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La reciente sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en el asunto del “procés”, que parece no haber dejado satisfecho a nadie, ha traído consigo revueltas violentas en las calles de Cataluña, que ya duran casi una semana.
En ocasiones, por causas ajenas al ejercicio de la profesión militar, podemos vernos implicados en hechos o circunstancias que pueden acarrear la celebración de Juicio Penal ante los Juzgados y/o Tribunales de la jurisdicción ordinaria; por ejemplo a causa de una denuncia por nuestra pareja en un tormentoso proceso de Divorcio, o a resultas de haber sufrido un accidente de tráfico con resultado de lesiones o cuando ha resultado positiva una prueba de alcoholemia mientras nos encontrábamos circulando a bordo de nuestro vehículo después de una comida o cena; o por una disputa entre vecinos o una denuncia de un compañero de trabajo, o incluso a consecuencia de ilícitos cometidos por imprudencia en el ejercicio de nuestra actividad profesional.
Las nuevas Elecciones Generales previstas para el próximo mes de noviembre supondrán la cuarta ocasión en la que los electores somos llamados a las urnas en los últimos cuatro años.
Pues sí, la afirmación que da título a este post es correcta, con la sola acotación de que, además de haber estado en situación de prisión preventiva para posteriormente ser objeto de absolución o sobreseimiento libre, es necesario que esa situación les haya irrogado un daño. Evidentemente, no costará probar ese daño, al menos moral, cuando una persona ha estado privada de libertad sin tener responsabilidad penal alguna, el cual, no debería existir muchas dudas sobre su realidad, al menos por lo que se referiría a los daños morales relacionados con el deshonor, la estigmatización social, la zozobra de estar sometido a una situación tan grave, de resultado incierto, por unos hechos inimputables.
Introducción
Hace ahora un año empresas y usuarios españoles estábamos inmersos en un caos como consecuencia de la entrada en aplicación, el 25 de mayo de 2018 (2 años después de su aprobación y publicación) del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (SP/LEG/19835), más conocido por Reglamento de Protección de Datos o simplemente por sus siglas, GDPR (versión inglés) o RGPD (versión española).
En los últimos tiempos, a través del Servicio de Consultas Jurídicas de Sepín, se nos ha planteado en varias ocasiones una cuestión que suele ser fuente de conflicto en los concursos de méritos de los que se componen distintos procesos selectivos para el acceso o la progresión en la función pública.
La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad introdujo importantes novedades, previamente analizadas en nuestro post “Las personas con discapacidad intelectual ya pueden votar”, en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General en una triple vertiente:
En los últimos días, y como consecuencia del anuncio de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, comúnmente denominadas elecciones «generales», se ha hecho virar en las redes sociales un mensaje que viene a decir, para aquellos pocos que aun no lo hayáis recibido, que la fecha de la convocatoria obedece a que el actual Presidente, para el caso de no ser reelegido, se aseguraría estar en el cargo al menos un año y, con ello, se generaría a su favor el derecho al cobro de un sueldo vitalicio.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó a lo largo del pasado año 2018 dos sentencias de enorme relevancia para muchos de quienes participan como aspirantes en los concursos-oposiciones para el ingreso como personal estatutario de los Servicios de Salud.
Tras los últimos acontecimientos acaecidos, fruto del descontento tanto del sector del taxi como de las VTC, así como de la nefasta regulación del legislador patente en los últimos decretos de ámbito autonómico y estatal, el presente comentario tiene como objeto la puesta en consideración de algunos aspectos que, gracias a la magnífica labor de la CNMC y la elaboración de su informe PRO/CNMC/003/18, puedo traer a colación para su análisis.
