El blog jurídico de Sepín

Concepción Morales Vállez

Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 700/2020, de fecha 22/07/2020, recaída en el RCUD nº 737/2018 [1], en cuya parte dispositiva se estiman los RCUD interpuestos frente a la Sentencia nº 1085/2017, de fecha 18/12/2017, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Recurso de Suplicación nº 927/2017[2], interpuesto frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de los de Madrid con fecha 26/07/2016, en los Autos nº 522/2015, seguidos a instancia del actor contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA en reclamación de jubilación, de modo que se casa y anula la Sentencia recurrida, y se resuelve el debate suscitado en Suplicación, desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto y se ordena la firmeza de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de los de Madrid, a la que ya hemos hecho referencia, en cuya parte dispositiva se declara el derecho del actor al cobro de una pensión de jubilación con arreglo a un porcentaje del 100% de la base reguladora de 2.535,94 €, y se condena a PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA al pago de la anterior prestación en lo que exceda de la parte reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sin perjuicio de su anticipo a cargo de éste con derecho de repetición, dentro de los límites del artículo 167 del RDLeg  8/2015 de 30 octubre[3].

Verónica Pedrón Pardo

Socia en Términos y Condiciones, responsable del área de publicidad y marketing de influencia y consultora en Legaltechies

El INE ya en 2018 recogía en sus estadísticas que cerca del 85% de la población española tenía acceso a internet desde el hogar y, en particular, casi el 70% de menores de 15 años disponían de un teléfono móvil. Desde entonces estas cifras no han hecho más que aumentar y con ello también los peligros asociados a este uso de Internet y de dispositivos conectados a él, sobretodo por parte de los menores.

Sandra Gamella Carballo

Directora de Sepín Nuevas Tecnologías

Una de las grandes consecuencias que va a tener la crisis originada por el coronavirus en España, es el gran impulso de las nuevas tecnologías como herramienta principal de trabajo. Juicios online o teletrabajo, eran prácticas muy poco implantadas, pero que han llegado para quedarse. Otro de estos ámbitos que van a crecer, es la contratación electrónica, muy implantada en comercios como el textil o el alimentario, y que se están empezando a utilizar en áreas como el alquiler o la abogacía, entre otros.

Víctor Soriano i Piqueras

Abogado y Profesor de Derecho Administrativo

*Fragmento extraído del libro «Homosexualidad y Derecho«, editado por Sepín en junio de 2020.

Jaime Font de Mora Rullán

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Torrent

PLANTEAMIENTO

Mariano del Pozo Gala

Abogado especializado en Derecho Penal

El Real Decreto 463/2020 (SP/LEG/28571) por el que se declaró el estado de alarma estableció, como es conocido, la suspensión de plazos procesales así como la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad en virtud de sus disposiciones adicionales segunda y cuarta. Dicha suspensión ha extendido su vigencia temporal hasta la derogación de ambas disposiciones adicionales efectuada por la Resolución del Congreso de los Diputados de fecha 20 de mayo de 2020 —BOE del día 23, número 145—, derogación que se produce “con efectos 4 de junio de 2020” de modo de que “se alzará la suspensión en esa misma fecha” —apartados noveno y undécimo del Acuerdo de Consejo de Ministros autorizado por dicha Resolución—.

Felio José Bauzá Martorell. Profesor titular de derecho administrativo (UIB)

Jaime Campaner Muñoz. Socio director de Campaner Law y profesor de derecho procesal y penal (UIB)

Pablo Toral Oropesa

Cátedra Unesco de Ciencia Política y Administrativa Comparada

El cambio climático es un fenómeno incuestionable, que se ha erigido en una amenaza global a la que urge darle respuesta. Es más, muchos sostienen que el término “cambio climático” va camino de quedarse en un eufemismo y resulta más adecuado hablar ya de “emergencia climática”, en consonancia con el  Parlamento Europeo en su declaración de  28/11/2019 o el propio Gobierno de España con la declaración del Consejo de Ministros de 21/01/2020. El científico, Kalmus, se refiere a “colapso climático”  para expresar la urgencia de la situación. Los procesos de transición energética y de descarbonización de la economía parecen, por tanto, que no debieran demorarse más.

Sandra Gamella Carballo

Directora de Sepín Nuevas Tecnologías

El pasado 29 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, donde conocíamos las medidas a adoptar para paliar las consecuencias generadas por la crisis del coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia.