El blog jurídico de Sepín

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI, incorporó una serie de obligaciones que debían cumplir las páginas web, a las que había que sumar las establecidas en la normativa de protección de datos, pero dados los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las reformas acaecidas en materia de protección de datos, vamos a realizar un resumen incorporando las novedades más destacadas.

Según los datos publicados por la consultora española Legaltechies, actualmente en España tenemos 142 proyectos Legaltech y más de un centenar de empresas relacionadas con la materia por todo el territorio nacional. De hecho, a junio de 2019, el 28,2% de los proyectos se localizaban en Barcelona, el 26,8% en Madrid y el 6,3% en Valencia, entre otros lugares del país.

Tanto el concepto de marca como el nombre comercial son signos distintivos que confieren al titular el derecho exclusivo y excluyente de uso de los mismos. La marca consiste en un signo utilizado para diferenciar los productos o servicios del comerciante, mientras que cuando hablamos de nombre comercial hacemos referencia a la identificación de la empresa en el tráfico mercantil (no debemos confundirlo con la denominación social que se refiere a la persona jurídica como sujeto de relaciones, derechos y obligaciones, inscribible en el Registro Mercantil). Tanto la marca como el nombre comercial son objeto de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Hasta hace aproximadamente una década nadie había oído hablar de los influencers y mucho menos de campañas publicitarias realizadas a través de éstos. En aquél entonces destacaban otros medios para llegar al público como la televisión, las vallas publicitarias o incluso la radio. Medios a través de los cuales la publicidad se abría paso para aumentar las ventas de productos y servicios de todas las marcas del mercado.

En las últimas semanas hemos conocido dos importantes sentencias contra las webs de enlaces y la piratería, por un lado la Sentencia de la Sala de lo Contencioso, sección 3 de 27 de junio de 2019 frente a la página Goear y la del Juzgado de lo Penal de Murcia, de 21 de junio de 2019 contra los administradores de Seriesyonkis. Aunque los procedimientos han llevado caminos distintos, uno por la vía penal y el otro por lo contencioso-administrativo, se trata de dos importantes pronunciamientos para la  salvaguarda de los derechos de autor y por ello vamos a realizar un pequeño análisis de cada uno de los supuestos.

Tal y como se analizó en el blog de Términos y Condiciones, se utilizaba la paradoja de “La fuerza imparable contra el objeto inamovible” para explicar la relación, cuanto menos complicada, entre el Reglamento General de Protección de Datos (en lo sucesivo, RGPD) y Blockchain.

Ese choque frontal se está sucediendo desde el 25 de mayo de 2018 en materias que, a priori, son irreconciliables:

1. La identificación clara y centralizada de responsables, encargados e interesados frente a un sistema inmensamente descentralizado.
2. Minimizar los riesgos para los interesados al subir datos a la cadena, de modo que deba recurrirse a la anonimización de los datos personales subidos.
3. El ejercicio de derechos, y en especial el derecho al olvido, teniendo en cuenta la inmutabilidad de la blockchain; y
4. La prohibición (con límites) de decisiones individuales automatizadas en el caso de “contratos inteligentes” autoejecutables e irrevocables, ejecutados en la cadena.
   

El pasado día de 3 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI), y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. Aunque dichas directivas ya fueron transpuestas a nuestro ordenamiento por el RDL 2/2018, de 13 de abril, se acordó tras su convalidación la tramitación como proyecto de ley, donde se han introducido algunos cambios. En esta ocasión vamos a comentar el art 195 relativo a la función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital.

Blockchain significa cadena de bloques, se trata de una base de datos asentada en la confianza de los participantes (nodos), en la que los registros (bloques) se encuentran cifrados y enlazados de tal manera que protegen de manera inalterable las transacciones realizadas, los nodos se conectan en redes per-to-per, que utilizan el mismo protocolo, estas se encuentran conectadas entre sí y son descentralizadas. Actualmente el uso más conocido es para operaciones financieras, como la conocida moneda virtual bitcoin, pero su alcance puede llegar a muchos ámbitos de nuestra vida junto con los smart contracts, de los que ya hablamos en otra ocasión. Las cadenas de bloques pueden ser privadas, donde para acceder necesitas la invitación o publicas en las que cualquier persona puede adherirse sin restricciones, como Ethereum.

El pasado 27 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre por el que se modifica, entre otras, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, con el objeto de trasponer la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en dicha materia.  Dicha normativa, conforme a la disposición final séptima entra en vigor hoy lunes 14 de enero de 2019, a excepción de los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 21 (relativo a la suspensión de la solicitud del registro de marca y la oposición), que lo harán el día en que, conforme a lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, entre en vigor el desarrollo reglamentario de los mismos y el apartado 2 de la disposición adicional primera, que lo hará el día 14 de enero de 2023.