El blog jurídico de Sepín

Dentro de los innumerables casos de corrupción política que actualmente se están investigando por los órganos judiciales españoles, uno de los que mas repercusión mediática viene teniendo desde 2010, es el llamado caso “Noos”, que nació como una derivación –pieza separada- del denominado caso “Palma Arena”. Y mas estos días en que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha dictado un Auto por el que se confirma la imputación de Doña Cristina de Borbón por delito fiscal fijada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, aunque se rechaza por el delito de blanqueo de capitales, puntos a los que aludiremos mas abajo.

Según el relato del auto recurrido, básicamente todo gira entorno a la “Asociación Instituto Noos”, en la que Don Iñaki Urdangarín figuraba como Presidente, su esposa como vocal y el secretario personal de esta como tesorero, extremos

La Fundación para la Práctica Jurídica del ICAIB, en colaboración con la Editorial Jurídica Sepín, organizó las Jornadas de Derecho penal económico y de la insolvencia que se celebraron los pasados días 22 y 29 de octubre de 2014 en el Salón de Actos del ICAIB y que pudieron seguirse por videoconferencia desde todas las sedes colegiales (Inca, Manacor, Ibiza y Menorca).

Estos días hemos leído en las noticias jurídicas una reseña que se refería a la retirada de la atenuante de reparación del daño que se había aplicado a un joven que había matado a su novia y la había trasladado al hospital. Alguno de los titulares de esa noticia ofrecía una lectura confusa e incluso tendenciosa en relación con los hechos acaecidos, pues parecían evidenciar una pretendida injusticia de nuestros Tribunales que habían rechazado aplicar aquella atenuante a aquella persona, pese a haber llevado a la víctima al centro sanitario. En mi opinión, tras leer la sentencia con detenimiento, nada más alejado de la realidad.

Aquellas informaciones dan cuenta de la Sentencia 664/2014, de 7 de octubre, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Ponente: D. Luciano Várela Castro), que, en efecto, casaba la Sentencia de fecha 2 de diciembre de 2013, dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

En algunas ocasiones a través de nuestro servicio de consultas nuestros suscriptores nos han preguntado acerca de la posibilidad de abonar medidas cautelares, en concreto, la presentación periódica ante la oficina judicial (las llamadas “comparecencias apud acta”), a las penas de prisión, al amparo de lo dispuesto en los arts. 58 y 59 CP.

Estos días en nuestros informativos destacan la noticia de que el legislador está tramitando con urgencia una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial para “aforar” a determinados miembros de la Familia Real. La opinión pública asocia ese verbo a una especie de bola de cristal en la que se encierra a determinadas personas con cargos públicos para protegerles de ataques judiciales, encadenándolo en muchos casos con la inviolabilidad o inmunidad de estas personas, aunque cometan infracciones penales. Aquel sentir relaciona este privilegio principalmente con la clase política y pone el grito en el cielo ante la gran cantidad de casos de corrupción que inundan nuestros órganos judiciales y lo ve además como una suerte de discriminación positiva que favorece a los aforados, que no se someten al mismo sistema judicial que el resto de los mortales. Ante estas circunstancias, los propios políticos, ciertos sectores, están clamando por suprimir esas prebendas, o al menos reducir ostensiblemente el número de personas a las que afecta (se habla de que en España tenemos alrededor de 10.000 personas aforadas).

¿En qué consiste el “aforamiento”?

El descontento general por la crisis y sus secuelas, el paro, los desahucios, las preferentes, la corrupción de políticos de todos los colores, etc., viene generando desde hace tiempo un clima social de irritación que a veces desemboca en cólera. Todo ello se agudiza en fechas de campañas electorales, en que los políticos agitan los ánimos con sus declaraciones en mítines y televisiones, dirigidas a desacreditar al adversario y al partido político a que este pertenece, mas que a defender sus propios programas y propuestas. La última campaña electoral para el Parlamento Europeo es un claro ejemplo. Apenas se ha hablado de Europa. En fin…

Aquel ya arraigado clima de tensión y enfrentamiento mueve a algunos sujetos a dar un paso mas allá y adoptar actitudes violentas. Entre las mismas nos referimos hoy a aquellas que se exteriorizan a través de mensajes escritos en las redes sociales, principalmente en “Twitter” y “Facebook”, en que los autores en su gran mayoría se esconden bajo el anonimato

Los informativos y periódicos están dando especial cobertura estos días a un juicio al que se ha querido elevar a la categoría de mediático porque lo que se enjuicia es la decisión de un Juez de Instrucción que ordenó la prisión de un conocido banquero. Esta decisión fue muy aplaudida en su día por buena parte de la llamada “opinión pública”, pero fue revocada por la Audiencia Provincial tras el correspondiente recurso por haber sido adoptada de una forma “irregular”. En el juicio que hoy nos ocupa lo que se está examinando exclusivamente es si esa decisión del Juez fue ordenada por el mismo mediante una conducta incardinable en el Código Penal, o por el contrario, si la “irregularidad” de esa decisión

La Fundación para la Práctica Jurídica del ICAIB, en colaboración con la Editorial Jurídica Sepín, organizó las Jornadas de Derecho Penal empresarial que se celebraron los pasados días 20 y 27 de marzo de 2014 en el Salón de Actos del ICAIB y que pudieron seguirse por videoconferencia desde todas las sedes colegiales (Inca, Manacor, Ibiza y Menorca).

La inauguración de las Jornadas tuvo lugar el 20 de marzo, con la ponencia del Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Coordinador de la materia penal de Sepín, José Manuel Maza Martín, titulada “Responsabilidad penal empresarial«. El panorama que se avecina: implantación de protocolos de prevención como causa de exoneración y responsabilidad penal del directivo por la no implantación de medidas de control”. El ponente abordó con claridad expositiva y de modo ciertamente didáctico la materia que integra el expresado sugerente título; una materia novedosa, que rompe con los esquemas tradicionales, y con la que, sin duda, el Abogado (penalista o no) y el Asesor de empresa lato sensu, deben familiarizarse cuanto antes y adaptarse a la misma para garantizar la tutela preventiva de sus clientes.

La figura del indulto aparece con frecuencia en nuestra prensa con motivo de su solicitud por parte de políticos, jueces u otros personajes conocidos condenados o en casos llamativos, o con ocasión de su concesión o rechazo por el Gobierno en esos supuestos. A mi juicio muchas veces la presencia mediática de esta institución está plenamente justificada, aunque en otras se trata con abierta demagogia, populismo y/o con gafas ideológicas. Es una medida que se presta fácilmente a la polémica como expresión de la supuesta arbitrariedad de la alta autoridad que tiene la facultad de concederla o rechazarla.

¿En qué consiste la llamada “gracia del indulto”? Es una potestad discrecional, de carácter excepcional, atribuida

Muy a grandes rasgos, el principio de «justicia universal» o “justicia mundial” busca que no queden impunes determinados delitos de los denominados “contra la humanidad”, de tal forma que permite a un Estado, como integrante de ese ente que se llama “Comunidad Internacional”, perseguir, investigar y enjuiciar esos delitos, aunque se cometan fuera de su territorio nacional y con independencia de la nacionalidad de su autor. El Congreso de Derecho Internacional celebrado en Cracovia