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Aunque la nacionalidad es un elemento muy a tener en cuenta para determinar la aplicación de un régimen jurídico u otro, en el Derecho Tributario español esta distinción, nacional versus extranjero, se sustituye por el principio de residencia fiscal en España; lo que viene a significar que, adquirida la condición de residente fiscal, independientemente de la nacionalidad que se posea, se pasa a tributar como cualquier nacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación facilita la información que da la posibilidad, desde el 3 de diciembre de 2015, de viajar a la mayoría de los países de la Unión Europea, sin el trámite del visado de corta duración.
El 8 de noviembre entró en vigor el Reglamento que regula la solicitud de nacionalidad por residencia, que se publicó en el BOE del día anterior.
La publicación de una norma que desarrolla una Ley anterior no tendría nada de particular si no es por la ¿broma? que ha tenido en vilo durante casi un mes a peticionarios de este derecho.
Nos llega una sentencia curiosa del mes de julio del TSJ del País Vasco, que planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión prejudicial, origen de la polémica sentencia del TJUE de 23 de abril: “¿Los artículos 4.2, 4.3 y 6.1 de la Directiva 2008/115 deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a una normativa como la nacional controvertida en el litigio principal y la jurisprudencia que la interpreta, que permite sancionar la situación irregular de un extranjero exclusivamente con una sanción económica que, además, resulta incompatible con la sanción de expulsión?”. El Tribunal vasco estima el recurso contencioso-administrativo que se planteó, revocando la resolución que impuso sanción de expulsión y la sustituye por una de multa en cuantía de 501 euros.
El impacto de la fotografía de un bebé en una playa turca ha sido una sacudida emocional que nos ha hecho ser conscientes del drama sirio que se vive en nuestro entorno. A la vez, nos tiene pendientes de las noticias que se suceden en una Europa que se ha visto abocada a dejar de mirar de lado y buscar cómo paliar esta crisis, recordando que debe imperar el principio de no devolución al país de origen a la población civil que huye de este cuando está sumido en un conflicto armado.
El Tribunal de Justicia Europeo, con ocasión de resolver una cuestión prejudicial planteada por el TSJ del País Vasco, dictó el pasado mes de abril [SP/SENT/806961] una sentencia que sucintamente vino a indicar la incompatibilidad con el Derecho comunitario de la normativa que impone, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de la UE y según las circunstancias, una sanción de multa o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí, pues según el TJUE, la normativa española puede frustrar la aplicación de la Directiva 2008/115, sobre el Retorno de los Nacionales de Terceros Países en Situación Irregular, con el resultado de no poder sustituir la sanción de expulsión por una multa al extranjero que esté en situación irregular en España salvo en los casos excepcionales previstos en la Directiva 2008/115/CE
El Tribunal de Justicia Europeo ha dado respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Central de lo Contencioso-Administrativo holandés y ha respaldado los exámenes de integración de ciudadanos en su sentencia de 4 de junio de 2015 (SP/SENT/814423).
¿Un examen es una medida de integración? ¿favorece ésta?
La obtención de una autorización de residencia de larga duración requiere dos requisitos principales:
El art. 148 RD 577/2011 (REAL DECRETO 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. SP/LEG/7493) en su apartado segundo además señala que la continuidad de la residencia no quedará afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro de los cinco años.
Este mismo artículo, contempla tres excepciones, según estemos en
A un extranjero que se encontrara en España en situación irregular, ¿se le debía aplicar la sanción de multa o, por el contrario, la más severa de expulsión del territorio nacional? Todos aquellos juristas que actúan en el ámbito del derecho de extranjería son conscientes de la polémica existente sobre esta cuestión. Sin embargo, este caballo de batalla del derecho español se ha visto ahora superado por una nueva controversia mucho mayor, la adecuación de nuestro sistema sancionador al derecho de la Unión Europea.
Así, el pasado 23 de abril, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una Sentencia [asunto C-38/14 (SP/SENT/806961)] que quiebra el régimen sancionador en materia de extranjería aplicable en España; la trascendencia de la sentencia hizo que sepín no dudara en difundirla rápidamente a través de su boletín electrónico con el objeto de que todos nuestros suscriptores pudieran conocer con inmediatez un pronunciamiento de tanto calado, que seguro afectará, aunque está por ver cómo, a los procedimientos abiertos tanto en vía administrativa como ya en sede judicial.
Como viene siendo habitual en estos últimos tiempos, se publica una norma que a su vez, reforma normas que a priori no tienen nada que ver, recuerden las llamativas Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (SP/LEG/12127), que modifica entre otras leyes, la de Propiedad Horizontal (SP/LEG/1894), o la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (SP/LEG/12153) que modifica la Ley de Extranjería, o la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (SP/LEG/12701), que modifica IVA, IS, IRPF, concursal, responsabilidades, trámites, extranjería… razón por la se hace invevitable hacer un recopilatorio de los preceptos desperdigados de las reformas que se han acometido en estos cuatro primeros meses y que afectan a la materia de Extranjería.
