El blog jurídico de Sepín

Cada vez resulta más habitual que personas con débitos pendientes reciban cartas, faxes, burofaxes e, incluso, llamadas telefónicas de empresas de las que no han oído hablar nunca y con las que, por supuesto, no tienen vinculación contractual alguna, reclamándoles el abono de deudas pendientes. En ocasiones, estos requerimientos de pago suponen para el ciudadano un auténtico acoso. La situación se agrava cuando quien recibe esa presión en forma de requerimientos no es ya el titular de la deuda, sino la empresa para la que trabaja, sus padres, sus hermanos o hasta sus vecinos.

Llevamos unos meses en los que resulta noticiable el día que el Boletín Oficial de Estado no nos regala una nueva reforma y no, no se tratan de pequeñas modificaciones legislativas, sino de auténticas revoluciones en nuestro ordenamiento jurídico. Y, sinceramente, creo que no exagero con esa definición si tenemos en cuenta que, entre otras, tenemos –al fin- una completa Ley de Jurisdicción Voluntaria, un totalmente remozado recurso de casación contencioso-administrativo, unas nuevas leyes de procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público (tras más de 20 años, la famosa “Ley 30/92” va a quedar derogada) unas intensas modificaciones en materia de contratación pública, una profusa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un nuevo juicio verbal civil, acompañado de un incremento de las funciones del procurador, un nuevo sistema de valoración de daños en accidentes de circulación (más conocido como Baremo de Tráfico), cambios relevantes en la Ley de la Jurisdicción Social, que ni siquiera ha alcanzado aún los cuatro años di vigencia, la enésima modificación de la Ley Concursal…. ¡si hasta se han acortado los plazos de prescripción del Código Civil!.

En octubre del año 2013, Sepín me brindó la oportunidad de dedicar este Post a la objeción de conciencia de los farmacéuticos; en aquella ocasión el hecho que motivó aquella publicación había sido la reciente admisión a trámite de un recurso de amparo presentado por un farmacéutico de Sevilla que había sido sancionado por la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como consecuencia de que el establecimiento carecía de existencias de preservativos y del medicamento con el principio activo levonorgestrel 0’750 mg. (más conocido como la “píldora del día después”). Dicha sanción había sido confirmada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 13 de Sevilla.

ógicamente, aquellos letrados acostumbrados a actuar en el ámbito administrativo y contencioso-administrativo no tendrán ningún problema para articular adecuadamente una reclamación indemnizatoria de este tipo. Por ello, en esta ocasión, es mi deseo que este post sirva de pequeña orientación para compañeros que solo ocasionalmente tengan que enfrentarse a este tipo de encargos profesionales y, por supuesto, también para los propios particulares que hayan sufrido algún tipo de daño en su persona, bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento (normal o anormal) de un servicio público.

He de comenzar reconociendo que, cuando se publicó el BOE de 1 de mayo, la única disposición a la que presté realmente atención fue al Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modificaba el Reglamento de regulación de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia(SP/LEG/13440). Sí, es cierto que en el Boletín de ese día también, había un RD-Ley Derechos Audiovisuales (Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril –SP/LEG/17537-), sobre el que se había hablado mucho en los medios de comunicación en los días previos pero, sinceramente, a mi ni fu ni fa; simplificando mucho, pensé que ni a mi, ni a los suscriptores de sepín nos iba a caer nada de esos derechos de explotación televisiva del fútbol así que, muy bien por ellos y, a otra cosa.

Pero ojo, ese desinterés que mostré por la dichosa norma ha tornado en desasosiego, pues al parecer su contenido ha encrespado a los futbolistas profesionales que, a través de su Asociación (AFE), han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, anunciando igualmente que solo se desconvocará la huelga «si se pactan cambios» en el Real Decreto-ley.

A un extranjero que se encontrara en España en situación irregular, ¿se le debía aplicar la sanción de multa o, por el contrario, la más severa de expulsión del territorio nacional? Todos aquellos juristas que actúan en el ámbito del derecho de extranjería son conscientes de la polémica existente sobre esta cuestión. Sin embargo, este caballo de batalla del derecho español se ha visto ahora superado por una nueva controversia mucho mayor, la adecuación de nuestro sistema sancionador al derecho de la Unión Europea.

Así, el pasado 23 de abril, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una Sentencia [asunto C-38/14 (SP/SENT/806961)] que quiebra el régimen sancionador en materia de extranjería aplicable en España; la trascendencia de la sentencia hizo que sepín no dudara en difundirla rápidamente a través de su boletín electrónico con el objeto de que todos nuestros suscriptores pudieran conocer con inmediatez un pronunciamiento de tanto calado, que seguro afectará, aunque está por ver cómo, a los procedimientos abiertos tanto en vía administrativa como ya en sede judicial.

A nadie se le escapa que la situación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (órganos, junto con los Juzgados centrales, competentes en aquellos procesos que se tramiten por el procedimiento abreviado) ha sido de un colapso absoluto. Al menos en la Comunidad de Madrid, partido en el que con mayor frecuencia actúo, a ningún letrado le sorprendía que la fecha de vista quedará fijada para 3 o incluso 4 años después de la admisión de la demanda.

A nadie se le escapa a estas alturas que la llamada “crisis del ébola” trajo muchas consecuencias y seguramente una de las menos importantes, (y pese a ello de las más comentadas) fue el cese, tras menos de un año ocupando el cargo, del que fuera Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Francisco Javier Rodríguez, mediante Decreto 24/2014, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 4 de diciembre.

Parece igualmente evidente que el cese, o al menos esa es mi impresión, fue más debido a la polémica pública que generaron las sucesivas declaraciones de dudoso gusto que emitió el Sr. Rodríguez, que su mejor o peor gestión política (lo que no me veo capaz de entrar a valorar) durante aquellos días de tanta tensión.

Pero la controversia no ha finalizado con el cese, puesto que de forma prácticamente simultánea a aquél, el Sr. Rodríguez solicitó la defensa y representación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid en la demanda que D.ª Teresa Romero, la principal afectada (no sólo por el virus del ébola sino también, y por lo que aquí respecta, por las declaraciones del hoy exconsejero) había interpuesto frente a él en defensa de su derecho al Honor. Dicha solicitud fue aceptada.

Son muchas las consultas que nos han planteado a Sepín sobre la posibilidad de entender vulnerados el derecho a la protección de los datos personales cuando la afectada no es una persona física sino una mercantil o, en su caso, un comerciante individual.

Ante ello, he considerado de utilidad dedicar este post a dicha cuestión, haciendo un breve repaso sobre la doctrina “institucional” y jurisprudencial emanada sobre la cuestión, tanto de la Agencia Española de Protección de Datos como de nuestros Tribunales.

Hasta finales de 2012, la regla general en la jurisdicción contencioso-administrativa era la no imposición de las costas procesales en la primera instancia, pues la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (SP/LEG/2922) sólo preveía éstas cuando el juez apreciara “mala fe o temeridad” en la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos.

Desde mi punto de vista esa postura era un tremendo error; por un lado, y en palabras de un Magistrado especialista en el orden contencioso, “fomentaba una litigiosidad artificial basada, en muchas ocasiones, en pretensiones insostenibles”; por otro lado, castigaba a los ciudadanos que, con la razón de su lado, se veían obligados a asumir los costes de un proceso para lograr que judicialmente se revirtiera la contumaz negativa (cuando no el silencio, aún más grave) de la Administración en vía administrativa.

Desde luego, el régimen del vencimiento, establecido ya en la jurisdicción civil desde antaño, parece a todas luces el más justo posible. Si un juez consideraba que el acto administrativo frente al que recurrías era nulo, porqué no iba a asumir la Administración los costes que ella te había generado y, a sensu contrario, si un ciudadano se empeñaba en litigar frente a una actuación administrativa legitima, porque la sociedad debía asumir los costes de ese proceso estéril.