El blog jurídico de Sepín

Cuando una persona sin formación jurídica ha de relacionarse con los Tribunales de Justicia, se enfrenta a una situación desconocida y que por tanto le genera desconfianza, por lo que la elección del letrado será fundamental, y por eso se le exige, con independencia de sus conocimientos o del acierto en los planteamientos, una diligencia, mayor aún que la del padre de familia.

Este y otros deberes en relación con las partes se recogen expresamente en los arts. 42 y 43 del R.D. 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española (SP/LEG/2370), en los que se dice que el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada debe realizarse con el máximo celo y diligencia. Además, en el ejercicio profesional se deben tener en cuenta los Códigos Deontológicos de la Abogacía Española (SP/LEG/3041) y el Código de la Abogacía de la Unión Europea.

Los arts. 78 y 79 del Estatuto de la Abogacía (SP/LEG/2370), establecen la responsabilidad civil y penal,

A raíz de la comentada propuesta de Directiva sobre los Contratos de Crédito Celebrados con los Consumidores para Bienes Inmuebles de Uso Residencial, que según la información publicada va a prohibir la imposición del seguro por la entidades prestamistas vinculado a la hipoteca, y por la infinidad de consultas realizadas sobre este tema, creo necesario aclarar esta cuestión de los seguros obligatorios relacionados con la vivienda.

Vaya por delante, que pese a toda la normativa que citó a continuación, ante la falta de seguro, parece que la única responsabilidad que se genera es acarrear, a costa del patrimonio propio del que incumple, con los daños producidos por el siniestro, incluida la posible pérdida total de la vivienda, frente a otros seguros obligatorios como el de circulación de vehículos, que ante el incumplimiento de su suscripción generan efectos administrativos, civiles y penales.

Pues en contestación a la pregunta,

Tras el regreso de las vacaciones, con el ánimo más alto después del merecido descanso, decidimos que este será el año en que por fin tendremos fuerza de voluntad para hacer todo aquello que siempre vamos dejando para otro momento, como ponerse en forma y aprender o mejorar nuestro ingles, y con la ayuda de las múltiples colecciones de los kioscos, a hacer cupcakes, aviones, coches y casas de muñecas en miniatura, punto de cruz, crochet…. etc

Pero al acudir al gimnasio para hacer ejercicio, se debe tener en cuenta que su práctica puede ser generadora de lesiones por el propio esfuerzo, y que

Llega el verano, y las ansiadas vacaciones, y puesto que los edificios quedan más desprotegidos, los amigos de lo ajeno suelen aprovechar la época estival para entrar en las viviendas y “hacer su agosto”. Además de este mal trago, podemos encontrarnos con que la aseguradora a la que estamos pagando religiosamente la prima del seguro del hogar niega la cobertura de los bienes desaparecidos, si no hay signos evidentes de la forma en que se ha accedido a la vivienda.

¿Y a que se acoge la aseguradora para esa negativa?

SI, y aunque el aseguramiento solo es obligatorio en el caso de que el animal se considere potencialmente peligroso, si el perro no entra en esa categoría, es altamente recomendable tenerlo asegurado porque entre otras razones a considerar, nuestro Código Civil en su art. 1905 aplica en esta materia uno de los pocos casos de presunción de culpa: La del poseedor del animal por los perjuicios que cause. Importante matiz, no hace falta ser el propietario, basta con ser el poseedor del animal para responder incluso en el caso de pérdida o extravío del mismo, aunque hay causas de exoneración de esa responsabilidad, que se expondrán a continuación, así como las posibles situaciones a las que nos puede llevar los daños que provoque o que le causen a nuestro perro, pudiendo incluso llegar a incurrir en una falta penal.

Por lo tanto,  se debe tener en cuenta si hay obligatoriedad de asegurarlo, y para ello es necesario averiguar si el perro es potencialmente peligroso,

Llegan las tan ansiadas vacaciones de Semana Santa y, aunque es deseable que todo transcurra con normalidad, no está de más recopilar unos cuantos consejos para el caso de que en nuestro viaje nos encontremos con algún percance inesperado.

Así, se distingue en este recopilatorio si se realiza el transporte en avión, o en tren o en autobús, y dado que solo unos pocos privilegiados van a poder viajar al extranjero, se tratan los supuestos en el ámbito nacional.

Entre las últimas y mediáticas modificaciones legislativas de las mentadas tasas judiciales por el Real Decreto-Ley 3/2013, por el que se modifica el Régimen de las Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia, se ha realizado la alteración de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, con una particularidad que se debe destacar para los profesionales que se dedican a la materia de la responsabilidad civil y seguro.

Así, en el art. 2, apdo. 1, del RDL 3/2013 modificador, se añaden al art. 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita varios apartados y se amplía el ámbito personal de aplicación a los lesionados en accidentes independientemente de que dispongan de recursos económicos o no, cuando se reclamen los daños personales y morales.

Y lo que en principio fue motivo de aplauso desde su inclusión en el anteproyecto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se vuelve incredulidad al comprobar que ha quedado limitada a:

Estamos en plena temporada de esquí y, dado el incremento de la popularidad de este deporte, no está de más hacer un breve apunte sobre la responsabilidad civil de las estaciones en la producción de accidentes mientras se practica el mismo. En este caso, es importante tener en cuenta el lugar donde ocurre el siniestro, ya que, curiosamente, no rigen los mismos criterios en toda la estación.

Las resoluciones del Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo constituyen una excelente orientación para los profesionales del Derecho, ya que, a pesar de no tener inicialmente carácter vinculante, se han dictado tras la celebración de plenos jurisdiccionales que abordan cuestiones de especial importancia respecto de las que se establece una doctrina autorizada que es de aplicación en los órganos jurisdiccionales inferiores. Por ello y dada su repercusión en los procedimientos judiciales, he realizado una recopilación de su doctrina de los dos últimos años sobre la responsabilidad civil y los seguros, como instrumento de ayuda para el éxito de las demandas.

En orden cronológico,