El blog jurídico de Sepín

Para los que nos dedicamos al estudio y análisis de las novedades legislativas, se ha convertido en habitual prestar especial atención a las disposiciones adicionales o finales de cualquier norma, porque es probable que el legislador aproveche para establecer modificaciones, derogaciones, o añadidos a normas de especial importancia, de una manera un tanto encubierta.

Si eres usuario de un servicio de car sharing o vehículos multiusuario en Madrid, seguro que has usado alguno de los vehículos eléctricos o híbridos de Bluemove, Car2go, o Emov, pero ¿sabes que hacer en caso de accidente o avería? En este post te contamos lo que estipulan sus condiciones generales, que se pueden consultar en la página web de cada empresa:

Tratamos en un post anterior el tema de los accidentes en piscinas comunitarias, y la cuestión sobre el acceso de los menores a la piscina fue una de las más consultadas, por lo que, ante la próxima apertura de las mismas por la llegada del calor estival, se analiza dicha circunstancia.

Es una de la grandes dudas ante un siniestro total del vehículo, y, de hecho, es una de las cuestiones más solicitadas en las consultas que llegan a Sepín. Por ello, en estas breves líneas, intentaremos explicar su concepto y su sistema de cálculo. En posteriores posts, trataremos de esclarecer si es lo mismo que el valor de mercado -que, en mi opinión, no lo es-, el de afección, y sobre la opción de reparación o indemnización.

La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en un reciente Auto de 23 de febrero de 2017, clarifica una de las grandes incertidumbres desde que se produjo la despenalización de las faltas; esto es, qué circunstancias deben concurrir para que un accidente de tráfico derive a la vía penal y qué debe entenderse por imprudencia grave o menos grave.

Se realiza en este post un somero comentario de la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad civil y los seguros. Estas resoluciones constituyen una herramienta fundamental para los profesionales del derecho, ya que se dictan tras la celebración de Plenos Jurisdiccionales que abordan cuestiones de especial importancia respecto de las que se establece una doctrina autorizada, que es de aplicación en los órganos jurisdiccionales inferiores.

Para los que llevan algún tiempo en esto de la valoración del daño personal según el Baremo de tráfico, seguro que saben perfectamente que la “fórmula de Balthazard” es el método para cálculo de la puntuación de algunas secuelas. Pero aun así, se suele escapar una sonrisilla al oír dicho nombre, ya que, fonéticamente, suena muy parecido a “Baltasar”, el insigne Rey Mago. Y aunque a este último se le ha relacionado con los daños personales al ser denunciado allá por el año 2010, por darle un caramelazo a una asistente a una cabalgata (Auto del Juzgado de Instrucción Huelva, n.º 4, de 26 de junio de 2010), y creo recordar que incluso en algún pronunciamiento judicial el Juez o Jueza le llega a confundir con el mismo, no se trata del mismo personaje. De hecho, la fórmula toma su nombre del especialista en Medicina Legal francés Víctor Balthazard, y en las siguientes líneas se va a tratar de explicar en qué consiste.

En abril de 2016, mediante una Resolución por la que se modifican el apdo. C).1 del punto primero y los Anexos I, II y VIII de la de 8 de enero de 2016, por la que se establecen Medidas Especiales de Regulación del Tráfico durante el Año 2016, la Dirección General de Tráfico (en adelante, DGT) publica unas pegatinas para la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten.

El nuevo procedimiento por accidentes de tráfico ya tiene más de un añito, puesto que la ley reformadora se publicó en septiembre del año 2015, pero sus primeros pasos no están siendo muy seguros, mas bien, un poco inestables. Por ello, se han ido realizando en la materia de Responsabilidad Civil, Seguro y Tráfico de Sepin, diversas cuestiones a nuestros expertos colaboradores que ayuden a interpretar la norma, sobre todo en lo referente a la reclamación extrajudicial obligatoria del art.7 de la Ley 8/2004.