El blog jurídico de Sepín

El pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional admitía a trámite (en julio de 2015 se publicó la sentencia) el recurso de amparo presentado por un farmacéutico de Sevilla que había sido sancionado por la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como consecuencia de su negativa a dispensar la llamada “píldora del día después”. Aquella sanción consistió en el pago de una multa pecuniaria que ascendía a 3.300 €.

El ahora solicitante del amparo constitucional recurrió judicialmente la sanción, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla n.º 13, que conoció de su caso en única instancia, entendió que la multa era ajustada a derecho.

Que la Justicia Gratuita supone un importante desembolso para las debilitadas arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas es una realidad incontestable, que seguramente requiera la adopción de algún tipo de medida paliativa. Ahora bien, antes de adoptar medidas como las del famoso depósito en los recursos (que nadie olvide que la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se instauró el depósito en los recursos justificaba la medida con el fin de «financiar el beneficio de justicia gratuita«) o la más reciente imposición del pago de unas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (nuevamente la Ley 10/2012  justifica, en su exposición de motivos, estas tasas en una “mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita”), más valdría una organización mas eficiente del sistema. Y digo esto, porque en los últimos días del mes de julio fui designado por mi Colegio para la defensa de los intereses de un ciudadano al que se le había reconocido tal beneficio de justicia gratuita.

El caso me pareció un paradigma de derroche de recursos públicos;

«Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto«. Con esta cita, que viene atribuyéndose al científico alemán Georg Christoph Lichtenberg, quiero comenzar un nuevo post dedicado a la importancia del saber estar y comportarse en el seno de un proceso judicial y el respeto debido entre los profesionales intervinientes en el mismo.

Ya en ocasiones anteriores he aprovechado la oportunidad que nos brinda SEPIN de abrir debates mediante este blog, para discernir sobre la relevancia del buen comportamiento en la actuación forense, si bien hasta el momento me he centrado en el actuar de los abogados y procuradores.

Hace poco menos de dos años, el Tribunal Supremo (en concreto, su Sala de lo Contencioso-Administrativo) dictó un auto que generó una enorme polémica entre los profesionales del Derecho, en virtud del cual se rebajaban los derechos de un procurador en casi 95.000 € -la cuantía del litigio era de 57 millones de euros-, apartándose expresamente de la aplicación del arancel y afirmando que “la aplicación del arancel en el seno de las relaciones de servicio entre el Procurador y su cliente no tiene por qué ser trasladada, de modo automático, a la condena en costas cuando es posible en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo que estas se limiten hasta un máximo, no necesariamente coincidente con el que resulta del arancel aplicable a aquellas relaciones privadas”.

El Tribunal Supremo empleó para justificar la rebaja de honorarios del procurador y la total separación del arancel dos bases jurídicas, desde mi punto de vista, totalmente desacertadas.

"Todo lo que me cuente quedará amparado por el secreto profesional” parece una frase típica de un thriller pero no es ni mucho menos sólo eso, sino que es un deber inexcusable que pesa sobre quienes decidimos emprender el ejercicio de la abogacía. A la par, se configura simultáneamente como un derecho a no declarar sobre hechos que queden bajo la tutela de dicho secreto profesional.

La propia Constitución Española de 1978  recoge una de las manifestaciones de esta obligación de secreto, al reflejar en su art. 24 que “La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

Por todos es sabido que la Constitución Española consagra, en su art. 18.2, el Derecho Fundamental a la inviolabilidad del domicilio y lo hace en los siguientes términos: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

La doctrina constitucional sobre la inviolabilidad del domicilio ha remarcado la necesidad de  su protección en cuanto espacio donde el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales, haciéndolo con la libertad más espontánea y por ello, su protección tiene un carácter instrumental para la defensa del ámbito en el cual se desarrolla la vida privada. Existe un nexo indisoluble de tal sacralidad de la sede existencial de la persona con el derecho a la intimidad que veda toda intromisión y, en concreto la entrada y el registro en ella y de ella. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha confirmado en numerosísimas ocasiones que este derecho fundamental no es absoluto sino que limita no sólo “con los demás derechos” sino también “con los derechos de los demás” y por ello su protección constitucional puede ceder en determinadas circunstancias, como consentimiento del titular, delito flagrante y autorización judicial.

Dejando a un lado los supuestos de entradas en domicilio en el seno de investigaciones penales, nos ocuparemos aquí de las entradas en domicilios para la ejecución de actos administrativos, circunstancia ésta prevista en el art. 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común según el cual, cuando para la ejecución forzosa de los actos administrativos fuera necesario entrar en el domicilio del afectado “las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

Visto que constitucional y legalmente se protege el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el objetivo de este post no es otro que el de tratar de despejar ciertas dudas sobre qué debe entenderse como domicilio a efectos de esta protección.

Son centenares las denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos por parte de ex clientes de Canal Plus o Canal Satélite Digital cuyos datos personales (generalmente nombre, apellidos, DNI e importe de la deuda) han sido incluidos en los llamados ficheros de morosos, pese a no deber recibo alguno por los servicios de televisión prestados durante la vigencia del contrato.

Hace unos días, un Colegio de Administradores de Fincas deseaba conocer nuestra opinión sobre la “guerra de precios” a la baja que se está produciendo en su área de actuación; achacaban esa situación a la reforma operada en la Ley sobre Colegios Profesionales  por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más conocida como Ley “Ominibus”.

Y ante esta situación, el Colegio consultante se preguntaba si existía alguna acción legal cuando los honorarios ofertados estaban por debajo de los costes del servicio.

Miles de afectados por las resoluciones unilaterales de los contratos de “gestión del alquiler” suscritos con la Sociedad Pública de Alquiler –SPAVIV, en lo sucesivo- están comenzando a ver algo de esperanza, a raíz de los primeros pronunciamientos judiciales obtenidos en sede de apelación y emanados de distintas Audiencias Provinciales.

Antes de entrar en el análisis de la fundamentación jurídica de esas sentencias que vienen dando la razón a los propietarios afectados, conviene exponer, de forma concisa, los orígenes de estos litigios.

La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial  prevé la posibilidad de imposición de sanciones a los letrados (y procuradores) que incumplan las obligaciones impuestas por esa norma orgánica y por el resto del ordenamiento procesal.

El catálogo de sanciones no es muy amplio: apercibimiento o multa económica –cuya cuantía máxima es la correspondiente a las faltas del Código Penal-, mientras que la competencia para la imposición de cualquiera de estas sanciones viene atribuida al Magistrado o Juez ante el que se sigan las actuaciones.

Sobre una de las conductas que pueden dar lugar a la imposición de estas sanciones y que aparecen enumeradas en el art. 553 LOPJ, quiero centrar el presente post. Concretamente me refiero a la posibilidad de sancionar a aquellos abogados que en su actuación forense faltasen al respeto a cualquiera de los intervinientes en el proceso, ya sean Jueces, Secretarios, Fiscales, Abogados contarios o, incluso, a la partes.