El blog jurídico de Sepín

Entre las últimas y mediáticas modificaciones legislativas de las mentadas tasas judiciales por el Real Decreto-Ley 3/2013, por el que se modifica el Régimen de las Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia, se ha realizado la alteración de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, con una particularidad que se debe destacar para los profesionales que se dedican a la materia de la responsabilidad civil y seguro.

Así, en el art. 2, apdo. 1, del RDL 3/2013 modificador, se añaden al art. 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita varios apartados y se amplía el ámbito personal de aplicación a los lesionados en accidentes independientemente de que dispongan de recursos económicos o no, cuando se reclamen los daños personales y morales.

Y lo que en principio fue motivo de aplauso desde su inclusión en el anteproyecto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se vuelve incredulidad al comprobar que ha quedado limitada a:

Estamos en plena temporada de esquí y, dado el incremento de la popularidad de este deporte, no está de más hacer un breve apunte sobre la responsabilidad civil de las estaciones en la producción de accidentes mientras se practica el mismo. En este caso, es importante tener en cuenta el lugar donde ocurre el siniestro, ya que, curiosamente, no rigen los mismos criterios en toda la estación.

En el ámbito de los accidentes de circulación, especialmente los de carácter más o menos leve o menos grave que acaecen en las vías urbanas, una de las lesiones con las que nos encontramos en la práctica con más frecuencia es la de la cervicalgia, el esguince o latigazo cervical, entre otras denominaciones. Se producen especialmente en casos de colisiones laterales o por detrás, en semáforos, cruces, atascos, frenazos bruscos, etc.

Las resoluciones del Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo constituyen una excelente orientación para los profesionales del Derecho, ya que, a pesar de no tener inicialmente carácter vinculante, se han dictado tras la celebración de plenos jurisdiccionales que abordan cuestiones de especial importancia respecto de las que se establece una doctrina autorizada que es de aplicación en los órganos jurisdiccionales inferiores. Por ello y dada su repercusión en los procedimientos judiciales, he realizado una recopilación de su doctrina de los dos últimos años sobre la responsabilidad civil y los seguros, como instrumento de ayuda para el éxito de las demandas.

En orden cronológico,

A partir del lunes 21 de enero entran en funcionamiento las nuevas pruebas para la obtención del permiso de conducir, tanto para el examen teórico como para el práctico. La Disposición Final 1.ª de la Orden INT/1407/2012, de 25 de junio, modificó el Anexo I del Reglamento General de Conductores (RD 818/2009, de 8 de mayo), e incorporó al Derecho español la Directiva 2011/94/UE, de 28 de noviembre de 2011, que a su vez vino a modificar la 2006/126/CE, de 20 de diciembre de 2006, sobre el Permiso de Conducción. Su entrada en vigor tiene lugar el 19 de enero, pero al tratarse de un sábado en que no se realizan exámenes, su efectivo funcionamiento se producirá a partir del lunes siguiente, día 21 de enero. Esta adecuación a la normativa europea busca, además de su adaptación, mejorar la calidad de los exámenes, avance que a su vez debe repercutir necesariamente en la formación de los aspirantes a obtener el carné de conducir.

El art. 146.c) del  R.D 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, prevé lo siguiente: “Una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficientes.”

Por tanto, la regla general es que si se rebasa un semáforo cuando está en ámbar, tendrá los mismos efectos

Es difícil conocer, incluso en nuestro propio ámbito, la cantidad de seguros de vida asociados a cada persona, ya que además de los contratados por voluntad propia existen un sinfín de seguros de los que algunas veces desconocemos su existencia, como los seguros adjuntos a paquetes de viajes turísticos, tarjetas de crédito, y mucho menos su clausulado, por culpa propia o ajena, como los vinculados a los préstamos hipotecarios, los seguros de accidentes, etc… . Por ello, en caso de fallecimiento del tomador del seguro o del asegurado, sus posibles beneficiarios suelen perder las indemnizaciones a las que tienen derecho y que debieran percibir. Este desconocimiento y la rápida prescripción producían a las compañías aseguradoras un beneficio indebido, pues muchas pólizas quedaban sin cobrar.

La respuesta es que NO con aseguradoras vinculadas a las entidades bancarias, pero si queremos que nos concedan la hipoteca claramente tendremos que aceptar las condiciones impuestas por los bancos, que además aducen razones normativas para esta imposición. Una de ellas sería:

El pasado sábado 6 de octubre de 2012, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el Seguro de Responsabilidad Civil y la Garantía Equivalente de los Administradores Concursales. Mediante esta norma se desarrolla el seguro recogido como obligatorio en el art. 29 de la reformada Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Desgraciadamente es conocido por todos el altísimo número de motoristas que se dejan la vida en las carreteras de nuestro país, por no hablar de las miles de mutilaciones de miembros o de las gravísimas lesiones causadas por los llamados «guardarraíles asesinos».