El blog jurídico de Sepín

Introducción

El derecho del acusado a declarar en último lugar constituye un tema de indudable relevancia en el ámbito del proceso penal, no solo por su incidencia directa en la configuración del juicio oral, sino también por su profunda vinculación con los principios constitucionales fundamentales que informan el sistema procesal español. Entre estos principios, destacan la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías, consagrados en el artículo 24 de la Constitución Española. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero (SP/LEG/44145), ha introducido una reforma trascendental en el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (SP/LEG/2487), estableciendo de manera expresa la posibilidad de que el acusado declare en último lugar durante el juicio oral.

I. Introducción

En el contexto de la reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (en adelante, DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana, se ha observado un fenómeno perturbador: el aprovechamiento de desastres naturales para la comisión de delitos. La Fiscalía Provincial de Valencia ha respondido a esta crisis mediante una política de severidad extrema, solicitando la medida cautelar de prisión provisional para aquellos detenidos bajo sospecha de robo, saqueo y hurto en las zonas afectadas. Esta medida excepcional plantea diversas cuestiones desde el ámbito penal y ético, destacando la justificación de la prisión provisional en casos donde el delito se agrava por el aprovechamiento de una situación de desastre, en virtud del artículo 22 del Código Penal.

Introducción

En el ámbito del Derecho Penal, la interpretación y aplicación de las agravantes es fundamental para garantizar que la normativa penal produzca efectos de manera equitativa y proporcional. Las agravantes son circunstancias que incrementan la gravedad de un delito y, por ende, la severidad de la pena. Su correcta aplicación es crucial para reflejar la magnitud del daño causado y para asegurar que las decisiones judiciales respondan adecuadamente a la naturaleza y circunstancias del delito.

1. Introducción

El Real Decreto 434/2024, promulgado el 30 de abril del mismo año, representa un paso trascendental en el marco normativo que regula los derechos de los profesionales de la Procura en el territorio español. Este decreto, mediante su primer precepto, introduce una modificación de gran calado al conceder una libertad ampliada tanto a los procuradores como a sus clientes en lo referente a la negociación de la compensación por los servicios prestados. Esta libertad incluye la posibilidad de establecer acuerdos remuneratorios que puedan estar por debajo de los montos fijados en el arancel oficial. A primera vista, esta medida podría parecer sencilla, pero sus repercusiones se extienden de manera significativa en los ámbitos jurídico y económico.

I. Introducción y antecedentes

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1ª) 89/2024, de 25 de abril, constituye una resolución judicial de considerable relevancia dentro del ámbito del Derecho Penal, especialmente en lo que concierne al tratamiento de la conspiración para cometer delitos contra el patrimonio. Su fallo se centra en el recurso de apelación interpuesto por D. Samuel, quien fue condenado por el Juzgado de lo Penal Nº 4 de Pamplona/Iruña por conspiración para cometer un delito de robo con fuerza en casa habitada.

1. Introducción y contexto normativo

El Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, surge como una respuesta necesaria a las demandas de actualización y modernización del Sistema Arbitral de Consumo. Este sistema, fundamental para la protección de los derechos de los consumidores, se basa en el artículo 51 de la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores, protegiendo sus intereses económicos, su seguridad y su salud mediante procedimientos eficaces. La Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, materializó este mandato constitucional al crear un sistema arbitral destinado a resolver de manera extrajudicial las disputas entre consumidores y empresarios.

Introducción a las prohibiciones de aproximación y comunicación

El artículo 48 del Código Penal (SP/LEG/2486) recoge reglas claras y detalladas sobre las prohibiciones impuestas a los condenados por ciertos delitos, especialmente aquellos relacionados con la violencia de género. Estas prohibiciones son herramientas fundamentales para proteger a las víctimas y asegurar que los condenados no puedan continuar ejerciendo control o influyendo negativamente sobre ellas. En el contexto de la violencia de género, estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, y su correcta aplicación y cumplimiento son esenciales para el funcionamiento del sistema de justicia.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala I) 705/2015, de 23 de diciembre, fue un hito en la regulación de los gastos por préstamo hipotecario. En esta resolución, el Tribunal Supremo declaró la abusividad de las cláusulas que imponían al consumidor la totalidad de los gastos derivados de la formalización de un préstamo hipotecario. Esta decisión se basó en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que protege a los consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas.

I. La admisibilidad de denuncias basadas en recortes de prensa para iniciar un proceso penal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no prohíbe la admisión de denuncias o queellas basadas en recortes de prensa. No obstante, sí que existen diversas resoluciones judiciales concretas sobre este tema, que se refieren a casos específicos con circunstancias particulares vinculadas con el inicio de un proceso penal, sin que ello suponga determinar la existencia de responsabilidad criminal.

I. Introducción

En Tailandia se permite que el acusado en un juicio penal pueda interactuar con los testigos y someterlos a interrogatorio, regla que en España parece ser motivo de debate, como se desprende de lo expuesto desde diversos medios de comunicación a raíz del juicio celebrado con motivo de la acusación dirigida contra Daniel Sancho. Aunque esta actuación procesal puede generar cierta controversia en el contexto judicial español, es importante señalar que, con la denominación de "careo", está regulada con precisión en los arts. 451 a 455, 713, 729 y 797 LECrim. En este sentido, resulta fundamental realizar un análisis exhaustivo de su contenido, las ventajas y las desventajas que conlleva esta institución en ambos sistemas judiciales, con el objetivo de comprender su impacto y determinar su relevancia en el desarrollo de un proceso judicial justo y eficiente.