El blog jurídico de Sepín

Durante este periodo estival recientemente concluido, la figura del Defensor del Pueblo ha sido requerido en varias ocasiones para la emisión de un par de recomendaciones que afectan directamente a los ciudadanos comunitarios con cierta relevancia jurídica.

La primera en publicarse ha venido referida a la diferencia de trato que existe en la actualidad entre los cónyuges extracomunitarios de ciudadanos españoles, y los cónyuges  de ciudadanos españoles que si ostentan la nacionalidad de un Estado Miembro en aplicación de la ley, y ello motivado por la única circunstancia personal de haber nacido fuera del territorio de la Unión.

Hace poco en un comentario en este mismo blog preguntaban sobre las salidas profesionales de los mediadores.

Posteriormente estuve meditando la respuesta dada, con un futuro un poco oscuro, no sólo por el panorama económico sino por la “resistencia social” que aún hay al respecto a este método de pacificación de conflictos. Olvidé algo muy importante, tener ilusión por el proyecto y sobre todo tesón y audacia, por eso dedico este post al desarrollo de la mediación como salida profesional.

Ser abogado en España en este momento se está convirtiendo en una tarea de titanes, no hay más que ver que el BOE ha pasado a ser el diario más leído, incluso por delante de los deportivos. Proliferan las normas que se llaman de una manera y a su vez modifican varias áreas, véase si no las recientes Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que modifica entre otras leyes, la de Propiedad Horizontal, o la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que modifica la Ley de Extranjería, y sin ir más lejos la futura Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que modifica IVA, IS, IRPF, concursal, responsabilidades, trámites, extranjería, y además, da entrada al concepto de mediador concursal.

Ahora que se habla tanto de transparencia, la regulación de los Centros de Internamiento de Extranjeros es una grata noticia por partida doble. Por un lado porque el Reglamento de Extranjería 557/2011 de 20 abril, perdió la oportunidad de dotarle de algún contenido legal, y por otro porque se busca atajar los problemas de oscurantismo que les rodea como una aureola, oscurantismo que quedó patente a principios de mayo de este año 2013 cuando se vetó la visita programada a un CIE por parte de los Jueces y Fiscales participantes en el Foro de Inmigración en Gran Canaria  en el que no solo se analizó el fenómeno de la emigración desde la perspectiva del beneficio intercultural, el tráfico de la explotación de mujeres migrantes, la exclusión social y emigración en tiempos de crisis, sino que también dedicó una parte importante

En un anterior post indicábamos las novedades que iban a acaecer en la adquisición de la nacionalidad española por residencia dentro del Plan Intensivo de Nacionalidad Española. Desde el pasado 17 de Junio de 2013, la encomienda efectuada a los Notarios para agilizar este trámite ya es una realidad, aunque no en todas las provincias haya sido operativo desde ese momento, por ejemplo en Madrid las citas se han facilitado a partir del día 19, y nos consta que

No hace mucho leí en la prensa, en relación con los numerosísimos despidos que iba a llevar a cabo Iberia, que los sindicatos firmarían la propuesta del mediador para, con ello, poner fin a la huelga que se había establecido como medio de protesta, algo que, a priori, va contra los principios informadores de la mediación.

Estos principios se recogen en el Título II de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles  y, a su vez, el art. 8 recoge precisamente la neutralidad, un distanciamiento con el conflicto de otras personas que conlleva, además, una no implicación personal.

La neutralidad aplicada a las personas debe entenderse como

El pasado día 24 esperábamos expectantes las noticias del Consejo de Ministros, y esta vez con un interés especial puesto en el Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

 Dado que será una norma que alcance a bastantes aspectos, nos vamos a centrar en los que atañen al ámbito del Derecho de Extranjería. Como ya nos avanzaban en noviembre, finalmente parece que será muy fácil obtener una autorización de residencia en España.

 De la documentación facilitada por el Gobierno se extrae que 

Hablar de mediación con un abogado puede ser un tema delicado, en ocasiones hay suspicacias sobre un cierto intrusismo laboral, pues cualquier abogado cuenta con varios casos a sus espaldas en los que se ha culminado con un acuerdo entre las partes, acuerdo al que no se hubiera llegado sin su intervención.

 Aún reconociendo la importancia que tienen estos acuerdos, no puede confundirse lo que sería una actividad negociadora o “mediadora” inherente a una forma de actuar diaria, con el procedimiento propio de mediación, procedimiento en el que el abogado, ni debe  “renunciar” a su cliente, ni debe desasistirle.

 Ambas figuras resuelven disputas, pero ambas figuras tienen matices diferenciadores.

Los extranjeros que deseen acceder a la nacionalidad española por residencia deben estar atentos, pues se vislumbran varios cambios en el proceso hasta lograr su adquisición.

De un lado está el preceptivo examen de nacionalidad, siguiendo el ejemplo alemán el Ministerio de Justicia quiere introducir un examen oficial que demuestre que los solicitantes son merecedores de ella. Y así consta en la Disposición adicional tercera: Expedientes de nacionalidad por residencia, apartado 6 in fine del borrador de Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros.

•  “Todos los documentos aportados y pruebas practicadas en relación con tales requisitos se incorporarán a un acta notarial, en la que se hará constar, en todo caso, que el promotor ha superado el examen oficial, cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente, que permita acreditar un grado

Ser mediador en España hoy en día no es una cuestión tan sencilla como a priori pudiera parecer. Es cierto que existe una Ley, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles , que ampara dicha profesión y que estableció un estatuto del mediador, y además tuvo el detalle de exigir en su articulado unos mínimos formativos, como estar en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional superior y que se contase con una formación específica que se complementaría con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil.

 La esperanza de su reconocimiento como profesionales se frustró con el proyecto reglamentario  que complementará esta norma,