El blog jurídico de Sepín

• Actualización: el 7 de octubre de 2015 entró en vigor la reforma, que analizamos en este post: ¡Modificación del Código Civil en materia de prescripción!

El pasado 27 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, en coherencia con el nuevo régimen de segunda oportunidad para las personas físicas, introduce un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia.

La Disposición Adicional Primera está dedicada a la modificación del Código Civil en materia de prescripción y dice textualmente:

La respuesta a esta interesante cuestión nos la ofrece la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2015 (SP/SENT/7950587), que declara que lo realizado por el mandatario tras la extinción del mandato es nulo, al acreditarse que tal circunstancia era conocida por el mandatario cuando actuó como tal.

En el caso que comentamos, se interesó en la demanda que se declarara la nulidad de pleno derecho de tres escrituras de hipoteca otorgadas por el mandatario en virtud de un poder concedido por su madre en el año 1999, revocado con posterioridad, en el año 2000, revocación que fue debidamente notificada.

De la prescripción de los honorarios de letrado se ocupa el art. 1.967.1.º del Código Civil, que establece claramente que por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de la obligación de pagar a ciertos profesionales, entre los que se cita expresamente a los abogados.

El problema se plantea en torno al dies a quo, sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo, en la Sentencia 338/2014, de 13 de junio, que declara que la prescripción trienal extintiva para reclamar el precio de los servicios profesionales del abogado se computa desde que finaliza la prestación del servicio profesional conjunto, y no desde que concluye cada asunto concreto en el que el letrado presta sus servicios.

El art. 1.156 del Código Civil recoge, con carácter meramente enunciativo, las causas de extinción de las obligaciones, omitiendo toda referencia al mutuo disenso, que es un modo de poner fin a una relación obligatoria, reconocido tanto por la doctrina más autorizada como por la jurisprudencia dominante, aunque no se halle expresamente contemplado en la enumeración del precepto referido. Es pacífico que la relación de causas extintivas de este artículo es incompleta y que el mutuo disenso, también conocido como contrarius consensus, mutuo acuerdo resolutorio o pacto de resolución constituye también en nuestro ordenamiento jurídico una causa de extinción de las obligaciones por resolución, disolución o ruptura del vínculo contractual.

La simulación contractual, que se produce cuando no existe la causa que nominalmente expresa el contrato por responder este a otra finalidad jurídica distinta, es el tema al que en esta ocasión hemos querido dedicar el presente espacio.

No existe en nuestro Código Civil precepto legal específico que se refiera a esta figura, razón por la que vamos a tratar de perfilar su concepto, tipos, y uno de los aspectos que más problemas acarrea en la práctica, que es el de su prueba.

 Simular un negocio equivale a fingir o aparentar una declaración de voluntad que realmente no es querida por las partes. La voluntad real o subyacente puede consistir en no celebrar negocio alguno o celebrar un negocio distinto al aparentemente realizado.

En esta ocasión nos hacemos eco de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de 2014, en la que se evidencia la imprecisión terminológica de nuestro Código Civil, lo que ha dado lugar a que la ineficacia negocial sea uno de los conceptos más oscuros de nuestro derecho, como ya señalábamos en otro post.

La cuestión jurídica gira en torno a la celebración de un contrato de compraventa que tiene por objeto un local comercial y una entreplanta, la cual es una edificación fuera de la ordenación urbana. Partiendo de tal ilegalidad el comprador formula demanda en la que, basándose en el error como vicio de la voluntad, interesa que se declare “resuelto” el contrato, lo que acuerda la Audiencia Provincial, que declara la resolución.

Continuando con el tema de la nulidad y la anulabilidad contractual, en el presente post trataremos los llamados vicios de la voluntad, enumerando los requisitos que jurisprudencialmente se exigen para que poder invalidar el consentimiento, produciendo la anulabilidad del contrato, y que, según señala el art. 1.265 CC, son el error, el dolo, la violencia o la intimidación.

El hecho de encargar a un taller mecánico la reparación de nuestro coche constituye un contrato de arrendamiento de obra en virtud del cual el taller se compromete a un determinado resultado (la reparación del vehículo), para lo cual es necesario la entrega del automóvil.

No es uniforme el criterio que las Audiencias Provinciales mantienen sobre si la estadía del vehículo en el taller mientras el propietario decide si lleva a cabo o no la reparación constituye o no un contrato de depósito, siendo numerosas las reclamaciones judiciales de los gastos producidos como consecuencia de dicha estancia.

La ineficacia de los contratos, que supone que los mismos no produzcan efectos, es uno de los conceptos más oscuros de nuestro derecho, motivado por el confusionismo del propio Código Civil, que hace referencia de modo indistinto a la inexistencia, invalidez, nulidad, anulabilidad, rescisión y resolución. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido clarificando cada una de estas figuras distinguiendo el contrato nulo, del anulable y rescindible y de la resolución contractual.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la reciente Sentencia de 21 de enero de 2014, que sienta doctrina en relación con la usucapión “contra tabulas”, declarando que esta materia se rige por lo dispuesto en el art. 36 de la Ley Hipotecaria frente a lo establecido en el art. 1.949 CC, que ha de entenderse derogado. Señala la Sala que, aunque en sentencias anteriores se haya hecho mención a dicho precepto (art. 1.949 CC) sin descartar su vigencia, no dependía de su aplicación el resultado del proceso, que es lo que ocurre precisamente en el supuesto enjuiciado.

 La cuestión gira en torno a la usucapión «contra tabulas», que es la adquisición del dominio por parte de quien inicialmente no es titular del mismo por la posesión continuada, en contra de lo inscrito en el Registro de la Propiedad.