El blog jurídico de Sepín

Transcurrido un tiempo más que razonable desde la presentación del IPRF, en alguna ocasión ocurre que aun no se ha recibido noticia del ingreso de la cantidad a devolver por la liquidación-declaración del IRPF y, para colmo, se da la circunstancia de que en nuestro entorno a la mayoría hace tiempo que les han ingresado, siendo que nuestra orden de pago en apariencia ha caído en el olvido. ¡Nada más alejado de la realidad! Varias son las circunstancias que pueden dar lugar a este retraso, desde irregularidades en nuestra declaración, que serán objeto de comprobación, hasta que el destino de la cantidad no sea nuestro banco, sino el pago mediante embargo de deudas de carácter tributario con la Administración o frente a terceros, y que (¡para colmo!) quizá no sean nuestras, sino de nuestro cónyuge, en el caso de declaraciones conjuntas.

¿Cuál es el grado de parentesco de un sobrino por afinidad tras el fallecimiento de un tío político en el Impuesto sobre Sucesiones? Para la Administración Tributaria ninguno reduciéndolo a un vínculo social frente al legal.

Tras un proceso de separación y/o divorcio puede procederse a la disolución de la comunidad de bienes conformada entre los cónyuges siendo frecuente que se incluya la que fue vivienda habitual común, normalmente gravada con una hipoteca, y que se atribuye en reparto a uno de los excónyuges en exclusiva. Ahora bien, ¿qué tributos intervienen en esta disolución del condominio matrimonial?

El ejercicio de la profesión de la Abogacía determina el nacimiento de nuevas relaciones: con los representados, clientes, Juzgados y Tribunales, el Colegio Profesional, la Seguridad Social o la Mutua (entre otros) y, la que nos interesa en el presente Hacienda.

Próximamente culminará un año judicial en el que uno de los principales asuntos que ha ocupado gran parte de las resoluciones en el ámbito civil ha sido la demanda de nulidad de contratos de suscripción de participaciones preferentes. La estimación de pretensiones conlleva que, en el fallo, se reconozca la nulidad del contrato bancario, la restitución de las respectivas prestaciones entre las partes con el incremento en las cuantías del importe correspondiente al interés legal que hay que calcular desde la fecha de suscripción hasta el momento de interpelación judicial. En el caso de no cumplir voluntariamente con la restitución en fase de ejecución de la sentencia, procederá la imposición de intereses de mora procesal.

Entre los cambios previstos para el próximo 1 de enero del 2016 habrá de estar al preceptuado por el art. 7.1 a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, al determinar que «las sociedades civiles con objeto mercantil pasarán a ser nuevos contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades«.

No es poco frecuente constatar errores de Hacienda respecto al procedimiento empleado para la comprobación de liquidaciones tributarias por lo que, en el caso de ser objeto de una comprobación que finaliza con una paralela (entre otras), habrá de cuestionarse si la Administración llegó a la misma mediante el procedimiento adecuado o con uno no conforme a derecho y nulo. Estimar un recurso fundamentado en el error en el procedimiento empleado para la comprobación de liquidaciones conlleva, de conformidad con el reciente cambio de criterio por parte del TEAC, la declaración de NULIDAD DE ACTUACIONES (no de anulabilidad como anteriormente se mantenía).

El mes de agosto se tiene por un período de vacaciones y (tradicionalmente) de descanso, especialmente en el sector jurídico y legal, consecuencia, en parte, de la paralización de la actividad en la mayoría de los Juzgados y Tribunales. Si bien esta paralización afecta a la mayoría de sedes judiciales, es menester recordar que en la vía administrativa y tributaria no existen impedimentos legales para la continuidad de los procedimientos y la práctica de notificaciones. Agosto es un mes hábil y válido a todos los efectos de cómputo y plazos legales, es decir, que cualquier notificación administrativa que se realice se presume válida y eficaz.

Por lo tanto, partiendo de la premisa de que el mes es para descansar el profesional y el ciudadano, pero con validez plena y con producción de efectos en los procedimientos administrativos, ¿es correcta y una “buena práctica” la notificación de la Administración en el mes de agosto?  ¿Cómo paliar los efectos de una notificación intentada en agosto que no se pudo recoger?

La respuesta, en atención a la reciente resolución del TEAC de 28 de mayo del 2015 (SP/SENT/812948) es afirmativa, pero con los matices y en circunstancias que se expondrán a continuación.

El supuesto es el siguiente:

La Dirección General de Tributos ha tenido oportunidad de resolver un supuesto bastante habitual en el ejercicio de la abogacía y que pone en evidencia las discrepancias entre la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, recientemente modificada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, y  la que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido en la práctica.

Supuesto de hecho:

Un abogado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la mutualidad de previsión social, que forma parte en condición de socio de una sociedad mercantil, cuyo objeto social es la asesoría de empresas o servicios jurídicos, factura a la sociedad y es retribuido por esta.

El tratamiento tributario de la renta percibida (a priori) no es tan simple y tiende a la complicación cuando para su calificación fiscal se acude a la normativa del IVA o del IRPF y a la forma en la que se liga profesionalmente la sociedad con el socio/abogado; todo ello de conformidad con la redacción actual de la Ley del IVA y la modificación reciente de la normativa del IRPF  en el tratamiento de este tipo de pagos.

Tratamiento de la renta: