El blog jurídico de Sepín

Esta cuestión, sobre la que pivota el difícil equilibrio entre los derechos del titular de los datos a no ser objeto de comunicaciones comerciales y el consiguiente interés de los responsables del tratamiento en dirigirse a sus clientes para fines de publicidad y mercadotecnia, pronto será resuelta (al menos en el ámbito nacional) por nuestro Tribunal Supremo.

Si el año 2016 fue para los interinos al servicio de la Administración Pública un año de satisfacciones y esperanzas en forma de resoluciones judiciales provenientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (recuérdese sentencias como “Porras I” o “Castrejana”) la situación dio un giro de 180 grados desde entonces, encontrándonos con pronunciamientos desalentadores en la lucha por la equiparación con los funcionarios de carrera de esos interinos que, de forma claramente fraudulenta, habían venido prestando servicios de forma continuada (muchas veces concatenando contratos temporales) para la satisfacción de necesidades permanentes de la Administración, desvirtuando de esta forma el concepto y naturaleza a la que debía responder la interinidad.

Pues sí, así acaba de confirmarlo la Sala Tercera del Tribunal Supremo fijando como doctrina casacional que el específico “Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas” contenido en las últimas disposiciones sobre contratación pública (desde su incorporación, mediado el año 2010, a la entonces vigente la Ley 30/2007, de 30 de octubre -SP/LEG/3850-), puede ser empleado para reclamar de forma autónoma e independiente, al margen de la deuda principal ya abonada, los intereses de demora.

“FAKE NEWS” ACERCA DE SU NACIMIENTO

Cuenta la leyenda que el Black Friday surgió en Estados Unidos como una estrategia de los comerciantes para transformar los números rojos, que adornaban sus cifras contables en el tercer trimestre del año, en números negros. Concibieron así la idea de ofrecer grandes descuentos en los precios de sus productos para incitar a los ciudadanos a adelantar sus compras navideñas.

Cada día millones de usuarios comparten gratis su vida en redes sociales como Facebook o Instagram, exponiendo todo tipo de información personal, gustos, aficiones, pensamientos (políticos, sociales, religiosos, laborales…), incluyendo entre ella constantes datos sobre su localización con todo lujo de detalles e imágenes (lugar de residencia, desplazamientos vacacionales, escapadas de fin de semana, etc.).

El derecho al sufragio activo, comúnmente conocido como “derecho al voto”, tiene la gran trascendencia de ser, nada menos que, la piedra angular de los derechos políticos y sociales que disfrutamos los ciudadanos de las sociedades democráticas.

La reciente sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en el asunto del “procés”, que parece no haber dejado satisfecho a nadie, ha traído consigo revueltas violentas en las calles de Cataluña, que ya duran casi una semana.

En ocasiones, por causas ajenas al ejercicio de la profesión militar, podemos vernos implicados en hechos o circunstancias que pueden acarrear la celebración de Juicio Penal ante los Juzgados y/o Tribunales de la jurisdicción ordinaria; por ejemplo a causa de una denuncia por nuestra pareja en un tormentoso proceso de Divorcio, o a resultas de haber sufrido un accidente de tráfico con resultado de lesiones o cuando ha resultado positiva una prueba de alcoholemia mientras nos encontrábamos circulando a bordo de nuestro vehículo después de una comida o cena; o por una disputa entre vecinos o una denuncia de un compañero de trabajo, o incluso a consecuencia de ilícitos cometidos por imprudencia en el ejercicio de nuestra actividad profesional.

Las nuevas Elecciones Generales previstas para el próximo mes de noviembre supondrán la cuarta ocasión en la que los electores somos llamados a las urnas en los últimos cuatro años.

Pues sí, la afirmación que da título a este post es correcta, con la sola acotación de que, además de haber estado en situación de prisión preventiva para posteriormente ser objeto de absolución o sobreseimiento libre, es necesario que esa situación les haya irrogado un daño. Evidentemente, no costará probar ese daño, al menos moral, cuando una persona ha estado privada de libertad sin tener responsabilidad penal alguna, el cual, no debería existir muchas dudas sobre su realidad, al menos por lo que se referiría a los daños morales relacionados con el deshonor, la estigmatización social, la zozobra de estar sometido a una situación tan grave, de resultado incierto, por unos hechos inimputables.