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Planteamiento
Analizamos en este artículo la sentencia del TSJ de Cataluña, Sec. 1.ª, 39/2022, de 21 de junio, en la que se solicita la reducción de la pensión alimenticia fijada a cargo de uno de los progenitores, al haberse modificado la guarda y custodia del hijos menor, para fijarse de forma compartida.
Noticias sobre la reciente maternidad de una mujer a la edad de 68 años, en pleno duelo por la muerte prematura de su único hijo, a través de un contrato de gestación subrogada ponen en el foco mediático una cuestión de gran trascendencia jurídica que no puede resolverse en un par de líneas. La regulación de la gestación subrogada, su permisividad o no en nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento de la filiación de los menores nacidos a través de estas técnicas de reproducción en otros Estados e, incluso, su denominación, son cuestiones que suscitan una gran controversia, sobre la que no están de acuerdo la doctrina, la jurisprudencia, los partidos políticos o la sociedad.
Se ha publicado en el BOE del día 1 de marzo de 2023, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
El objeto de este artículo no es entrar en las polémicas o debates que se han podido originar desde desde el comienzo de su tramitación hasta su publicación, sino en realizar un primer análisis de la finalidad de la Ley así como de las cuestiones más relevantes reguladas en su articulado, principalmente en lo relativo a las medidas de protección en el ámbito de la salud, a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, así como un breve apunte de sus modificaciones en materia civil.
En virtud de la Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, (SP/LEG/39307) se modifica la anterior de 17 de febrero de 2020 y se dictan nuevas instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal con el fin de adaptarla e incluir las últimas modificaciones del Código Civil.
Con esta Resolución se han incluido, en materia de empadronamiento, dos modificaciones importantes:
¿Somos conscientes de que las crisis familiares hay que abordarlas con el asesoramiento de especialistas para encontrar la solución más adecuada para ese supuesto familiar en concreto?
Introducción
El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros, del 14 de diciembre pasado, el Anteproyecto de Ley de Familias. A fecha de hoy todavía no disponemos del texto legal, por lo que las medidas anunciadas solo las conocemos por la nota y posterior rueda de prensa ofrecida por la Ministra, Ione Belarra.
Jubilare es una iniciativa del Colegio de Registradores de España en la que están implicados varias decenas de profesionales del máximo nivel, con el fin de abordar uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, cual es la del envejecimiento progresivo de la población. Aunque sea una cuestión recurrente, objeto de atención por entidades públicas y privadas de todo tipo, la singularidad que tiene Jubilare reside en su enfoque, que quiere estar basado no solo en los problemas, sino, en especial, en las oportunidades que tal realidad plantea para los mayores y, sobre todo, para el conjunto de la sociedad.
Planteamiento
Aunque pueda parecer que con el título de este post ya está todo dicho, y no tenemos nada más que añadir, la realidad es que no deja de haber ocasiones en las que debemos explicar cuáles son los compromisos que deben asumir los progenitores cuando solicitan que el régimen de custodia de sus hijos sea la compartida.
La reciente sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (en adelante, Dobbs), de 23 de junio de 2022[1], ha supuesto una auténtica convulsión en el panorama político y jurídico, que presagia importantes consecuencias para el futuro en muy distintos ámbitos. Como es bien sabido, este fallo ha anulado una doctrina acuñada por el propio Tribunal en el histórico caso Roe v Wade de 1973[2] (confirmada en 1992 por la sentencia Planned Parenthood v. Casey)[3], que consagraba el aborto como un derecho constitucional hasta las 22 semanas de gestación, rompiendo el blindaje constitucional al aborto y devolviendo su regulación a los Estados.
Introducción
