El blog jurídico de Sepín

Los informativos y periódicos están dando especial cobertura estos días a un juicio al que se ha querido elevar a la categoría de mediático porque lo que se enjuicia es la decisión de un Juez de Instrucción que ordenó la prisión de un conocido banquero. Esta decisión fue muy aplaudida en su día por buena parte de la llamada “opinión pública”, pero fue revocada por la Audiencia Provincial tras el correspondiente recurso por haber sido adoptada de una forma “irregular”. En el juicio que hoy nos ocupa lo que se está examinando exclusivamente es si esa decisión del Juez fue ordenada por el mismo mediante una conducta incardinable en el Código Penal, o por el contrario, si la “irregularidad” de esa decisión

La Ley 6/2014, de 7 de abril (SP/LEG/14278), ha venido a introducir una serie de reformas en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (SP/LEG/2577) -que entrarán en vigor el próximo 9 de mayo-, de las que ya hemos venido dando cuenta en este blog desde el inicio de su tramitación parlamentaria.

La figura del indulto aparece con frecuencia en nuestra prensa con motivo de su solicitud por parte de políticos, jueces u otros personajes conocidos condenados o en casos llamativos, o con ocasión de su concesión o rechazo por el Gobierno en esos supuestos. A mi juicio muchas veces la presencia mediática de esta institución está plenamente justificada, aunque en otras se trata con abierta demagogia, populismo y/o con gafas ideológicas. Es una medida que se presta fácilmente a la polémica como expresión de la supuesta arbitrariedad de la alta autoridad que tiene la facultad de concederla o rechazarla.

¿En qué consiste la llamada “gracia del indulto”? Es una potestad discrecional, de carácter excepcional, atribuida

Muy a grandes rasgos, el principio de «justicia universal» o “justicia mundial” busca que no queden impunes determinados delitos de los denominados “contra la humanidad”, de tal forma que permite a un Estado, como integrante de ese ente que se llama “Comunidad Internacional”, perseguir, investigar y enjuiciar esos delitos, aunque se cometan fuera de su territorio nacional y con independencia de la nacionalidad de su autor. El Congreso de Derecho Internacional celebrado en Cracovia

El pasado mes de diciembre de 2013 la Dirección General de Tráfico llevó a cabo, durante una semana, una intensa campaña de controles de alcohol y drogas, tanto durante horario nocturno como a mediodía, buscando, según se dice oficialmente, el efecto disuasorio de su ingesta durante las comidas y cenas propias de esos días.

El Consejo de Ministros del pasado 29 de noviembre de 2013 aprobó el informe del Ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, lo que supone el banderazo de salida para el inicio de su tramitación parlamentaria. Desde que se filtraron a la prensa concretos aspectos del borrador de esta Ley ciertos sectores de la opinión pública pusieron el grito en el cielo y convocaron incluso manifestaciones en su contra porque a su juicio el texto cercenaba determinados derechos fundamentales. El Ministerio se hizo eco de estas críticas y

El pasado 13 de noviembre de 2013 se dio a conocer la sentencia del caso “Prestige”, por la que se absolvía a todos los imputados (el capitán y el jefe de máquinas del petrolero y el entonces Director General de la Marina Mercante) de los delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos de los que venían siendo acusados, y únicamente se condenaba al capitán como autor de un delito de desobediencia grave a la autoridad.

La noticia conmocionó a la opinión pública que esperaba fuertes responsabilidades penales, civiles y políticas frente a la catástrofe que tuvo lugar exactamente hace once años por el vertido en las costas cantábricas españolas y francesas de 63.000 toneladas de fuel.

Últimamente se nos están lanzando algunos mensajes de optimismo en relación con la crisis económica. El propio sector automovilístico parece que está empezando a repuntar, sin duda con la ayuda de los sucesivos planes “PIVE”. Dicen los expertos que ya se empieza a ver una pequeña luz. Sin embargo los ciudadanos de a pie aún no lo percibimos, al menos yo no, lego en materia económica. Tengo la sensación que son simples mensajes políticos para inyectarnos ánimo, pero no acabo de creerlos. Seguro que me estaré equivocando. Lo cierto es que nuestros bolsillos siguen maltrechos y tenemos que sortear esas dificultades cambiando ciertos hábitos y autosometiéndonos a estrecheces (“recortes”) en nuestra vida cotidiana.

En el post con que iniciábamos la andadura del presente blog en materia penal ya nos hacíamos eco de la Sentencia de 10 de julio de 2012 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Río Prada contra España) que venía a rechazar la que conocemos como “doctrina Parot”. Esta resolución fue objeto de recurso por el Estado Español, y el día 21 de octubre de 2013 la Gran Sala de dicho Tribunal Europeo ha venido a desestimar el recurso y a confirmar la sentencia impugnada por España.

 ¿En qué consiste la “doctrina Parot”?

Fue introducida por primera vez por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo nº 197/2006, de 28 de febrero (SP/SENT/81282), que se dictó en el caso del etarra Henri Parot. En su fundamentación jurídica desarrolló una interpretación de la mecánica para computar la redención de penas por el trabajo para las condenas

El pasado viernes 20 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, que de esta forma inicia su tramitación parlamentaria.

En su día ya dimos cuenta en este mismo blog de algunas de las principales novedades que venía a introducir la reforma, según los textos de sus dos sucesivos Anteproyectos, así como diversos aspectos de la misma que considerábamos de calado y polémicos,