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Director de Sepín Administrativo. Abogado
En los últimos meses, y a raíz de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 2 de marzo de 2017, asunto C568/15 – SP/SENT/889749-), han vuelto a surgir titulares en multitud de medios de comunicación que resaltan la ilegalidad del uso de los 902 en los servicios de atención al cliente. Los siguientes son, entre muchos otros, ejemplos de ello:
Una de las ventajas del nuevo sistema de casación es que va a permitir que el alto Tribunal “forme jurisprudencia” sobre asuntos que, con el anterior modelo de este recurso, difícilmente podían acceder a un pronunciamiento de la Sala Tercera.
Son muchos los estudiantes que tras cursar sus estudios de Licenciatura en Derecho (ahora Grado), posteriormente y a lo largo de su vida profesional no realizan ninguna actuación a título profesional ante los Juzgados y Salas de Justicia; en su lugar, optan por alguna de las otras múltiples salidas que les permiten los amplios conocimientos jurídicos adquiridos en las facultades españolas y en los que pueden explotar mejor su cualificación profesional y su perfil técnico.
El jamón es uno de los productos alimentarios por excelencia en España y además es un motor de nuestra economía, como demuestra que, según datos publicados por la Oficina de Exportación de la Carne de España (OECE), en el año 2015 las exportaciones de jamones y paletas curados alcanzaron los 399 millones €, un +15,6% más que en el año anterior.
El pasado 2 de octubre de 2016 dijimos adiós a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sí, nos hemos despedido de la famosa LRJyPAC, tantas veces aplicada en nuestras relaciones con la Administración Pública. Y junto a ella, han sido derogados los Reglamentos que regulaban dos de los procedimientos administrativos “especiales” por antonomasia, los procedimientos sancionadores (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora) y los procedimientos para exigir la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial).
Es habitual, tras cada escrutinio electoral, que algunos partidos políticos critiquen duramente el sistema electoral que tenemos establecido en España para la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados.
La Constitución Española (SP/LEG/2314), después de recoger en el art. 106.2 el principio general de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, contempla de manera específica en el art. 121 la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.
A estas alturas todos los letrados somos conscientes de que se nos avecina un nuevo modelo de recurso de casación contencioso-administrativo, instaurado mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y que supondrá un giro de 180º respecto al actual sistema.
Origen de la cuestión
El 26 de mayo del año 2010, la Junta General Extraordinaria del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid aprobó la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Representación Gratuita y Turno de Oficio; dicho Acuerdo suponía que todos los Procuradores incorporados al I.C.P.M, salvo supuestos muy excepcionales, estarían adscritos al servicio de representación gratuita y venían obligados a las prestaciones profesionales correspondientes.
El art. 82 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (SP/LEG/6162) establecía, en su redacción original, lo siguiente:
