El blog jurídico de Sepín

El pasado 5 de junio se publicó en el BOE la culminación de la tramitación de una gran reforma sobre la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio – SP/LEG/34154-). De las dieciséis modificaciones que incorpora, una de ellas incorpora un detalle que cobra su máximo interés en relación con los menores extranjeros no acompañados.

Recientemente el Tribunal Supremo –SP/SENT/1093710– ha interpretado el art 124.1 del RD 557/2011, 20 abril (SP/LEG/7493)  en relación a cuales son los medios de prueba admitidos en una cuestión que suscitaba interés casacional, y que continúa en la línea de otra sentencia anterior, SP/SENT/1059970, en la que aborda una cuestión similar relativa a la interpretación de otro precepto del mismo Reglamento pero que también contenía una mención de específicos medios de prueba  y en la que se decía que “Es posible acreditar el esfuerzo de integración, en los términos descritos por la ley y el reglamento, por cualquier medio válido y no exclusivamente mediante el informe positivo de la Comunidad Autónoma”, lo que en relación con el art. 24 CE, obliga a efectuar una interpretación de las normas que ha de ser favorable a la mayor efectividad de dicho derecho fundamental, del que gozan los extranjeros en igualdad de condiciones que los españoles

El principio de reciprocidad

            Concepto de reciprocidad en el ámbito extradicional      

            Desde los albores de las Relaciones Internacionales, la reciprocidad política es una manifestación de soberanía realizada por el Gobierno en el marco de su Política Exterior, presidida por los principios de seguridad jurídica, oportunidad e interés nacional, por la que un país actuará de una manera determinada con la expectativa de ser retribuido con un comportamiento equivalente por los demás Estados. En el procedimiento extradicional español, se corresponde con la llamada fase gubernativa del expediente.

El concepto del  “interés superior del menor” ha sido ampliamente tratado en nuestras bases de datos desde diferentes puntos de vista: Derecho de Familia, Mediación y por supuesto, desde el ámbito del Derecho de Extranjería. Esto es así porque pretender definir este concepto deviene en una tarea compleja, teniendo en cuenta que es un concepto jurídico indeterminado que debe entenderse en una forma flexible, de manera que se pueda ir perfilando caso por caso una concreción acerca de lo qué es este interés superior del menor.

Una vez más el TJUE analiza situaciones que generan gran interés. En este caso nos referimos a la sentencia dictada el pasado 14 de enero de 2021 y que ya puede consultar analizada con la referencia SP/SENT/1076923.

Como regla general, las solicitudes de asilo o protección internacional ante las autoridades españolas deben presentarse fuera del país de nacionalidad del solicitante.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

Antes del 23 de abril de 2015, la jurisprudencia tenía como criterio consolidado (explicado sucintamente) que la residencia irregular de un ciudadano extranjero se sancionaba con multa, y si existían otros datos negativos, con expulsión, y que siendo la sanción principal la de multa, la expulsión, en cuanto sanción más grave y secundaria, requiere una motivación específica y distinta.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

En el contexto que se ha planteado con motivo de la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 ha motivado un alud de normativa, no siempre con criterios claros, razón por la cual la Dirección General de Migraciones ha elaborado tres Instrucciones en el ámbito de la extranjería de fecha 8 de junio muy interesantes y que resumimos a continuación: