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Director de Sepín Proceso Civil. Abogado
Es una alegría, para todos aquellos que nos dedicamos al mundo del derecho, cada vez que la Sala Primera del Tribunal Supremo proporciona respuestas y soluciones a problemas procesales abiertos desde hace años y que, ante el silencio legislativo ha dado lugar a soluciones jurisprudenciales muchas veces contrapuestas.
Una de las novedades que introdujo la Ley Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, (SP/LEG/2012) para potenciar la actividad de las partes y, en concreto, del Procurador, descongestionando así el trabajo de los órganos judiciales y dando mayor celeridad a la actividad procesal evitando los llamados «tiempos muertos» de los actos de comunicación, como afirma en su Preámbulo, es que cuando las partes están representadas por Procurador en el procedimiento, los traslados de las copias de los escritos por ellas presentadas, ha de ser previo al profesional contrario antes de su presentación al órgano judicial.
Las comunidades de bienes son muy frecuentes en el tráfico jurídico y su actuación tiene importantes consecuencias: civiles, mercantiles, laborales… e incluso tributarias, a través del NIF correspondiente, donde no olvidemos que, con la publicación de la Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, que modificó la Orden EHA/451/2008 se les otorgó como clave la letra E, junto con las herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica.
1.- Introducción
La coyuntura económica que vive España, fruto de la pandemia, genera muchos miedos a la hora de alquilar.
La ausencia de medidas fiscales eficaces que animen a arrendar, un sistema judicial colapsado que no acaba de funcionar -por muchas Reformas procesales “voluntaristas” de los últimos años-, los retrasos en la tramitación de los desahucios, las nuevas suspensiones de lanzamientos o las limitaciones de las garantías que contempla la reciente normativa post pandemia….
1.- Exclusión de la casación
Si partimos de la premisa de que el recurso de casación solo puede plantearse para denunciar infracciones civiles sustantivas tal y como dispone el art. 477.1 LEC y punto I, apdo 1 del Acuerdo de la Sala Primera del TS de 27 de enero de 2017 (SP/LEG/21346), las infracciones de normas sobre costas, como regla general, no tienen acceso al recurso de casación.
El 12 de noviembre de 2019, publiqué en el blog de sepin el POST“La AP Madrid limita la extensión de los recursos de apelación a 25 folios ¿está justificada?” en el cual me hacía eco del Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrado el 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).
El pasado 15 de diciembre de 2020, se presentó el Anteproyecto de Ley de Medidas de eficiencia Procesal del Servicio Público Ministerio de Justicia (SP/DOCT/108072) que ha concluido su trámite de información pública.
Es sin duda la Abogacía una profesión acelerada y desgraciadamente no debería ser así. La redacción de escritos de carácter técnico como son los jurídicos (una demanda, una contestación, un recurso….) que realizamos a diario deberían tener unos tiempos mínimos indispensables para el estudio, reflexión y desde luego el adecuado sosiego que permita así la concreción, precisión y sistematizar los argumentos reflejados en ellos pero la mayoría de las veces esto no es posible.
En nuestro sistema procesal civil era tradicional sujetar la valoración de prueba pericial a las reglas de la sana crítica. El artículo 632 de la norma rituaria anterior establecía que “los jueces y tribunales valoraran la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a someterse al dictamen de peritos”.
Son muy frecuentes los contratos celebrados por distintas entidades, empresas automovilísticas, bancos y empresas financieras vinculadas al sector automovilístico para financiar la adquisición de automóviles.
