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Las declaraciones del Juez de Menores Emilio Calatayud, conocido por su sentido común y su preocupación por los menores, nos sitúan ante la siguiente pregunta: ¿La utilización por los hijos menores del teléfono móvil puede ser vigilada, supervisada o controlada por sus progenitores?
¿Cómo influye la voluntad de los menores en la determinación de la guarda y custodia? ¿Cómo valora la jurisprudencia su deseo de permanecer con uno u otro progenitor, de adoptar un determinado sistema de custodia o de modificar el existente? ¿Qué reflejo tiene en las resoluciones? ¿Es determinante o es un elemento más a ponderar junto con otros?
El impago de las pensiones de alimentos es una de las cuestiones más conflictivas tras la crisis familiar, pudiendo incluso exigirse a los progenitores una mayor responsabilidad; no solo al obligado a pagarla, sino al que queda encargado de su administración y por lo tanto ejerce la reclamación de los posibles impagos, pues son las necesidades de los menores las que están en juego, y su interés debe ser siempre el primero en protegerse. Ni debe consentirse el incumplimiento ni deben tolerarse las actitudes poco diligentes que lo permiten.
El Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, de 13 de abril de 2016 (SP/SENT/850635) acoge la modificación de una custodia materna y fija un sistema de guarda y custodia compartida. No es una sentencia más sobre este régimen, pues modifica los requisitos jurisprudenciales para su adopción y, además, responde a las siguientes cuestiones: ¿Es necesario acreditar un cambio sustancial de circunstancias? ¿Basta con que el interés del menor lo aconseje? ¿Es la edad en sí misma una variable a considerar?
Cada vez es más frecuente que la Sala Primera del Tribunal Supremo fije o reitere doctrina sobre determinadas cuestiones en materia de Familia. Con el fin de conocer los criterios que debemos seguir, se incluyen en este Post una relación de Sentencias dictadas en 2015 y 2016 en cuyo fallo “Se fija doctrina” o “Se reitera la siguiente doctrina”.
Se ha celebrado en Madrid los día 4 y 5 de Marzo el XXIII Encuentro de la Asociación Española de Abogados de Familia, bajo el lema: “Más reformas, nuevos retos”. Como siempre, un éxito de asistentes, donde pudimos coincidir, además de Abogados, Mediadores, Psicólogos, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y Magistrados, todos, sin duda, movidos por el interés y la vocación por el Derecho de Familia.
Uno de los efectos de la nulidad del matrimonio, la separación o el divorcio, es la concesión de la prestación compensatoria al cónyuge. Dice el art. 233-14 CCCat.: «El cónyuge cuya situación económica, como consecuencia de la ruptura de la convivencia, resulte más perjudicada«. Esta prestación, sigue diciendo el mismo precepto, no excederá «del nivel de vida de que gozaba durante el matrimonio ni del que pueda mantener el cónyuge obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos de los hijos, que es prioritario«.
Los traslados y cambios de residencia de los progenitores obligan a ajustar el desarrollo del régimen de visitas y estancias con los hijos, especialmente cuando hay muchos kilómetros de distancia entre las localidades donde vive cada uno de ellos.
La pensión alimenticia es uno de los principales caballos de batalla tras la ruptura de la convivencia, ya sean los alimentistas menores o mayores de edad, y en este segundo caso además acaba siendo una lucha de tres.
¿Todos los supuestos de incumplimiento o dejación de sus funciones por el progenitor titular de la patria potestad justifican su privación?
