metro en los establecimientos, lavarte en cuanto llegas a casa, no tocar tu cara. Hay un peligro fuera que no vemos, tampoco estamos seguros de que no esté ya dentro de casa, nos miramos con recelo. Muchas personas sufren miedo y ansiedad y no saben cómo gestionar esta situación. Por otro lado, con las redes sociales y distintos sistemas de chat, no paramos de recibir información sobre el coronavirus y el estado de alarma, y no sabemos qué cosas son verdad y cuáles no, estamos sometidos a la sobreinformación y esto genera nuevamente estrés y ansiedad.
Los pasados 17 y 18 de febrero se celebraron en Santa Cruz de La Palma las Jornadas de Derecho Penal, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y la Editorial Jurídica Sepín, donde se reunieron ponentes de máximo nivel en la materia.
La STS, Sala Segunda, de lo Penal, 650/2019, de 20 de diciembre (SP/SENT/1031065), de la que ha sido Ponente el Ilmo. Magistrado D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, parte de los siguientes hechos probados: el acusado tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de su expareja, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como comunicarse por cualquier medio en virtud de Sentencia dictada el 9 de junio de 2016, con cese previsto de las prohibiciones el 17 de enero de 2018. El acusado tuvo conocimiento de la prohibición y, pese a ello, el 31 de mayo de 2017, a las 12:28 horas, llamó por teléfono a su expareja.
El pasado 31 de octubre la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia en el caso de “la manada” de Manresa. Dado que el texto de esta se encuentra redactado en catalán, haré primero un resumen de los hechos y fundamentos de derecho.
El pasado 9 de septiembre, con motivo de la apertura del año judicial 2019-20, la Fiscalía General del Estado presentó su Memoria de 2019 elevada al Gobierno de S.M.
Apuntes personales previos
A través del departamento de consultas de SEPÍN hace unas semanas un suscriptor nos preguntaba diversas cuestiones relacionadas con un procedimiento por abusos sexuales supuestamente cometidos por un sacerdote respecto a un menor a quien impartía catequesis. La cabeza me trasladó a dos profesores conocidos por mí, de dos distintos colegios; uno ya condenado y el otro actualmente investigado por actos delictivos similares perpetrados en los centros en los que impartían enseñanza. En su momento no me podía creer las respectivas noticias que sucesivamente me llegaron. Me impactaron mucho. Ambos eran profesores que consideraba ejemplares y estuve convencido durante un tiempo de que esas noticias sólo podían obedecer a una terrible equivocación. Así pensábamos todos quienes les conocíamos. Pues no; las noticias resultaron ser reales, aunque sigo con los ojos como platos.
Tal como expresa la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, “Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.
El pasado 3 de abril, Ángel Hernández asistió al suicidio a su esposa, María José Carrasco, aquejada de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa terminal y con una muy escasa o nula calidad de vida, pues la morfina había dejado de hacerle efecto y los médicos estaban buscando otra medicación para paliar sus dolores.
El pasado 26 de febrero, una sentencia del Tribunal Supremo volvió a aplicar la circunstancia agravante de género, prevista en el artículo 22.4 del Código Penal e introducida en este apartado por Ley Orgánica 1/2015.
