El blog jurídico de Sepín

El último episodio de la contienda judicial por la interpretación del art. 384 del Código Penal, en concreto del inciso segundo del párrafo segundo, que lideran los Jueces-Magistrados de los Juzgados y Tribunales de Toledo, ha sido resuelto con el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 2018 (SP/AUTRJ/957053), inadmitiendo la cuestión de inconstitucionalidad promovida por posible vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 de la Constitución Española).

La Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (SP/LEG/3870), publicada en el BOE de 16 de junio, y curiosamente una de las tres primeras firmadas por el nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, modifica también la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 (SP/LEG/2685).

La “imputación objetiva” es un término muy utilizado en las resoluciones sobre acciones resarcitorias y es frecuentemente asociado a la objetivación de la responsabilidad, e, incluso, en algunas ocasiones, equiparado a la “responsabilidad objetiva”. Por ello, en el presente post se trata de aclarar su concepto y extensión. Así, hay que comenzar situando su uso inicial en el ámbito penal, para, luego, pasar a la vía civil y al ámbito de la responsabilidad extracontractual.

En primer lugar, tenemos que preguntarnos ¿son verdaderamente autónomos los vehículos autónomos? La respuesta parece que depende de que se trate de un video publicitario, o se pregunte tras un accidente. Y es que, en función de una u otra respuesta se podrá atribuir la responsabilidad de los daños que produzcan estos vehículos.

Este post es la continuación del publicado hace ya unos meses, PARKINGS PÚBLICOS I: ¿el estacionamiento regulado lo es? ¿Se cobra por minutos? ¿deben tener vigilancia? ¿se hacen cargo del robo del móvil, la radio o el GPS?, y cierra el estudio sobre las diferentes cuestiones que puede suscitar el aparcamiento de nuestro vehículo en un parking público.

Antes del 1 de enero de 2018, los Estados miembros debían incorporar al derecho interno las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, publicada el día 11 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Para contestar a las anteriores preguntas, se debe acudir a la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos (LRCAV), que define el estacionamiento público como un espacio en un local o recinto del que es titular una persona, que cede, como actividad mercantil, para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio. Por lo que, en principio, la vigilancia sí es obligatoria.

Tras más de dos años de vigencia, la implementación del «nuevo» Baremo de Tráfico sigue siendo sumamente complicada para todos los sectores involucrados, incluida la Dirección General de Seguros (DGS), que, siendo el órgano encargado de dar publicidad a las correspondientes actualizaciones, nos hizo esperar hasta la resolución de fecha de 3 de octubre de 2017 para conocer las cuantías de las tablas para el año pasado. Aunque para el 2018 las ha actualizado en el mes de febrero.

La Comisión Europea ha dictado un Reglamento por el que se establece un formato de presentación normalizado para el documento de información sobre productos de seguro. Se desarrolla así el art. 20 de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, conocida con las siglas IDD (Insurance Distribution Directive), que establece un sistema similar al incorporado por la normativa MiFID en el sector bancario y que entra en vigor el 23 de febrero de 2018.