El blog jurídico de Sepín

La violencia, cuya etimología proviene de la raíz latina vis —fuerza—, supone el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupo para conseguir un fin determinado.

Recién asumido el puesto por la nueva Fiscal Especial de Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, se plantea el difícil asunto de si derogar o no la dispensa del deber de declarar de las víctimas contra sus cónyuges, parejas o exparejas.

La custodia compartida nos resultaba un concepto novedoso hace poco tiempo, pero está contemplado ya en la legislación estatal y en la autonómica, en algunos casos de manera preferente a la custodia individual. La guarda y custodia compartida se puede definir, en palabras de la SAP Barcelona , Sección 18.ª, de 20 de febrero de 2007 (SP/SENT/103015), como «aquella modalidad de ejercicio de la responsabilidad parental, tras la crisis de la relación de pareja, en la que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos, con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir en el futuro«. Sin olvidar, tal como dice el Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, de 11 de marzo de 2010 (SP/SENT/499731): «(…) la guarda compartida no consiste en «un premio o un castigo» al progenitor que mejor se haya comportado durante la crisis matrimonial, sino en una decisión, ciertamente compleja, en la que se deben tener en cuenta los criterios abiertos ya señalados que determinan lo que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el interés del menor (…)«.

En la nueva Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima (SP/LEG/17500), que entrará en vigor el 28 de octubre de 2015, los poderes públicos dan una respuesta integral y efectiva a las víctimas de delitos. Se amplía la esfera indemnizatoria y reparatoria y se tiene en cuenta ya el aspecto moral, reconociendo la dignidad de las víctimas.

Y tú, ¿eres celoso? Esa pregunta sin importancia nos la hacemos continuamente y la contestamos como si tal cosa. Pero, ¿qué son los celos? ¿De qué forma se manifiestan en una relación de pareja? ¿Cómo afectan a la otra persona? Y a lo que quiero referirme especialmente: ¿son los celos una forma de maltrato?, ¿constituyen los celos una circunstancia atenuante similar al arrebato, obcecación y estado pasional, o quizás a la anomalía psíquica?

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cumple ahora 10 años.

Me imagino a una niña de 10 años que, desde que nació, se esperaba mucho de ella, como esos bebés que nacen para solucionar los problemas de una familia: unos padres mal avenidos, una tragedia previa. Tan pequeña, aún sin saber qué hacer en este mundo, deseando jugar y crecer, pero con unas expectativas tan altas.

En la apertura del año judicial que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre de 2014, el Fiscal General del Estado presentó la Memoria anual correspondiente a la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal durante 2013. En el apartado 1 de su Capítulo III (SP/DOCT/18623), la Memoria distingue en bloques separados por un lado la violencia sobre la mujer, y por otro, la violencia doméstica.

A.- Dentro del apartado, mas extenso, de violencia sobre la mujer, comienza refiriéndose a los fallecimientos de mujeres durante 2013 por violencia de género. Refleja que murieron 55 mujeres -40 españolas y 15 extranjeras

Estos días hemos leído en las noticias jurídicas una reseña que se refería a la retirada de la atenuante de reparación del daño que se había aplicado a un joven que había matado a su novia y la había trasladado al hospital. Alguno de los titulares de esa noticia ofrecía una lectura confusa e incluso tendenciosa en relación con los hechos acaecidos, pues parecían evidenciar una pretendida injusticia de nuestros Tribunales que habían rechazado aplicar aquella atenuante a aquella persona, pese a haber llevado a la víctima al centro sanitario. En mi opinión, tras leer la sentencia con detenimiento, nada más alejado de la realidad.

Aquellas informaciones dan cuenta de la Sentencia 664/2014, de 7 de octubre, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Ponente: D. Luciano Várela Castro), que, en efecto, casaba la Sentencia de fecha 2 de diciembre de 2013, dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

A la vista de la polémica Sentencia de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de  Jaén de 11 de marzo de 2014, he querido analizar la aplicación de la eximente del estado de necesidad en relación con el delito de quebrantamiento de condena.

En dicha resolución, y tal como se expone en los antecedentes de hecho: “el acusado se encontraba sujeto a la pena de prohibición de aproximación y comunicación respecto de su pareja así como de su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro lugar frecuentado por la misma y prohibición de comunicación con ella por cualquier medio en virtud de sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.° 2 de Jaén de fecha 20 de octubre de 2006 por un delito de violencia doméstica y de género y un delito de lesiones, pena que comenzaba a cumplir el día 26 de julio de 2006 y terminaba el día 20 de noviembre de 2014.

A pesar de ello, el acusado con perfecto conocimiento de que incumplía dicha resolución judicial, desde el mes de octubre de 2011 hasta al menos el 21 de mayo de 2012 estuvo conviviendo con su pareja en el domicilio”.

En la fundamentación jurídica de la sentencia, se justifica la aplicación de la eximente de estado de necesidad, dado que el acusado tenía 78 años, se encontraba deteriorado física y psíquicamente y no tenía dónde ir, teniéndose en cuenta también el consentimiento de la esposa para apreciar un estado de necesidad “subjetivo” y eximir al acusado del delito de quebrantamiento de condena de prohibición de acercamiento. 

Aspectos generales

El art. 42 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dice así:

“1. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género.

2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior”.