El blog jurídico de Sepín

Nadie podía prever desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, y su finalización en junio, que la pandemia continuaría estos últimos meses del año con una segunda ola y persistentes efectos negativos en muchos ámbitos, dando lugar a una nueva declaración de estado de alarma.  Esto se traduce en el campo de los arrendamientos urbanos en la falta de pago de la renta por parte del arrendatario y la falta de ingresos para el arrendador, y debido a ello asistimos, los profesionales dedicados a este tema, a una continua aprobación de normativas para modificar o ampliar las medidas excepcionales en el alquiler de vivienda contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.

NOTA: La ORDEN TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, amplía el plazo para solicitar los préstamos hasta el 31 de mayo de 2021 y su formalización hasta el 30 de junio de 2021.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

Desde la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, y la aprobación de numerosas normativas en el ámbito de los arrendamientos urbanos, han transcurrido ya varios meses. Las opciones o medidas que el Gobierno aprobó entonces van finalizando, aún cuando sus plazos han sido modificados en varias ocasiones respecto a los arrendamientos de vivienda, así la suspensión del juicio de desahucio, la prórroga extraordinaria de seis meses, y la solicitud de moratoria en caso de arrendador gran tenedor.

Alberto Torres López

Abogado. Director Jurídico de Sepín. Presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM

Iniciadas las hostilidades entre arrendadores y arrendatarios de locales negocio, una vez ha sido imposible alcanzar el siempre recomendable acuerdo, se están empezando a suceder demandas, que en el caso de los arrendadores son por lo general de desahucio por falta de pago y en el caso de los arrendatarios, de juicio declarativo ordinario en las que se solicita la revisión de la renta arrendaticia en aplicación de la consabida Cláusula rebus sic stantibus. Estas segundas demandas vienen precedidas, o son coetáneas, a la solicitud de Medidas cautelares de diversa naturaleza.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos

*NOTA: En fecha posterior ha habido una nueva prórroga de los contratos y moratoria de las rentas de alquiler de vivienda, realizada por el RDL 2/2021, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Más información pulsando aquí.

No hay duda de que la crisis sanitaria originada por COVID-19 ha tambaleado los alquileres de vivienda y local de negocio, afectando, por una parte, al arrendatario que se encuentra en situación de vulnerabilidad social y sobrevenida y que no puede afrontar el pago de la renta, y por otra, al arrendador, por la falta de ingresos necesarios para el mantenimiento de su economía. Se han dictado varias normativas para paliar esta situación, Real Decreto-Ley 11/2020 y 15/2020, cuyas medidas de flexibilización han sido modificadas en varias ocasiones por otros Reales Decretos-leyes posteriores 16/2020 y 26/2020.  Sin embargo, actualmente la persistencia de los efectos negativos en el alquiler de vivienda exige mantener las medidas excepcionales, que se establecen en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, con entrada en vigor el 30 de septiembre.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

Desde el mes de marzo de 2020, con la declaración del Estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria originada por COVID-19 asistimos a la aprobación de numerosas medidas de flexibilización en los alquileres, fundamentalmente sus dos preceptos principales, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, para los arrendamientos de vivienda habitual y el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, para los locales de negocio e industria, además de numerosas Ordenes y Resoluciones, que dan como resultado siete disposiciones estatales y más de cuarenta autonómicas que parten de la Orden 336/2020, de 9 de abril, sobre las ayudas y los préstamos del estado.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

La Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler establecía ya hace más de un año, la creación del «Sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda».  La crisis sanitaria originada por el COVID-19 paralizó el estudio y presentación de este sistema, cuyo objetivo no era otro que establecer un control de rentas en áreas tensionadas, y que fue objeto de numerosos comentarios y críticas en los medios de comunicación, remitiendo a los comentarios de Alberto Torres López, Director Jurídico de Sepín.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

*NOTA: El miércoles 1 de julio, a las 12:00, en una formación online Alberto Torres López, Director Jurídico de Sepín y abogado especializado en Arrendamientos Urbanos, explicará las claves prácticas del RDL 15/2020, en relación con los arrendamientos de local de negocio. Inscripciones pulsando aquí.

Una vez finalizada la última prórroga del Estado de Alarma desde las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, y tras la aprobación del  Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de la ‘nueva normalidad’, con medidas de higiene y seguridad renovadas para seguir controlando la transmisión del coronavirus tras el estado de alarma, resulta fundamental tener en cuenta esta fecha, ya que los Reales Decretos 11/2020 y 15/2020, adoptaron medidas respecto a los arrendamientos de viviendas y locales de negocio durante los últimos meses para paliar los efectos del COVID-19, y señalaban numerosos plazos que partían de este periodo que acabamos de abandonar, el Estado de Alarma y sus prórrogas, y establecían, a su vez, unos meses más para su aplicación, en muchos supuestos no exentos de polémica.

Alberto Torres López

Director Jurídico de Sepín. Abogado. Presidente de la Sección de AU-PH e INM. del ICAM

A la espera de que la próxima semana se reanude la actividad de los Tribunales de Justicia, habrá que esperar a ver su alcance, uno de los misterios por resolver va a ser el tratamiento que aquellos den a los Juicios de desahucio de vivienda tras el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo y, por lo tanto, la interpretación que van a seguir de su Art. 1 que prevé la suspensión extraordinaria durante un periodo máximo de seis meses de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Apartamentos y Viviendas Turísticas

Muchos propietarios de alojamientos turísticos y hoteles esperan la apertura de esta actividad, tal como anunció el Gobierno en días pasados, a partir del próximo 11 de mayo, una vez que se alcance la fase 1 de la desescalada por cada Comunidad Autónoma, en la que, -en principio-, podrían abrir, aunque con ciertas condiciones, excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones del Ministerio de Sanidad.

Muchos arrendadores y arrendatarios esperaban otras medidas más amplias del Gobierno para solucionar el problema de sus contratos de arrendamiento, originado por la crisis del coronavirus, que ha dejado a miles y miles de personas en situación de vulnerabilidad social o económica. ¿Cuántos arrendatarios no podrá pagar la cantidad que satisfacían hasta ahora de renta, a consecuencia del COVID-19? y ¿Cuántos arrendadores viven de los ingresos de unas rentas mensuales de un piso o local, como forma de ayuda en su economía, ya sea parcial o total? Estas preguntas no tienen fácil respuesta, porque desgraciadamente los Reales Decretos-leyes 11/2020, de 31 de marzo y 15/2020, de 21 de abril, aprobados “en teoría” para ayudar al arrendamiento de viviendas y locales, difícil lo han puesto, como manifiesta Alberto Torres, Director Jurídico de Sepín.