El blog jurídico de Sepín

La cuestión que abordamos hoy es si, en el caso de una demanda desestimada íntegramente por alguno de los motivos opuestos, ¿está obligado el demandado a adherirse a la apelación del recurrente para que pueda el Tribunal pronunciarse sobre el resto de motivos que opuso?

La interpretación del artículo 85.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (SP/LEG/2922) es, desde luego, una cuestión procesal de sumo interés y que a lo largo de los años, y ante la falta de un criterio uniforme, nos ha generado numerosos quebraderos de cabeza a los abogados. La trascendencia de la decisión era máxima, pues nos arriesgábamos a perder en apelación un proceso por haber confiado en que era suficiente con oponernos a la apelación interpuesta por el recurrente, sin que fuera necesario, a su vez, que tuviéramos que adherirnos a la apelación (“impugnar la sentencia apelada” con la nueva terminología que -para unificar con la empleada en otras jurisdicciones- se ha introducido a la Ley 29/1998 con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (SP/LEG/41655).

Parecía que esta cuestión relativa a cómo deben acreditar las personas jurídicas su voluntad de interponer un recurso contencioso-administrativo era una cuestión ya resuelta a base de multitud de pronunciamientos de la Sala Tercera; sin embargo, comprobamos ahora que no todo podía considerarse ya una cuestión superada sino que todavía quedaban supuestos específicos que podían generar controversia y que han provocado una nueva sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la que fija doctrina jurisprudencial sobre las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación y que presentaban interés casacional.

La afirmación que sirve de rúbrica al presente post parece de auténtico perogrullo pero no lo será tanto cuando sorprendentemente ha sido necesario que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tenga que fijar doctrina al respecto, lo que a su vez implica, como podemos imaginar, que previamente un Tribunal (en este caso la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) había defendido justamente lo contrario.

La autorización judicial para la entrada en domicilios, constitucionalmente protegidos y declarados inviolables es una institución jurídica regulada y sobre la que existe una prolífica jurisprudencia emanada de los más altos Tribunales y que ha sido tratada con igual habitualidad por la doctrina científica; hace ya una década, analizábamos los requisitos de las entradas en domicilio es este mismo blog (Autorización judicial para entrada en domicilios: ¿y qué se entiende por domicilio?).

El BOE n.º 154, de 29 de junio de 2023 publicaba el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio -SP/LEG/40580- y (cuya rúbrica omitiré aquí dada su extensión y mezcolanza de su temática). Real Decreto-Ley que al menos en parte (y esto es una opinión muy personal) es de dudosa legitimidad si tenemos en cuenta que la Constitución Española restringe esta potestad normativa del Gobierno a los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Desgraciadamente, ya estamos acostumbrados a un uso abusivo del Real Decreto-ley por todos los Gobiernos, con independencia de su signo político, algo que muchos venimos denunciando desde varios años; a modo de ejemplo, en el Blog de Sepín ya publiqué hace ahora 11 años el post “Decreto-ley: ¿necesidad o abuso?"

No es nada extraño que en la tramitación de un proceso selectivo existan uno o varios aspirantes que soliciten el aplazamiento de la fecha de realización de alguna de la pruebas de las que se compone la fase de concurso ante la alegación de circunstancias sobrevenidas que les pudieran impedir su participación en las mismas. Ya exponíamos distintos casos en la obra “Los procesos de selección de personal en la Administración Pública” (Editorial Jurídica Sepín).

• Sobre la obligación de resolver

Por todos es conocido que las Administraciones Públicas tienen obligación de resolver expresamente todos los procedimientos, tanto los iniciados a instancia de parte como los que ellas mismas inicien de oficio. Así se lo impone el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -SP/LEG/18504- (LPACAP, en lo sucesivo): “La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”

Un nuevo Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al que hemos tenido acceso desde la Editorial Jurídica SEPÍN unifica criterios sobre algunas cuestiones conflictivas respecto al sistema de casación contencioso-administrativa que entró en vigor en julio del año 2016.

En este mismo foro que constituye el Blog de la Editorial Jurídica Sepín hemos tenido la oportunidad de analizar en ocasiones anteriores la responsabilidad patrimonial por error judicial (Post Junio de 2016) y por funcionamiento anormal de la Administración de Justica en los casos de prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre (Post Julio de 2019).