El blog jurídico de Sepín

La complejidad del procedimiento concursal y las continuas modificaciones que ha sufrido la ley que lo regula, Ley 22/2003, han generado toda una serie de dudas y de incertidumbres que es preciso afrontar. Por ello es fundamental la labor del Tribunal Supremo a la hora de definir la interpretación, el concepto y las normas de aplicación de los principales institutos concursales. Es en materia de procesos de insolvencia cuando este papel del Tribunal se hace más necesario.

La sentencia 148/2018, del Pleno del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de marzo, ha decidido sobre una cláusula que imponía todos los gastos por tributación del préstamo hipotecario al prestatario sin discriminación alguna, en el sentido de considerar que es una cláusula nula por abusiva.

La CNMC ha publicado recientemente el expediente sancionador de MEDIASET ESPAÑA por vulnerar los límites de duración dedicados a la emisión de mensajes publicitarios. ¿Una cadena de televisión vulnerando los límites fijados en la LGCA (Ley General de Comunicación Audiovisual) relativos a la duración de los espacios publicitarios? ¡Imposible!

No es la primera vez que comentamos un voto particular del Magistrado del Tribunal Supremo Javier Orduña (al que se adhiere en este caso el Magistrado Arroyo Fiestas) reivindicando una efectiva aplicación del principio de transparencia, en este caso a una cláusula IRPH incluida en un préstamo hipotecario con consumidor.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, de 14 de diciembre de 2017, se ha pronunciado sobre la cláusula IRPH. Esta cláusula, presente todavía en muchos contratos de préstamo hipotecario, estaba siendo ampliamente debatida en múltiples procesos judiciales. En el caso resuelto por el Tribunal, la cláusula en cuestión recogía lo siguiente:

Nos parece necesario por su relevancia y trascendencia el análisis de la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 19 de julio de 2017 (SP/SENT/917152) sobre la validez de una cláusula de apoderamiento incluida en un contrato de préstamo hipotecario con consumidor.

Samuel de Huerta Hernández y Adela del Olmo García

Departamento Jurídico de Sepín

Varias han sido las sociedades mercantiles que han tomado la decisión del cambio del domicilio social, cada uno por el motivo o motivos que consideraron adecuados. El RD-Ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional publicado en el BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017 facilita los trámites que, en el seno interno de las empresas, para hacer efectivo el cambio de sede social. Al efecto, la norma modifica el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en los siguientes términos: “por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia”.

Aunque el Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Benidorm Sección, 1ª de 5 de junio de 2017 (SP/SENT/906929) declara la nulidad de una cláusula que imponía toda una serie de gastos al prestatario, de una forma tan abusiva que solo faltaría incluir que el prestatario tuviera que pasar la mopa en la sucursal bancaria.

Así es, el viernes 15 de septiembre llegó «a las mejores salas» la noticia tan esperada por la competencia de Ryanair (sobre todo por Norwegian), la cancelación de 50 vuelos diarios hasta finales de octubre o, lo que es lo mismo, la anulación de cerca de 2.000 vuelos durante las seis semanas que durará la «planificación para la mejora de la puntualidad».