El blog jurídico de Sepín

El mundo de las aplicaciones (también conocidas como “apps”) para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos está en constante crecimiento, ofreciendo posibilidades muy útiles y prácticas a los usuarios, a veces sorprendentes para aquellos a los que nos cuesta movernos en este terreno de las llamadas “nuevas tecnologías”. Y no solo ya en materia de ocio, sino también en aspectos relativos a nuestro trabajo y a nuestra vida cotidiana. Una de esas aplicaciones, a la que brevemente nos vamos a referir hoy, es la aplicación “UberPop”.

La “crisis” que nos viene asolando estos años, como en cualquier situación de dificultad, ha inyectado una importante dosis de imaginación en todos los ciudadanos para tratar de sortearla, buscando reducir gastos aquí y allá para lograr llegar a fin de mes. Por ejemplo, adoptando medidas como dejar el coche en casa y utilizar el transporte público. E, incluso, dentro de la variedad de transporte público con que contamos en las grandes ciudades (autobuses, metro, taxi), usar el que resulte más económico. En ese planteamiento nace la idea del “ridesharing” y de la aplicación que lo desarrolla “UberPop”

Últimamente, es noticia diaria la caída de alguna rama o de un árbol que provoca daños en vehículos, mobiliario urbano, viviendas, etc…, y por desgracia, hasta el fallecimiento de viandantes.

Como la materia de este post es la responsabilidad civil, me circunscribo al ámbito particular apuntando que los desprendimientos en vías o parques públicos son un claro ejemplo de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, consecuencia de la falta de mantenimiento adecuado del arbolado (Sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona de 28 de abril y 28 de febrero de 2014), por “ahorro” de alguna partida para superar la “crisis”. La reacción de las mismas ha sido tomar medidas drásticas, con la tala o poda masiva, buscando evitar mas perjuicios ¿para los ciudadanos o para la Administración que deberá asumir su responsabilidad?.

Ambas, tanto la civil, como la patrimonial, comparten sus «raíces«, pero, el árbol caído objeto de este análisis

En el año 2010, SEPIN trató un tema de sobra conocido para todos los profesionales que estamos inmersos en el ámbito de la responsabilidad civil y seguro como es la delimitación de los hechos de la circulación.

Ya entonces indicamos que eran tres las circunstancias que hay que valorar para la aplicación del art. 3 del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero): 1. el tipo de vehículo con el que se produce el siniestro o los daños; 2. el lugar donde se produce el hecho, y 3. el tipo de acción o comportamiento. El análisis de estos tres factores determinará si nos encontramos o no ante un hecho de la circulación.

Pues bien, el tema se vuelve a plantear a raíz de la reciente STJUE, Sala Tercera, de 4 de septiembre de 2014 (SP/SENT/775295).

Estos días estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación de las vicisitudes de un procedimiento judicial que tiene como protagonista a un destacado miembro de la clase política por un altercado de tráfico ocurrido en Madrid el pasado mes de abril. El Juzgado de Instrucción consideró que los hechos eran constitutivos de falta, pero recurrida esta decisión por la acusación popular, la Audiencia Provincial de Madrid, en Auto de fecha 5 de septiembre de 2014 (SP/AUTRJ/776340) apreció de forma parcial ese recurso, al estimar que a priori los hechos, sin ser un delito de resistencia del art. 556 CP, provisionalmente sí podrían constituir un delito de desobediencia del mismo precepto penal y en consecuencia ordena al Juzgado de Instrucción que continúe la causa por los trámites de las diligencias previas del procedimiento abreviado.

El pasado 4 de septiembre la Sala Novena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece mediante una sentencia el concepto de “hora de llegada” a efectos de determinar cuando es procedente una compensación por el retraso en vuelo. Parece que al Tribunal le ha gustado dicha fecha, porque ese mismo día, la Sala Tercera dictó otra resolución sobre el concepto de “circulación de vehículos” en relación a un accidente en una era, con un tractor que se utilizaba para fines agrícolas, que también va a dar mucho que comentar en el sector del automóvil. Pero el objetivo de este post es el análisis de la primera resolución que ha tenido eco en la prensa sin profundizar en su contenido.

Inauguré hace ya casi dos años el apartado de responsabilidad civil y seguros del Blog Jurídico de Sepin con un post sobre los Accidentes en piscinas comunitarias en el que ya advertía la necesidad de cumplir con la normativa administrativa como forma de evitar la atribución de algún tipo de acción u omisión que pudiera generar una responsabilidad civil de los titulares de las mismas.

Retomo a dicho asunto porque en el año 2013 se ha aprobado el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, que actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la normativa de piscinas en el ámbito nacional, quedando derogada la Orden de 12 de julio de 1961 por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la Orden de 31 de mayo de 1960, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo.

Por su fecha de emisión, posiblemente dicha norma haya pasado desapercibida para muchas Comunidades de Propietarios a las que afecta.

Nos hacemos eco de la campaña «STOP DISTRACCIONES» impulsada por RACE, Castrol y BP en la cual se pretende poner fin a las distracciones al volante, algo que, desgraciada y habitualmente, se ha generalizado. Como pone de manifiesto el RACE las cinco distracciones más presentes en la conducción son:

El 18 de marzo de este año, la Sala Primera, de lo Civil, dicta la sentencia 147/2014, que destacamos en el presente post. Los hechos que dieron lugar al procedimiento derivan la muerte de un bombero como consecuencia de las heridas sufridas con ocasión de su intervención en las labores de extinción de un incendio producido en Villarrobledo. La esposa y dos hijos del fallecido, en ejercicio de la acción de responsabilidad civil extracontractual de los arts. 1902 y siguientes del Código Civil, reclamaron al propietario de la vivienda incendiada, los daños sufridos en las cantidades de 116.369,65 euros para la primera, y 48.485,13 euros y 96.970,26 euros para los segundos, en total una cantidad superior a los 250.000 Euros. La demanda fue estimada en la 1ª Instancia y desestimada en apelación.

El interés de esta sentencia es que trata la responsabilidad extracontractual objetiva que atribuye a todo propietario la presunción de culpa de un incendio si tiene su origen en su ámbito de actuación.

Volvemos a presentar la recopilación de las Sentencias del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Civil y Seguros, pero esta vez del año 2013, estando ya tratadas los años anteriores en el post de Enero de 2013. Jurisprudencia fundamental tanto para el abogado como para los diversos operadores judiciales, ya que se han dictado tras la celebración de Plenos Jurisdiccionales que abordan cuestiones de especial importancia respecto de las que se establece una doctrina autorizada.

Así, en el tema de Seguros el Pleno de la Sala Primera de lo Civil,

La Ley 6/2014, de 7 de abril (SP/LEG/14278), ha venido a introducir una serie de reformas en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (SP/LEG/2577) -que entrarán en vigor el próximo 9 de mayo-, de las que ya hemos venido dando cuenta en este blog desde el inicio de su tramitación parlamentaria.