El blog jurídico de Sepín

El pasado 10 de julio el DOUE publicó la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por la que se establecen normas uniformes para promover la reparación de bienes adquiridos por los consumidores, tanto bajo la responsabilidad del vendedor como al margen de ella, Directiva que entrará en vigor el próximo 30 de julio de 2024 y que probablemente, en los próximos años, generará una importante litigiosidad, razón por la que hemos querido dedicar este post a enumerar sus aspectos más relevantes así como las novedades más significativas para los consumidores. Hay que tener en cuenta que los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 31 de julio de 2026.

El RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCYU) regula de forma general el derecho de desistimiento en los arts. 68 a 79, y también lo desarrolla específicamente en los arts. 102 a 108 para los contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.

El viernes 23 de febrero, tuve el privilegio de asistir como Presidenta de la Sección de Consumo del ICAM a un encuentro en el Congreso de los Diputados, entre las diversas organizaciones de la sociedad civil con la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, para abordar los beneficios que conllevaría la aprobación del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, a solicitud del Consejo de Consumidores y Usuarios.

La acción resolutoria se encuentra regulada en el art. 1124 CC, que establece la facultad de resolver las obligaciones “para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe”.

Sobre esta cuestión se pronuncia la interesante sentencia del TJUE de 26-10-2023 que comentamos, que tiene por objeto la interpretación de varios artículos (2, 4, 5 y 7) del Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

El pasado 23 y 24 de noviembre se celebró en Barcelona el V Congreso de Derecho de Consumo, organizado conjuntamente por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDC) al que tuve el privilegio de poder asistir.

El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de tiempo, de días de término y de expiración.

Dedicamos este espacio al contrato de transacción, que el Código Civil define en el art. 1809 CC señalando que “es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”.

Como establece la jurisprudencia consultada la transacción se refiere a todo convenio dispositivo por el que, y mediante recíprocas prestaciones y sacrificios, se eliminan pleitos pendientes o futuros así como la incertidumbre de las partes sobre una relación jurídica que, mediante pacto, pasa a revestir una configuración cierta y vinculante".

Es bien sabido que la prescripción y la caducidad son instituciones de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Recientemente el Tribunal Supremo, en su sentencia 419/2023, de 28 de marzo  se pronuncia sobre uno de los requisitos de la usucapión ordinaria, la buena fe, resolución que considero interesante ya que interpreta el art. 1950 CC y expone la vigente doctrina jurisprudencial imperante, lo que es de gran utilidad para la delimitación de este presupuesto.

Hoy nos hacemos eco de las recientes Conclusiones de la Abogada General del TJUE, Sra. Laila Medina, presentadas el pasado 9 de febrero de 2023, sobre si el fallecimiento repentino de un copiloto poco antes de la salida programada de un vuelo puede constituir una circunstancia extraordinaria, al amparo del Reglamento (CE) n.º 261/2004.