El blog jurídico de Sepín

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se establecen las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y el posterior Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se rebajan las tasas judiciales, también en el procedimiento laboral, de un 0,50% a un 0,10% de la cuota variable, es necesario hacer una serie de precisiones puntuales en el orden social por el alcance que  supone al ámbito de los trabajadores.

El pasado miércoles fue publicada en el BOE , número 86, de 10 de abril de 2013, una Sentencia del Peno del Tribunal Constitucional, de 14 de marzo de 2013,  que declara nulo el sistema de determinación de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a las prestaciones contributivas de la Seguridad Social en el caso de los trabajadores a tiempo parcial.

En relación con la conducta del trabajador que tipifica el artículo 54.2.f) del Estatuto de los Trabajadores, se exige para calificarla de incumplimiento contractual grave y culpable, que la embriaguez sea habitual y además que repercuta negativamente en el trabajo, y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, plasmada en su Sentencia de 29 de mayo de 1986 y reiterada en las que la siguen, considera necesario que se trate de conductas graves y culpables, por ser este común denominador a todas las causas extintivas del contrato de trabajo establecida en el artículo 54 del citado Estatuto, debiendo dar lugar a una falta menor, entidad corregible con sanción de menor entidad que la máxima de despido que por ser la más grave se ha de aplicar, para aquellas conductas que por su gravedad y trascendencia no sea posible repararlas con sanción más liviana.

En reciente providencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 29 de enero, se cuestiona la posible inconstitucionalidad de la medida adoptada respecto a los funcionarios, personal laboral de la Administración, con motivo de los recortes que se están sucediendo para garantizar la estabilidad presupuestaria.

De hecho, se plantean dudas acerca del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar dicha estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Respecto de la calificación del despido colectivo se prevén tres posibilidades:

 – Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.

 – La sentencia declarará no ajustada a Derecho la decisión extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva.

 – La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. En este supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 123 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

El Tribunal Supremo ha avalado, en su sentencia de 18 de octubre de 2012 (recurso 4325/2011), que los beneficiarios de prestaciones por desempleo puedan viajar al extranjero hasta 90 días sin perder el derecho a cobrar el paro, aunque el pago quedará suspendido hasta su regreso al país.

Partiendo de que en España no es legal recurrir a un vientre de alquiler, conforme disponen los arts. 6.3 y 6.4 del Código Civil en relación con los arts. 10.1 y 10.2 de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, consolidada por Ley 14/2006, de 26 de mayo, actualmente en vigor, tampoco cabría el reconocimiento a la “madre” del permiso de maternidad, ni del derecho a la prestación correspondiente, por lo que resulta una novedad importante el reconocimiento de tales derechos por resolución del TSJ de Asturias, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 2320/2012, de 20 de septiembre (SP/SENT/690819).

La sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de 10 de septiembre de 2012 consagra la prioridad del convenio de empresa frente al del sector en determinadas materias, conforme establece el art. 84.2 del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral llevada a cabo en febrero por el Real Decreto-Ley 3/2012.

Si algunas de las Reformas y ajustes del Gobierno están llegando a atentar o a rozar la inconstitucionalidad en algunos aspectos, tampoco la prestación de asistencia sanitaria por la Sanidad Pública podía quedar fuera y no verse salpicada, hasta el punto de comportar la negación del derecho al respeto universal y efectivo de la dignidad inherente a todos los seres humanos.

 Los principales instrumentos legales y normas internacionales que abordan temas de salud reconocen el derecho a

Para inaugurar este Blog de Derecho laboral, hemos querido partir de la polémica creada en los supuestos de despidos colectivos progresivos o en cadena.

El último párrafo del art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores considera como extinciones de contratos realizadas en fraude de ley aquellas que se lleven a cabo en períodos sucesivos de 90 días y que adopten la forma de despido objetivo, sin que concurran causas nuevas que lo justifiquen y superen el umbral cuantitativo del despido colectivo.

Es el concepto de “períodos sucesivos de 90 días” el que motiva diferencias entre los Tribunales en orden a la cantidad de días que conforman esos períodos, la forma de computarlos y el momento a partir del cual deberá iniciarse dicho cómputo.

 A estos efectos, se plantea si los despidos a tener en cuenta no son exclusivamente los producidos con anterioridad al concreto que se enjuicia, sino todos los producidos en el período único de 90 días, sean anteriores, coetáneos o posteriores al despido.