El blog jurídico de Sepín

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¿Se puede decretar la nulidad de actuaciones por falta de grabación del acto de la vista?

Alberto Sierra Villaécija

Director de Sepín Laboral y Seguridad Social. Abogado

El artículo 89.1 de la Ley de la Jurisdicción Social dispone que las sesiones del juicio oral deben registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, salvo que no se pudiesen utilizar dichos medios, en cuyo caso se extendería acta escrita por el Letrado de la Administración de Justicia. Dicho registro o acta son garantías imprescindibles de los derechos procesales de las partes.

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¿Cuál es el plazo de prescripción que vincula al empresario para exigir el cumplimiento de una sanción tras la imposición de la misma?

Alberto Sierra Villaécija

Director de Sepín Laboral y Seguridad Social. Abogado

Una primera corriente dentro de la doctrina judicial [STCT 19-1-1988] interpreta que no cabe diferir la ejecución material de la sanción más allá de los plazos de prescripción de las faltas que señala el art. 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, se aplicarían a la ejecución material de la sanción los mismos plazos de prescripción previstos para la prescripción de las faltas laborales: diez días para las faltas leves, veinte para las faltas graves y sesenta para las muy graves, y en todo caso a los seis meses desde que se hayan cometido.

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Modificaciones estructurales en el concurso de acreedores

Enrique Sanjuán y Muñoz

Magistrado Sección 6 ª AP de Málaga, sección especializada mercantil. Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga

Quedan planteadas diferentes visiones sobre el posible supuesto de adoptar modificaciones estructurales dentro del concurso de acreedores máss alláá del convenio o de la liquidación. En primer lugar, en la reforma provocada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre en el artículo 100 apartado tercero y, posteriormente hasta su fallecimiento, en el trabajo realizado por el profesor Beltrán, (“Las modificaciones estructurales y el concurso de acreedores”, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo 50, 2010, págs. 157-183). La postura adoptada por dicho autor era plantear dichos cambios solo en fase de convenio o mediante plan de liquidación, aunque fueran preparadas antes en la fase común, pero sin poder autorizarse mediante el artículo 43 LC sustituido hoy por los artículos 205 a 208 del TRLCon 1/2020.(SP/LEG/29544). Dichas operaciones se habían autorizado, pero en escasas ocasiones, en los juzgados de lo mercantil cuando resultaba beneficioso para la solvencia de la empresa. Esta gestión se fundamentaba en derecho preconcursal inexistente por la falta de coordinación de la normativa afectada. Pese a su autorización, los juzgados no tenían una respuesta uniforme respecto a lo que ocurriría con la empresa concursada.

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Obligaciones del trabajador y empresario en el uso de EPIS

Julia García Román

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de principios generales con el objetivo de promover la seguridad y la salud de todos los trabajadores a partir de la aplicación de medidas de protección. Dentro de estos principios generales destaca, entre otros, el artículo 17 que establece la obligación de los empresarios de proporcionar a los trabajadores los equipos de protección adecuados para el desarrollo de sus funciones. A continuación, abordaremos la importancia de los Epi y vestuario laboral, así como las obligaciones del trabajador y del empresario en el uso de estos.

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¿Es nulo el juicio en que el acusado comparece mediante videoconferencia en caso de delito grave y habiendo solicitado el mismo su presencia física ante el tribunal?

Escarlata Gutiérrez Mayo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Sección Territorial de Manzanares

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 652/2021, de 22 de julio (ponente Antonio del Moral) en un caso en que la Audiencia Provincial condenó al acusado por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud concurriendo el subtipo agravado de notoria importancia (art. 368 y 369.1.5 CP), a la pena de 7 años y 9 meses de prisión y multa.

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Proteger a las víctimas de trata: una obligación de todos

Natividad Plasencia Domínguez

Fiscal Delegada de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Sevilla. Miembro de la Asociación de Fiscales

Hablar de trata de seres humanos, supone referirnos a una forma de delincuencia altamente lucrativa que atenta contra los derechos más elementales del ser humano, convirtiendo a sus víctimas en simples mercancías que son objeto de transacción y ganancia. La pandemia que venimos sufriendo desde hace algo más de un año ha venido a agravar, aún más si cabe, su situación de invisibilidad y vulnerabilidad.

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Adaptarse o morir

Ana Íñiguez, Sara Vizcarrondo y Juan de Hipólito

Estudiantes de Derecho y ADE de la Universidad Carlos III

El 5 de septiembre de 2016, iniciamos una nueva etapa: la universidad. Por aquel entonces siempre imaginábamos nuestra primera experiencia jurídica laboral al estilo de la serie “Suits”. Con el paso de los años, este tópico se esfumó al ir aprendiendo que el verdadero Derecho en España nada tiene que ver con lo que vemos en las películas americanas. Lo que sí que no podíamos imaginar, al igual que nadie, es que en marzo de 2020 llegaría una pesadilla que no olvidaríamos nunca: el Covid-19, una pandemia mundial. Eso sí que era típico de una película de Netflix.

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Anteproyecto de Reforma de la normativa de insolvencia en adaptación de la Directiva de Reestructuración e Insolvencia de 2019

Enrique Sanjuán

Magistrado. Audiencia Provincial de Málaga, Sección 6ª, especializada en Mercantil

Fechado en 8 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia ha puesto en circulación, para su posterior consulta pública una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal  (SP/LEG/29544).

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Acuerdo de tramitación especial del concurso consecutivo sin masa

Paula Díaz Ronda

Redacción Jurídica de Sepín

La finalidad de este proyecto es otorgar una tramitación más ágil y rápida a determinados concursos consecutivos, que aunque tratándose de procesos en los que no hay bienes en la masa activa para liquidar, se tratan como si los hubiera de modo que estos concursos están tardando mucho más de lo que deberían en concluir.

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