El blog jurídico de Sepín

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¿Es válido el contrato para obra o servicio determinado en el ámbito de la enseñanza?

Concepción Morales Vállez

Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 274/2021, de fecha 05/03/2021, recaída en el Recurso nº 94/2019[1], en cuya parte dispositiva se estima parcialmente el Recurso de Casación interpuesto por la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS, y se casa parcialmente la Sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional nº 16/2019, de fecha 11/02/2019, en los Autos nº 299/2018, de impugnación de Convenio Colectivo[2], y, en consecuencia, se declara la nulidad del artículo 17 del X Convenio Colectivo Nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado a subvencionado (BOE nº 167/2018, de 11 de julio) en cuanto a la mención que en él se hace de impartir asignaturas “no contempladas en los nuevos Planes”, “impartir actividades extraescolares” y “vigilancia de ruta escolar y/o comedor”, con desestimación de la demanda en el resto de sus pretensiones, tal y como se contiene en la sentencia que se recurre.

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Cómo afecta la adaptación tecnológica a la Directiva de Servicios de Pago de la UE

Área de contenidos TECH Universidad

En los últimos años, los servicios de pago han experimentado una transformación sin precedentes. La evolución tecnológica ha provocado cambios sustanciales en este tipo de transacciones, demandando una actualización a nivel legislativo en este ámbito. En este contexto, se ha elaborado la PSD2, una normativa europea que ha venido alargando sus plazos de entrada en vigor por el desajuste de las diferentes entidades a nivel tecnológico.

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El principio de reciprocidad en el procedimiento extradicional y su vertiente en la protección de los nacionales

Luis Chabaneix

Abogado experto en extradiciones. Socio Director de Chabaneix Abogados Penalistas.

El principio de reciprocidad

            Concepto de reciprocidad en el ámbito extradicional      

            Desde los albores de las Relaciones Internacionales, la reciprocidad política es una manifestación de soberanía realizada por el Gobierno en el marco de su Política Exterior, presidida por los principios de seguridad jurídica, oportunidad e interés nacional, por la que un país actuará de una manera determinada con la expectativa de ser retribuido con un comportamiento equivalente por los demás Estados. En el procedimiento extradicional español, se corresponde con la llamada fase gubernativa del expediente.

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Obligación del registro retributivo para la igualdad de trato: fecha límite 14 de abril 2021

José Fco. Santiago Hidalgo

Redacción Jurídica Sepín Laboral y Seguridad Social

Con motivo de la publicación del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, se han reforzado los mecanismos para garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, ya recogidos a través de la  LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en particular mediante la eliminación de toda discriminación, directa e indirecta en el caso de las mujeres, en materia retributiva, dando un plazo considerable a las empresas para adaptarse a las condiciones establecidas.

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El régimen jurídico de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas transexuales propuesto en el borrador de la “Ley trans”

Pablo Mora Díez

Fiscal. Coordinador del servicio del Registro civil de la Fiscalía Provincial de Huelva. Miembro de la Asociación de Fiscales

I. Introducción

Conviene precisar, para enfocar correctamente el tema que vamos a analizar, que todo estudio de una materia tan sensible como esta, deberá hacerse desde una perspectiva de protección de los derechos fundamentales y, por tanto, teniendo muy presente las Declaraciones, Tratados y Convenios que los proclaman, así como la jurisprudencia emanada del TEDH y de nuestro TC. Al fin y al cabo, el respeto a los derechos fundamentales es pilar esencial en la construcción del estado de derecho y de nuestra democracia. Especial atención voy a prestar a la jurisprudencia emanada del TEDH, que tiene sentencias recientes de interés sobre este tema.

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¿Cuándo es posible notificar en el tablón de anuncios sin vulnerar la normativa de protección de datos?

Sandra Gamella Carballo

Directora de Sepín Nuevas Tecnologías

Hace unos días vimos una noticia acerca de una sanción impuesta a una Comunidad de Propietarios con 15.000,-€, por infracción del artículo 5.1.f) del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679(RGPD), tipificada en el artículo 83.5 del mismo texto legal, al publicar el acta de la última junta en los ascensores del edificio, donde se podía identificar con nombre, apellidos, pisos y puerta a los asistentes a la misma y/o representantes y a los vecinos implicados en los temas tratados en la reunión (PS/00378/2019).

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Los abogados colaborativos de familia

Mª Gabriela Domingo Corpas

Presidenta de ACF

Colaboración

Se ha escrito mucho últimamente sobre las nuevas vías de resolución extrajudicial de conflictos, sobre las ADR “Alternative Dispute Resolution”, y se ha puesto de manifiesto durante estos meses duros de confinamiento y pandemia, la necesidad de llevar a la práctica esas fórmulas que permitan rebajar la carga de los tribunales, cada vez más saturados, y que tienen más difícil dar soluciones rápidas, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos.

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Juntas telemáticas para la nueva normalidad tras el COVID-19

Paula Díaz Ronda

Redacción Jurídica de Sepín

La nueva situación mundial tras la pandemia por la COVID-19 ha obligado a la sociedad a modificar numerosas prácticas desde las situaciones más cotidianas a las que se refieren al ocio, reunión o ámbito laboral. Como el ámbito de reunión debe ser más reducido y de una forma más responsable la legislación de todos los países se va adaptando y modificando entorno a esta nueva normalidad, entre ellos España.

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¿Puede la empresa verificar la salud de sus trabajadores para controlar el absentismo?

Concepción Morales Vállez

Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 209/2021, de fecha 16/02/2021, recaída en el RC nº 106/2019[1], en cuya parte dispositiva se desestiman los RC interpuestos por el Sindicato Independiente de TCP y por el Comité de empresa de vuelo de IBERIA LÍNEAS AÉREAS, S.A., OPERADORA UNIPERSONAL, frente a la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional nº 20/2019, de fecha 03/02/2019, recaída en los Autos nº 333/2018[2], en cuya parte dispositiva se desestima la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el COMITE DE EMPRESA DE VUELO DE IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., OPERADORA UNIPERSONAL, a la que se adhirieron la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS-SECTOR AÉREO (CCOO), la CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE TCP, el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS DE LÍNEAS AÉREAS (SITCPLA), y la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-SECTOR AÉREO (UGT).

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Aproximación a los estándares internacionales ante la futura reforma de los delitos de expresión

Silvia Muñoz Mesa

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén. Miembro de la Asociación de Fiscales

I. Introducción: el caso Hasel como detonante de la reforma

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por la representación procesal del rapero conocido como Pablo Hasel, y la posterior resolución de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —la misma que le condenó en Sentencia 3/2018, de 2 de marzo (SP/SENT/943434)—  que ordenaba su ingreso en prisión para dar cumplimiento a la pena de 9 meses y 1 día de privación de libertad que le fue impuesta por delito de enaltecimiento del terrorismo, ha reabierto el sempiterno debate sobre los límites de la libertad de expresión.

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