El blog jurídico de Sepín

José F. Santiago Hidalgo

Redacción Jurídica Sepín Laboral y Seguridad Social

Sandra Gamella Carballo

Directora de Sepín Nuevas Tecnologías

El pasado 12 de noviembre el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, cuyo principal objetivo es complementar el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS).

Mónica Varela Louro

Directora de Marketing de Sepín

Mi nombre es Mónica. Soy la directora de Marketing de Sepín y hoy, por primera vez en este blog jurídico, no vengo a hablar de temas legales, normativas ni Reales Decretos. Hoy vengo a hablar de Humanidad. Todos somos conscientes de la terrible época que estamos viviendo para muchísimas familias españolas. Más allá de la implacable enfermedad, miles de familias se han quedado sin trabajo, sin medios para subsistir. Familias que jamás pensaron encontrarse en esta situación, hoy se ven obligadas a pedir ayuda a familiares, amigos, parroquias y bancos de alimentos.

Si las criptomonedas son un activo relativamente poco utilizado en nuestro entorno, cabe suponer que su tributación sea aún más desconocida entre la ciudadanía. Pero para aquellos que estén pensando en invertir en este activo deberán saber que hay determinados supuestos en los que la inversión en criptomonedas tiene que cumplir sus obligaciones con la Hacienda Pública, que poco antes de la pasada campaña de la renta ya envió decenas de miles de mensajes a los contribuyentes para recordarles la obligación de incluir este activo en su declaración.

Una negligencia médica se produce cuando el personal sanitario de un hospital o una clínica, tanto pública como privada, no actúa con la diligencia exigida por las prácticas que rigen su profesión, es decir, por la lex artis, el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar al enfermo en el momento de que se trata, causando en la mayoría de ocasiones un daño físico y moral al paciente. El diagnóstico erróneo, el retraso en el diagnóstico, los retrasos en listas de espera, la falta de consentimiento informado, los errores en tratamientos o intervenciones quirúrgicas, las infecciones contraídas en el hospital y la falta de seguimiento del paciente son las negligencias médicas más frecuentes que sufren los pacientes.

Pablo Juanico

Jurista, asesor jurídico y cofundador de A definitivas

La tecnología ya forma parte de nuestro día a día: para lo bueno y para lo malo. Su función principal, aquella para la que ha sido creada (pecando de buen pensar), es la de mejorar la calidad de vida de las personas. No obstante, la realidad ha demostrado que otras de las funciones que ha traído consigo es el auge en la comisión de delitos, así como el perfeccionamiento de su modus operandi. Esta vertiente funcional da pie a lo que la doctrina viene calificando como delincuencia informática o ciberdelincuencia.

Alberto Torres López

Abogado. Director Jurídico de Sepín. Presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM

Iniciadas las hostilidades entre arrendadores y arrendatarios de locales negocio, una vez ha sido imposible alcanzar el siempre recomendable acuerdo, se están empezando a suceder demandas, que en el caso de los arrendadores son por lo general de desahucio por falta de pago y en el caso de los arrendatarios, de juicio declarativo ordinario en las que se solicita la revisión de la renta arrendaticia en aplicación de la consabida Cláusula rebus sic stantibus. Estas segundas demandas vienen precedidas, o son coetáneas, a la solicitud de Medidas cautelares de diversa naturaleza.

La Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia reciente que el pago continuado de parte de las retribuciones del trabajador fuera de nómina, escapando a la cotización a la Seguridad Social, constituye un grave incumplimiento de las obligaciones empresariales que perjudica tanto al trabajador como al erario público.  Esto, según la sentencia, justifica la extinción indemnizada del contrato, a petición del trabajador, prevista en el artículo 50.1.c del Estatuto de los Trabajadores y su derecho a percibir una indemnización de carácter improcedente (33 días por año trabajado).