El blog jurídico de Sepín

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 745/2018, de fecha 1 de julio de 2018, recaída en el Recurso 3910/2016 en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, y, en su virtud, se casa y anula la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 5751/2016, de fecha 17 de octubre de 2016, recaída en el Recurso 1880/2016, en la que se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social en nombre y representación de la TGSS, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Vigo con fecha 12 de enero de 2016, en los autos 621/2015 seguidos a instancia de la TGSS.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 576/2018, de fecha 30 de mayo, recaída en el recurso 2329/2016, y en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con fecha 10 de mayo de 2016 en el recurso de suplicación  163/2016, interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Cáceres de fecha 3 de febrero de 2016 dictada en los Autos 457/2015, que declaraba la procedencia de la  extinción por causas objetivas comunicada al trabajador con fecha 13 de noviembre de 2015 por su empleadora, el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁCERES, ante la negativa del trabajador a la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 372/2018, de fecha 05/04/2018, recaída en el Recurso nº  3123/2016, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por la mercantil AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A., contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) con fecha 19/05/2016, en el Recurso de Suplicación nº 1396/2015, interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 (refuerzo bis) de los de Sevilla, en los Autos nº 658/2013, que declaraba la nulidad de la extinción por causas objetivas comunicada a la trabajadora con fecha 02/05/2013.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 81/2018, de fecha 31 de enero, recaída en el rec. 3914/2015, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto, ya que, como hemos tenido ocasión de analizar en anteriores ocasiones, ante la falta de concurrencia del requisito de contradicción que se exige en el art. 219 de la Ley 36/2011 , de 10 de octubre, “las causas de inadmisión se convierten en causas de desestimación si el procedimiento se halla en la fase de dictar Sentencia” [Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 20 de julio de 2017 (rec. 3358/2015); 30 de marzo de 2017 (rec. 2155/2015); y 29 de marzo de 2017 (rec. 2185/2015), entre otras].

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación del Auto 3/2018 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de fecha 19 de enero, recaído en el procedimiento de conflicto colectivo 252 /2017, en el que la cuestión controvertida se centra en determinar si la mercantil demandada, DEUTSCHE BANK, S. A. E., tiene la obligación de establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza la plantilla del banco, de modo que se permita comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, tanto en el Convenio Colectivo sectorial como en los pactos de empresa que sean de aplicación.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2191/2017, de fecha 3 de octubre de 2017, recaída en el rec. 1908/2017, en la que la cuestión controvertida se centra en un despido disciplinario en el que se le imputa al trabajador un “incumplimiento reiterado y sistemático de su jornada laboral”, y “fraude, deslealtad y abuso de derecho, al pasar dietas por comidas en lugares distintos de la geografía asturiana cuando a la hora de hacerlas se encontraba en su domicilio habitual”, incumplimientos contractuales que la empresa acredita mediante la prueba de geolocalización que se utiliza en la empresa para llevar a cabo el registro y seguimiento de la actividad laboral.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 645/2017, de fecha 19/07/2017, recaída en el Recurso nº 342/2015 en la que la cuestión controvertida se centra en determinar cuál debe ser la calificación de una extinción individual del contrato de trabajo por causas objetivas, y más concretamente, por causas económicas, que se inserta en el marco de un procedimiento de despido colectivo finalizado con acuerdo entre su empleadora y los representantes de los trabajadores, cuando no se ha entregado copia de la carta de extinción a la representación legal de los trabajadores tal y como se exige en el artículo 53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 586/2017, de fecha 5 de julio, recaída en el rec. 13/2015, y 598/2017, de la misma fecha, recaída en el rec. 7/2016 en las que la cuestión controvertida se centra en una materia poco usual, cual es, la demanda de error judicial, cuyo régimen legal se contiene en los arts. 293 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 442/2017, de fecha 18 de mayo de 2017, recaída en el Recurso 1645/2015, en la que la cuestión controvertida se centra en determinar la competencia de la jurisdicción social para resolver sobre la ejecución de la condena al pago de determinada cantidad, derivada de obligaciones laborales, a una empresa en situación de concurso, cuando la misma ha sido liquidada y su patrimonio adjudicado, como unidad productiva en funcionamiento, a una tercera empresa frente a la que se pretende la ejecución de la anterior condena, como sucesora de la concursada con los efectos del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.