El blog jurídico de Sepín

Vivimos en un mundo dominado por el exceso de información, un ritmo frenético dónde se nos exige dar lo mejor y saber de todo, o al menos de casi todo. Nuestra cabeza bulle con tantos datos y tan variados que parece un “google” andante y a pequeña escala y a veces tenemos que pararnos a pensar “Si esto lo sabía…¿Cómo era?…”, y perdemos tanto tiempo buscando esa información de la que adolecemos, que olvidamos que también necesitamos relajar nuestra mente y dedicarla a otras cosas que nos resulten más divertidas.

Hace unos días desayunamos con la noticia de que los miembros de estos grupos musicales que marcaron una época en el panorama musical en la década de los 90 se encontraban detenidos en Chile, país al que habían acudido a celebrar unos conciertos.

Muchos se preguntaban el porqué, y que es lo qué iba a ocurrir ahora con ellos, y la razón es muy sencilla, la entrada en un

Como bien saben, este año toca elecciones municipales y aunque aún es pronto para que los distintos partidos políticos den el pistoletazo de salida de sus campañas electorales, en el caso del ciudadano extranjero que quiera intervenir en la elección de sus representantes debe de darse prisa si quiere formalizar su participación.

Desde Octubre de 2014 la Oficina del Censo Electoral remitió una comunicación personalizada por correo postal a los ciudadanos nacionales de países de la Unión Europea que no habían manifestado su voluntad declarada desde el anterior envío de cartas con motivo de las elecciones municipales de 2011. (Los ciudadanos UE que hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho al voto para procesos electorales anteriores y sigan residiendo en España, mantienen su condición sin necesidad de cumplimentar una nueva declaración.)

Acaba de conocerse una Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la que ha declarado que los demandantes de asilo que aleguen un riesgo de persecución en sus países de origen por causa de su homosexualidad no pueden ser sometidos a interrogatorios detallados sobre sus prácticas sexuales para demostrarlo, porque atenta contra los derechos fundamentales.

Gema Murciano Álvarez

Documentación Jurídica de Sepín. Mediadora familiar. Abogado

La estimación de la edad en casos de menores no acompañados es un desafío de primer orden que requiere tomar plena conciencia de la complejidad que comporta. La edad distingue entre el acceso a servicios de protección infantil, educación y sanidad, si se es menor, y a beneficios, otorgamientos de poderes y derechos ciudadanos, si se es adulto, incluyendo la legislación laboral, permisos, pensiones, y, a menudo, determina el éxito o el fracaso de una solicitud de asilo.

La normativa internacional y nacional recoge el mandato de que sea el Estado quien proteja al menor extranjero que llega sin estar a cargo de ningún adulto a nuestro territorio.

Traemos a colación una Sentencia publicada por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia Europeo (SP/SENT/777284) que centra su debate en la pérdida del derecho de residencia por parte del nacional de un tercer Estado casado con un ciudadano de la Unión Europea, residentes, a su vez, en otro país.

El Derecho de residencia permanente solicita como requisito, tal como indica el art. 16 de la Directiva 2004/38 (SP/LEG/5913), que se haya

 El Tribunal de Justicia de la UE ha vuelto a pronunciarse sobre los requisitos que exige el Derecho comunitario para obtener la residencia, fijando, en este caso, que la adquisición de este derecho por parte de un nacional de un tercer Estado no se extiende a sus familiares.

En un fallo dictado el pasado 17 de julio, (SP/SENT/769460) el Tribunal deja claro que nada en la literalidad de la Directiva 2003/109 (SP/LEG/5912) relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, permite suponer que un miembro de la familia de un residente de larga duración pueda

La Sala Primera del Tribunal de Justicia Europeo ha dictado en fecha de 19 de junio de 2014, (SP/SENT/765579), una sentencia  que viene ampliar el concepto de trabajador tal como lo entiende el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de Roma de 25 marzo 1957.

El caso cuenta con los siguientes antecedentes:

Se trata de una mujer de nacionalidad francesa que ha estado trabajando como profesora de apoyo durante varios años en Reino Unido y posteriormente se matriculó en un curso en la Universidad como complemento a su formación.

Gema Murciano Álvarez

Documentación Jurídica de Sepín. Mediadora familiar. Abogado

No cabe duda de que los Centros de Internamiento de Extranjeros dan mucho que hablar, y quizás últimamente de manera insatisfactoria. El 15 de marzo se publicó finalmente el necesario y esperado Reglamento que reguló su funcionamiento, y que ha sido objeto de tratamiento en SEPIN a través de este mismo blog en el post titulado «¿Es insuficiente la regulación contenida en el nuevo Reglamento sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros?»  y de la mano de Luis Portero de la Torre, Abogado del equipo jurídico de «Andalucía Acoge» en un completísimo artículo doctrinal que pueden consultar pinchando en el enlace ( SP/DOCT/18422).

Esta es la cuestión prejudicial que ha planteado recientemente la Sala 3ª del TS ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para entender la disyuntiva que se plantea dicha Sala, es necesario partir de la base de que el solicitante fue condenado a una pena de 9 meses de prisión por delito de violencia doméstica y lesiones, que posteriormente le fue concedida la suspensión provisional de la misma y que, al momento de la solicitud, tenía pendiente de resolver una solicitud de cancelación de antecedentes penales.

Además de la existencia de esos antecedentes penales, también es indispensable conocer