El blog jurídico de Sepín

¿Es la cancelación de cuentas de una sociedad, realizada por el banco, una medida diligente ante un riesgo cierto de blanqueo de capitales, o es simplemente una conducta infractora de la libre competencia al desempeñar ambas mercantiles la misma actividad en el mismo mercado? Esta cuestión, de enorme trascendencia, la abordan la Sentencia del Tribunal Supremo de 5-10-2016 (SP/SENT/872078) y la posterior de la misma Sala, de 7-10-2016 (SP/SENT/872033).

La competencia para regular la transmisión de la unidad productiva, completa o parcial, de la sociedad concursada a otra mercantil, con el objeto de seguir manteniendo la actividad y generar recursos y de conservar los puestos de trabajo, sigue siendo hoy en día objeto de una intensa polémica. La batalla sobre una materia tan sensible, por las enormes repercusiones sociales y económicas que conlleva, se está librando entre el orden jurisdiccional mercantil, el Juez del concurso, y el orden jurisdiccional laboral, el Juez de lo Social al que, por el objeto de que se trata, se le atribuye, en muchísimos casos, la plena competencia para determinar si existe o no sucesión de empresa y para establecer todas sus consecuencias.

La redacción de algunos de los preceptos de la Ley Concursal no es clara en muchos aspectos y da lugar a muchas interpretaciones, máxime cuando se intentan conciliar algunos de ellos. Por eso en este post analizamos las disfunciones generadas por dos institutos concursales básicos: la conclusión del concurso de acreedores: cuando se compruebe la insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa arts. 176 y ss. LC y la Sección Sexta : Calificación del concurso (en nuestro caso del concurso culpable).

Después de tratar múltiples resoluciones de todo tipo de órganos judiciales sobre nulidad por error en el consentimiento, en el ámbito de la contratación bancaria se echa de menos que el sentido común y la lógica sean criterios más fuertes a la hora de valorar la voluntad del particular que contrata. Ya se trate de un consumidor o de un administrador o representante legal de una sociedad de perfil minorista.

Esta es una de las cuestiones más difíciles, comprometidas y polémicas ante la que nos podemos enfrentar. Aunque en España los procesos concursales están a la orden del día, su complejidad, matices, trámites y decisiones de enorme trascendencia a tomar ocasionan que, en algún momento, percibamos que no es tan firme el suelo que pisamos. Por el mérito y el intenso trabajo que supone revertir esta situación es por lo que dedicamos este post a la reedición de la obra que lo consigue: la “Guía práctica del proceso concursal, 2016”:

Ayer, día 7 de abril, la Magistrada titular del Juzgado n.º 11 de lo Mercantil, de Madrid, D.ª Carmen González Suárez dictó una valiente sentencia (texto completo en PDF) que supone un paso más para solucionar un conflicto de duración innecesaria que tantas repercusiones económicas negativas tiene en miles de hogares de este país.

Ante tanta noticia, novedad y ruido mediático, conviene recordar cómo hemos llegado hasta aquí y cómo es posible que estas situaciones de absoluta indefensión para el consumidor y, en este caso, para el pequeño inversor se sigan produciendo en nuestro país.

Aunque la figura del cómplice en el concurso se prevé en la Ley Concursal y contamos con múltiples resoluciones y doctrina en las que se trata ampliamente, quedan aún importantes aspectos por aclarar.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre (SP/SENT/834882) sobre contratación telefónica de un swap entre una entidad bancaria y una sociedad pone, sin duda, el acento en la polémica contratación mediante el uso de un medio tan cuestionable, susceptible de interpretaciones y dudoso como es el teléfono. Aunque no nos estemos moviendo en el ámbito de consumidores y usuarios, este tema sigue despertando distintas opiniones y posicionamientos.

La reciente “Resolución del Parlamento Europeo sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España” generada a la luz de las peticiones recibidas,  pasa a engrosar la enorme lista de reivindicaciones que se van realizando a nuestro gobierno sobre la normativa hipotecaria y en este caso también, sobre su gestión en torno a los derivados financieros.