El blog jurídico de Sepín

La redacción de algunos de los preceptos de la Ley Concursal no es clara en muchos aspectos y da lugar a muchas interpretaciones, máxime cuando se intentan conciliar algunos de ellos. Por eso en este post analizamos las disfunciones generadas por dos institutos concursales básicos: la conclusión del concurso de acreedores: cuando se compruebe la insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa arts. 176 y ss. LC y la Sección Sexta : Calificación del concurso (en nuestro caso del concurso culpable).

Después de tratar múltiples resoluciones de todo tipo de órganos judiciales sobre nulidad por error en el consentimiento, en el ámbito de la contratación bancaria se echa de menos que el sentido común y la lógica sean criterios más fuertes a la hora de valorar la voluntad del particular que contrata. Ya se trate de un consumidor o de un administrador o representante legal de una sociedad de perfil minorista.

Esta es una de las cuestiones más difíciles, comprometidas y polémicas ante la que nos podemos enfrentar. Aunque en España los procesos concursales están a la orden del día, su complejidad, matices, trámites y decisiones de enorme trascendencia a tomar ocasionan que, en algún momento, percibamos que no es tan firme el suelo que pisamos. Por el mérito y el intenso trabajo que supone revertir esta situación es por lo que dedicamos este post a la reedición de la obra que lo consigue: la “Guía práctica del proceso concursal, 2016”:

Ayer, día 7 de abril, la Magistrada titular del Juzgado n.º 11 de lo Mercantil, de Madrid, D.ª Carmen González Suárez dictó una valiente sentencia (texto completo en PDF) que supone un paso más para solucionar un conflicto de duración innecesaria que tantas repercusiones económicas negativas tiene en miles de hogares de este país.

Ante tanta noticia, novedad y ruido mediático, conviene recordar cómo hemos llegado hasta aquí y cómo es posible que estas situaciones de absoluta indefensión para el consumidor y, en este caso, para el pequeño inversor se sigan produciendo en nuestro país.

Aunque la figura del cómplice en el concurso se prevé en la Ley Concursal y contamos con múltiples resoluciones y doctrina en las que se trata ampliamente, quedan aún importantes aspectos por aclarar.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre (SP/SENT/834882) sobre contratación telefónica de un swap entre una entidad bancaria y una sociedad pone, sin duda, el acento en la polémica contratación mediante el uso de un medio tan cuestionable, susceptible de interpretaciones y dudoso como es el teléfono. Aunque no nos estemos moviendo en el ámbito de consumidores y usuarios, este tema sigue despertando distintas opiniones y posicionamientos.

La reciente “Resolución del Parlamento Europeo sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España” generada a la luz de las peticiones recibidas,  pasa a engrosar la enorme lista de reivindicaciones que se van realizando a nuestro gobierno sobre la normativa hipotecaria y en este caso también, sobre su gestión en torno a los derivados financieros.

Este dicho no podría definir mejor lo que está sucediendo en este momento con las tristemente conocidas cláusulas suelo: la Comisión de la Unión Europea dictamina que las entidades de crédito y las Cajas de Ahorros deberán devolver todo lo cobrado con las citadas cláusulas. Estamos sin duda en presencia del inicio del fin de la impunidad, en cuanto a restitución económica, en la que se han movido estos años los grandes bancos y cajas del país. Se acabó, ya no nos sirve la coletilla de los fallos judiciales: nulidad de cláusula por abusiva, pero sin los efectos restitutorios ex tunc, del artículo 1303 CC -desde el momento en que se contrató- sino que por arte de una doctrina jurisprudencial, francamente inconsistente y tramposa, se añadía, restitución de importes por aplicación de la cláusula solo desde 9-5-2013, fecha de la STS (SP/SENT/714489), que recogió que la declaración de nulidad de una cláusula suelo no tiene efectos retroactivos y que la entidad financiera no está obligada a devolver las cantidades recibidas por su aplicación.

Mientras esperamos la publicación del texto definitivo del Estatuto de la Administración Concursal, el legislador, continúa incansable modificando sin tregua la Ley Concursal.