En el día en que celebramos la Asistencia Jurídica Gratuita, este importante servicio social que prestan y garantizan miles de Abogados de toda España (51.308 letrados en los 83 Colegios) y que es esencial para lograr las previsiones Constitucionales de los arts. 24 y 119 de nuestra Carta Magna sirvan estas líneas como reconocimiento de una labor encomiable y muchas veces no valorada suficientemente a nuestros Compañeros.

Hay que partir de la distinción entre plazos procesales y sustantivos reconocida por constante jurisprudencia e, incluso dentro de estos últimos, entre lo que son plazos de caducidad y de prescripción.

Sin duda es aconsejable acudir al juicio verbal para la fase declarativa pero, ojo, si se sabe que el deudor no se va a oponer/contestar con el monitorio, se gana tiempo.

Hay que partir de la redacción del art. 818 LEC:

En Sepín fuimos pioneros en constatar la increíble contradicción existente entre el art. 267.9 LOPJ (modificado por la LO 1/2009) y el nuevo art. 215.5 LEC (modificado por la Ley 13/2009), máxime cuando ambas reformas son de la misma fecha.

Dispone el art. 448.2 LEC que “Los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de esta”.

En la mayoría de los Juzgados de España, cuando se presenta un juicio monitorio y el deudor se opone, se procede tal y como determina el art. 818 LEC.

En los últimos años, asistimos a una proliferación de pleitos interpuestos por consumidores frente a entidades bancarias, alegando la falta de transparencia en la comercialización de muchos de los productos bancarios.

Dispone el art. 464 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: