El blog jurídico de Sepín

Con la libertad que concede la inexistencia de definición en la RAE de la actividad de influencer podemos interpretarlo como aquella persona con capacidad para influir (influyente) mediante el empleo de redes sociales u otros canales de comunicación a través de la publicación de opiniones y/o experiencias sobre un tema, objeto, lugar u otros, y que ejerce una gran influencia sobre personas, llamadas seguidores, que le conocen y consumen el contenido de su creación, pudiendo percibir ingresos por esta actividad por empresas en forma de compensaciones económicas por su labor o por publicidad.

adquisición de un vehículo empleando la modalidad de renting supone en la actualidad el 22,65% del mercado total de ventas y constata que es un mercado en alza si consideramos que en el mismo período de 2021 supuso un 20,64% (fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos). Siendo un sistema originariamente pensado para empresas y PYMEs, ¿es el renting de un vehículo turismo más rentable fiscalmente para un autónomo que una compra?

El BOE núm. 26, de 31 de enero de 2022 publica el nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para el ejercicio del 2022, en el que adelantamos incluye medidas tan llamativas como la investigación de negocios o sectores en los que el uso de efectivo es intensivo y el único medio de pago, pese a su utilización dentro de las limitaciones cuantitativas establecidas, y el control de los software de las cajas registradoras, para evitar el uso de programas que permitan la ocultación de operaciones y faciliten el fraude fiscal.

Tras varios toques de atención del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo desde el año 2017 a la necesidad de adaptar el sistema de gravamen de las plusvalías puestas de manifiesto con ocasión de transmisión de bienes inmuebles urbanos mediante el conocido Impuesto municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sólo tras la declaración de inconstitucionalidad del método de determinación Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, lo que supone de facto la expulsión del tributo del ordenamiento, el Gobierno se ha visto “obligado” a actuar, modificando mediante el RD-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.