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Directora técnica de Sepín Penal y Violencia Doméstica y de Género
Este mismo mes, casi coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género en todas las fases del procedimiento elaborada por el grupo de personas expertas en la materia, dependientes de este organismo.
El art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la orden de protección para las víctimas de violencia de género, señala que el Juez de Instrucción dictará la misma en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito (o falta; hoy delito leve) contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el artículo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 396/2018, de 26 de julio, en la que sienta la doctrina de que cualquier tocamiento de carácter sexual sin consentimiento de la persona a la que va dirigido supone un abuso sexual.
Precisamente, al tener noticia de ella, estaba comentando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1.ª, 4/2018, de 13 de junio, que también alude al consentimiento en los abusos sexuales. Los casos son diferentes, pero en ambas sentencias se declaran conceptos importantes que me llevan a abrir el análisis a ambas sobre la figura del consentimiento, es decir, a la falta del mismo.
El Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, como ya comentamos anteriormente, tiene como finalidad ofrecer, desde los poderes públicos, una amplia respuesta jurídica y social a las víctimas, reparadora del daño en el proceso penal y minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición pueda generar, con independencia de su situación procesal.
El pasado 24 de mayo, el Tribunal Supremo hizo historia, adoptando de una forma global la perspectiva de género en la Sentencia 247/2018, de la Sala de lo Penal, en un supuesto de tentativa de asesinato y maltrato habitual de un hombre a su pareja.
La perpetración de los delitos de maltrato familiar “en presencia de menores” ya se recogía en la redacción dada al art. 153 CP por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre (SP/LEG/2668), y fue mantenida (hasta hoy) por la más relevante reforma de este precepto llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (SP/LEG/2884).
La dispensa de la obligación de denunciar y declarar, regulada en los arts. 261 y 416 LECrim., tiene su fundamento en el conflicto de intereses que se crea en los parientes de las personas investigadas en un proceso penal entre su deber como ciudadanos de comunicar unos hechos delictivos y la lealtad y afecto hacia su familia. Con este sentido se redactaron ambos artículos y se han venido aplicando hasta la actualidad. Este tema ya lo tratamos anteriormente en el artículo «Algunas cuestiones acerca de la dispensa de la obligación de declarar de las víctimas de la violencia de género«.
¿Qué llevabas puesto cuando te violaron? ¿Qué hiciste después de la violación? ¿Seguiste tu vida normal?
El pasado 28 de julio, en el marco del Love Festival Isla Bonita, en la isla de La Palma, tuvo lugar la Jornada “Retos para la Justicia en materia de igualdad”, con una ponencia a cargo del Excmo. Sr. D. Humberto Guadalupe Hernández, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Ilma. Sra. D.ª Gloria Poyatos Matas, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con el título “Sin Igualdad no hay Justicia”.