El blog jurídico de Sepín

Ser mediador en España hoy en día no es una cuestión tan sencilla como a priori pudiera parecer. Es cierto que existe una Ley, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles , que ampara dicha profesión y que estableció un estatuto del mediador, y además tuvo el detalle de exigir en su articulado unos mínimos formativos, como estar en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional superior y que se contase con una formación específica que se complementaría con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil.

 La esperanza de su reconocimiento como profesionales se frustró con el proyecto reglamentario  que complementará esta norma,

Hace ya unos meses comentamos en este mismo blog que ya eran eficaces las restricciones sanitarias que se impusieron a los inmigrantes que carecían de autorización para permanecer en España.

Durante estos meses, cada Comunidad Autónoma ha actuado sin homogeneidad manteniendo el protocolo que habían aplicado hasta ese momento; creando tarjetas alternativas solicitando otros requisitos; o constituyendo programas de atención social, en los que en algunos casos ha supuesto trámites burocráticos para acceder a estos servicios alternativos tan intrincados, que en muchas ocasiones imposibilitan de facto la atención sanitaria, valga como ejemplo la exigencia de certificados de renta y propiedades de los países de origen de las personas migrantes. 

En los últimos meses se oye hablar de manera indignada sobre muchos asuntos: recortes, nuevos impuestos, o subida de estos (como los premios de lotería o el IVA), privatización de la sanidad, educación, funcionarios, y por lo que a nosotros afecta, a justicia.  A la modificación de las tasas judiciales se le puede unir el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En lo que concierne al ámbito del Derecho de Extranjería, nos fijaremos en la modificación del art. 318 bis (Art. 1 centésimo quincuagésimo cuarto del Anteproyecto):

En las pasadas Navidades se publicaron las Instrucciones que recogían la prórroga que materializaba la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre por la que se autorizaba a España a ampliar la suspensión temporal de los artículos 1 a 6 incluido, del Reglamento de la UE nº 492/2011, relativos al acceso al empleo y libre circulación de trabajadores de ciudadanos nacionales de un Estado miembro.

Cuando un extranjero que cobraba la prestación de desempleo salía fuera del territorio español sin comunicarlo, generaba automáticamente la suspensión o pérdida temporal («baja») de la prestación de desempleo que corresponde a los días de estancia en el extranjero no comunicada: si el incumplimiento había sido total, todos los días de estancia no comunicada; o si el incumplimiento se refería una vuelta tardía, el exceso de días de estancia no comunicada, o no debidamente justificada. Esta solución tenía su apoyo legal en el art. 213. g)  de la Ley General de la Seguridad Social  que establece como causa de extinción de la protección por desempleo

El pasado día 19 de noviembre salió a la luz otra de las muchas medidas que está tomando el actual Gobierno para enfrentar la crisis, está vez con los ciudadanos extranjeros de fondo.

 Con el fin de favorecer la salida del stock de viviendas que poseen los bancos, significativamente aumentado con los aproximadamente más de 500 desahucios al día, el secretario de Estado de Comercio anunció que el Gobierno estudia cambiar el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril  para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros.

 Esta medida reconocería implícitamente que

Recientemente, se ha celebrado la cumbre entre España y Marruecos, en la que se han tratado, entre otros muchos, temas referidos a inmigración, lo que ha traído a mi memoria los sucesos acaecidos este verano entre ambos países.

Si lo recuerdan, la noticia saltó con la llegada de 80 inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, al Islote de Tierra. Mujeres y niños fueron traslados a un Centro en Melilla y el resto fueron depositados directamente al otro lado de la frontera con Marruecos.

Comienza septiembre y si fuera una inmigrante sin papeles en España tendría una doble preocupación de ponerme enferma.

 De momento estaría dentro del grupo de más de 153.000 personas que a fecha de hoy ya no tendría tarjeta sanitaria, se dice que tendría que firmar un Convenio con la Administración, una especie de seguro de 710€, bastante más del doble si fuera mayor de 65 años, pero no sé muy bien, pues también se dice que estas pólizas no están pensadas para los inmigrantes irregulares sino para aquellos ciudadanos extranjeros con recursos que establecen su residencia en España para ser atendidos por el SNS, el llamado turismo sanitario, que está siendo un negocio más que lucrativo para algunas empresas privadas, como no, que ofrecen coberturas similares a un precio más asequible.

En primer lugar, somos conscientes de que, con tantos blogs en la red, el que está leyendo puede parecerle irrelevante, pero inaugurar este constituye una ilusión y además un honor, no solo por la confianza depositada en nosotros por parte de SEPIN, sino por el apoyo brindado. Además nos gustaría que este espacio se convirtiera en un medio de comunicación entre profesionales mediante el cual se pudieran compartir las novedades más relevantes dentro del Derecho de extranjería.