El blog jurídico de Sepín

La pena o medida de prohibición de aproximación es una de las previstas en la orden de protección como base del estatuto de protección integral de las víctimas de violencia de género. El art. 48.2 CP regula la prohibición de acercamiento a la víctima o a sus familiares o al lugar donde se encuentren, al domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro que sea frecuentado por ellos. Pero ni en este artículo ni en la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica (SP/LEG/2673), se establece la distancia en la que debe fijarse esta protección. Así, será el órgano judicial, caso por caso, quien fije esa distancia de seguridad, sin necesidad de que exista una motivación especial en cuanto a este dato. Tal y como dice la SAP Jaén, Sec. 3.ª, 160/2011, de 6 de julio, SP/SENT/645494: «No se especifica en dicho precepto legal la distancia mínima de aproximación, por lo que será el juez a quo quien, ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, fije dicha distancia.

Desde 2013 se vienen sucediendo noticias acerca de las “futuras reformas” en materia penal. El Ministerio de Justicia llegó a presentar los borradores de una revolucionaria Ley Orgánica del Poder Judicial y la subsiguiente Ley de Demarcación y Planta Judicial, que iban a dar un giro extraordinario al sistema judicial actual. De forma casi paralela se presentó también un nuevo Código Procesal Penal, que es como se denominaría en el futuro la norma que desde finales del Siglo XIX conocemos como Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que estaba llamada a derogar y sustituir. Tras la dimisión del anterior Ministro, estas revolucionarias reformas procesales, aparentemente, quedaron almacenadas en la despensa.

Sin embargo, el nuevo titular de la cartera se ha propuesto impulsar determinadas reformas, otorgándoles una tramitación fulgurante, de tal forma que las mismas han de resultar aprobadas antes de las próximas elecciones generales

Los casos de corrupción de políticos que desde hace tiempo vienen saltando a nuestros periódicos han conseguido que el término “imputado” ya esté en boca de todos los ciudadanos, tanto, que su concepto estrictamente procesal -dirigido a describir la existencia de una investigación judicial en la que aparece un indicio mínimo que implica al individuo, que es llamado a prestar declaración acerca de los hechos que indiciariamente se le atribuyen-, ha pasado a convertirse en su mentalidad en un término con connotaciones negativas, peyorativas o estigmatizantes, y en definitiva, está contribuyendo de forma inconsciente pero decisiva a deteriorar la imagen social de las personas que en general se dedican a eso que se llama “la política”.

El Presidente del Gobierno ya ha manifestado en diversas ocasiones que rechaza esa idea generalizada de asociar el concepto de corrupción con la clase política; que solo se trata de casos aislados, y que es preciso recobrar la confianza del electorado y limpiar la imagen del político. Para empezar, y junto con las medidas de lucha contra la corrupción

Al nuevo equipo del Ministerio de Justicia o al propio Gobierno le han entrado las prisas. Las reformas penales y procesales que tenía preparadas el anterior equipo ministerial se metieron en su momento en el congelador, y allí están desde entonces, esperando un empujón o seguir guardadas hasta mejor ocasión. Ciñéndonos solo a las reformas que afectan al ámbito penal, las cuatro mas relevantes son las del Código Penal, el Estatuto de la Víctima del Delito, el futuro Código Procesal Penal (que vendría a sustituir a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal), y la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que afecta a todas las Jurisdicciones y que pretende dar un giro copernicano a nuestro sistema judicial; además de la transposición aún pendiente de concretas Directivas y Decisiones-Marco de la Unión Europea.

El nuevo Ministro de Justicia, aparte de la reforma de la desafortunada Ley de Tasas Judiciales -norma que desde Sepín hemos venido criticando ampliamente en nuestro blog jurídico-, ha anunciado que se van a tramitar a toda velocidad varias de esas reformas: entre ellas la correspondiente al Texto Punitivo -dormida en el Congreso desde octubre de 2013-, y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que aquí nos vamos a referir brevemente

Dentro de los innumerables casos de corrupción política que actualmente se están investigando por los órganos judiciales españoles, uno de los que mas repercusión mediática viene teniendo desde 2010, es el llamado caso “Noos”, que nació como una derivación –pieza separada- del denominado caso “Palma Arena”. Y mas estos días en que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha dictado un Auto por el que se confirma la imputación de Doña Cristina de Borbón por delito fiscal fijada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, aunque se rechaza por el delito de blanqueo de capitales, puntos a los que aludiremos mas abajo.

Según el relato del auto recurrido, básicamente todo gira entorno a la “Asociación Instituto Noos”, en la que Don Iñaki Urdangarín figuraba como Presidente, su esposa como vocal y el secretario personal de esta como tesorero, extremos

La Fundación para la Práctica Jurídica del ICAIB, en colaboración con la Editorial Jurídica Sepín, organizó las Jornadas de Derecho penal económico y de la insolvencia que se celebraron los pasados días 22 y 29 de octubre de 2014 en el Salón de Actos del ICAIB y que pudieron seguirse por videoconferencia desde todas las sedes colegiales (Inca, Manacor, Ibiza y Menorca).

Estos días hemos leído en las noticias jurídicas una reseña que se refería a la retirada de la atenuante de reparación del daño que se había aplicado a un joven que había matado a su novia y la había trasladado al hospital. Alguno de los titulares de esa noticia ofrecía una lectura confusa e incluso tendenciosa en relación con los hechos acaecidos, pues parecían evidenciar una pretendida injusticia de nuestros Tribunales que habían rechazado aplicar aquella atenuante a aquella persona, pese a haber llevado a la víctima al centro sanitario. En mi opinión, tras leer la sentencia con detenimiento, nada más alejado de la realidad.

Aquellas informaciones dan cuenta de la Sentencia 664/2014, de 7 de octubre, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Ponente: D. Luciano Várela Castro), que, en efecto, casaba la Sentencia de fecha 2 de diciembre de 2013, dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

En algunas ocasiones a través de nuestro servicio de consultas nuestros suscriptores nos han preguntado acerca de la posibilidad de abonar medidas cautelares, en concreto, la presentación periódica ante la oficina judicial (las llamadas “comparecencias apud acta”), a las penas de prisión, al amparo de lo dispuesto en los arts. 58 y 59 CP.

Estos días en nuestros informativos destacan la noticia de que el legislador está tramitando con urgencia una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial para “aforar” a determinados miembros de la Familia Real. La opinión pública asocia ese verbo a una especie de bola de cristal en la que se encierra a determinadas personas con cargos públicos para protegerles de ataques judiciales, encadenándolo en muchos casos con la inviolabilidad o inmunidad de estas personas, aunque cometan infracciones penales. Aquel sentir relaciona este privilegio principalmente con la clase política y pone el grito en el cielo ante la gran cantidad de casos de corrupción que inundan nuestros órganos judiciales y lo ve además como una suerte de discriminación positiva que favorece a los aforados, que no se someten al mismo sistema judicial que el resto de los mortales. Ante estas circunstancias, los propios políticos, ciertos sectores, están clamando por suprimir esas prebendas, o al menos reducir ostensiblemente el número de personas a las que afecta (se habla de que en España tenemos alrededor de 10.000 personas aforadas).

¿En qué consiste el “aforamiento”?

El descontento general por la crisis y sus secuelas, el paro, los desahucios, las preferentes, la corrupción de políticos de todos los colores, etc., viene generando desde hace tiempo un clima social de irritación que a veces desemboca en cólera. Todo ello se agudiza en fechas de campañas electorales, en que los políticos agitan los ánimos con sus declaraciones en mítines y televisiones, dirigidas a desacreditar al adversario y al partido político a que este pertenece, mas que a defender sus propios programas y propuestas. La última campaña electoral para el Parlamento Europeo es un claro ejemplo. Apenas se ha hablado de Europa. En fin…

Aquel ya arraigado clima de tensión y enfrentamiento mueve a algunos sujetos a dar un paso mas allá y adoptar actitudes violentas. Entre las mismas nos referimos hoy a aquellas que se exteriorizan a través de mensajes escritos en las redes sociales, principalmente en “Twitter” y “Facebook”, en que los autores en su gran mayoría se esconden bajo el anonimato