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El Tribunal Constitucional ha dado un espaldarazo al arbitraje español, y por extensión al resto de procedimientos de resolución de conflictos extrajudiciales.
Tres meses después de la declaración de pandemia mundial de la OMS, parece evidente que todos los sectores de actividad van a verse afectados y necesitarán tomar medidas para adaptarse a la “nueva normalidad”, y eso incluye, por supuesto, a todas las ADRs (Alternative Dispute Resolution), aunque en esta ocasión haremos referencia al arbitraje, empezando por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), por ejemplo, que ha pospuesto las sesiones de los Grupos de Trabajo, debido a la crisis del coronavirus.
La necesidad de aunar la pluralidad de textos y modificaciones que acentuaban el abigarramiento de la materia concursal ha motivado que el pasado 7 de mayo se publicara el nuevo texto refundido de la Ley Concursal (REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal- SP/LEG/29544-, posteriormente RDLC).
Las consecuencias que la declaración de estado de alarma el pasado 14 de marzo tiene, y puede seguir teniendo en la prestación del servicio público de Justicia, y en el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, que es clave en el estado de Derecho, está haciendo temblar a todos los operadores jurídicos por el previsible colapso del sistema tal como lo conocemos, por esa razón CGPJ ha elaborado, un plan de choque que minimice el impacto que en dicho servicio de Justicia, mientras que Abogacía, Procuradores, y Letrados de la Administración de Justicia han preparado diferentes propuestas
La declaración del Estado de Alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 mediante RD 463/2020, de 14 de marzo está poniendo a prueba a toda la ciudadanía dejándola en sus casas sin posibilidad de salir a la calle, salvo en las excepciones que marca en su artículo 7.
El juez es quien tiene capacidad de decidir qué casos pueden ser derivados a mediación, al realizar una valoración inicial, conectando la mediación al proceso y favoreciendo la confianza al ser una recomendación del mismo.
Hace 22 años, un 21 de enero de 1998, y tras la experiencia probada de casi 40 años en el continente americano, fue aprobada una Recomendación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa cuyo objetivo pretendía disminuir la confrontación, la ira, la frustración y tristeza que generan determinados conflictos que no terminaban de obtener una respuesta satisfactoria por las vías judiciales tradicionales.
La patria potestad viene configurada como una responsabilidad de los progenitores que se ejercerá siempre en el interés de los hijos y como tal, deben velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. También deberán oírlos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten, y siempre que tuvieran la suficiente madurez en virtud del art. 154 del CC (SP/LEG/2311), extendiéndose hasta la mayoría de edad, y pudiéndose prorrogar en caso de incapacidad (art. 171 CC).
