El blog jurídico de Sepín

Varias son las dudas que genera el tratamiento fiscal de la percepción de las costas procesales del vencedor en un juicio y, en concreto, sobre lo adecuado o inadecuado de la decisión de la Agencia Tributaria de considerarlas como una ganancia patrimonial a integrar en la base imponible general del impuesto, ya que no procede de la transmisión de elementos patrimoniales. ¿En todos los supuestos un contribuyente debe incluir en su IRPF la condena en costas a su favor?

Para Tributos, que un inmueble tenga consumos de electricidad escasos es un motivo suficiente para abrir un procedimiento de comprobación y proceder a su eliminación en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la deducción por la adquisición de vivienda habitual, con devolución de las cantidades incorrectamente deducidas. Recordemos que desde el 1 de enero de 2013 la deducción cuestionada solo se aplica por contribuyentes que venían deduciéndose las cantidades invertidas previamente o satisfecho cantidades para la construcción en fecha anterior.

La controversia jurídica de determinar los límites de la Administración Tributaria para dictar providencias de apremio contra un deudor tributario, con el fin de hacer efectivos los créditos contra la masa tras reforma por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de marzo del 2019 al declarar que “abierta la liquidación en un procedimiento concursal, la Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración del concurso, debiendo instar el pago de los créditos contra la masa ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal”.

Es sabido que las transmisiones de inmuebles a pérdidas no deben pagar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o plusvalía municipal en tanto sólo resulta procede someter a tributación aquellas situaciones en las que existan incrementos de valor por la transmisión de los citados. También que es un hecho notorio que aquellos/as contribuyentes que pagaron el Impuesto en una situación de pérdida han procedido, dentro de los plazos de prescripción y trámites previstos legalmente al efecto, a iniciar un procedimiento para la devolución del tributo indebidamente ingresado mediante una solicitud de rectificación de autoliquidación y que, colapsados los ayuntamientos, son más que superados los plazos de respuesta. Si solicitada la devolución del tributo vía rectificación de la autoliquidación, no tengo aun respuesta por el Ayuntamiento, ¿qué pasos deben de seguirse?

La declaración de inconstitucionalidad del Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la Sentencia núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional de 11 de mayo supuso que gran parte de las liquidaciones tributarias resultasen impugnadas, con mayor razón en aquellos supuestos en los que el obligado tributario entendía que la transmisión de la propiedad de un inmueble -independientemente al título- no ponía de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser gravada. Ahora bien, finalizado el año fiscal del 2.018 y pensando en la campaña de Renta con período del 2 de abril hasta el 1 de julio del 2.019, ¿en qué afecta la impugnación de la liquidación de la plusvalía municipal en la declaración de la ganancia o pérdida patrimonial por la transmisión?

NOTA INFORMATIVA: A partir del 12 de noviembre del 2018 se establece por el RD-Ley 17/2018, de 8 de noviembre que en escrituras de préstamo con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del IAJD es el prestamista.

*Nota: El Pleno de la Sala III, el 6 de noviembre del 2018 y tras dos días de deliberaciones, acordó por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario, tal y como comentamos en el post: «¿Por qué la banca puede ser la principal perjudicada con la decisión del Pleno de imputar el IAJD al cliente/consumidor?»

Confirmado, la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida es renta exenta, así lo declara el Tribunal Supremo en el recurso de casación objetivo para la formación de  jurisprudencia 4483/2017, resuelto en Sentencia del 3 de octubre de 2018, por el que se confirma el criterio del TSJ de Madrid en la Sentencia de 6 de julio de 2016.

Los Colegios de Abogados, a requerimiento de Hacienda, deberán aportar, en forma desglosada, la información relativa al importe de los dictámenes en juras de cuentas y tasación de costas emitidas a sus colegiados/as, aportando datos de identificación internos del dictamen con su fecha de emisión; el número del procedimiento o auto judicial del que trae causa; y la identificación del/la Letrado/a impugnado mediante su NIF y número de colegiación. Tanto la motivación como la transcendencia de la información requerida fueron objeto de impugnación en sede económico-administrativa, resolviendo la conformidad de la actuación de la Administración con la legalidad vigente.

La cuestión, que se resolverá por el Tribunal Supremo al admitirse vía recurso de casación objetivo para la formación de jurisprudencia por Auto de 18 de junio del 2018, en el ámbito fiscal resulta especialmente trascendente en atención a la especialidad de la extensión de efectos de sentencias en materia tributaria conforme reconoce el art. 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a la pluralidad de administrados/contribuyentes que, afectos al reconocimiento de beneficios fiscales por los Juzgados y Tribunales –caso concreto de la prestación por la maternidad en el IRPF-, pretenden mediante el trámite de extensión de efectos de sentencia, sin necesidad de entrar a un debate judicial sobre la legalidad del beneficio fiscal o comparativas de fallos distintos según la territorialidad del órgano jurisdiccional, su reconocimiento, quedando hasta el presente limitado solo por el cumplimiento de los requisitos legales de: