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Directora de Sepín Consumidores y Usuarios, Obligaciones y Contratos y Derechos Reales
Nos hacemos eco en esta ocasión de la primera Sentencia dictada en nuestro país relacionada con el llamado «caso Volkswagen” y que ha sido favorable para el fabricante.
En esta ocasión, hemos decidido dedicar el presente espacio al cobro de lo indebido, que nuestro Código Civil conceptúa como modalidad de “cuasi contrato” u obligación que se contrae sin convenio, y que contempla en el art. 1.895.
No existe precepto legal específico que regule el negocio fiduciario, que se construye básicamente en torno a la autonomía de la voluntad, razón por la que hemos querido dedicar este espacio a analizar su concepto, clases y su distinción con otras figuras afines.
Se ha publicado en el BOE de fecha 6 de octubre de 2015 la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/18525), y entre sus cambios más significativos hay que destacar el que afecta al régimen de prescripción por el que se reduce de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales.
El art. 348 CC ampara o tutela el derecho de propiedad a través de dos acciones distintas, aunque entrelazadas y frecuentemente confundidas, razón por la que hemos querido dedicar este espacio tanto a la acción reivindicatoria como a la meramente declarativa.
La esperada Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria (SP/LEG/18006), publicada en el BOE del viernes 3 de julio de 2015, dedica su Título V a los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al Derecho de Obligaciones. Estas disposiciones entraron en vigor el 23 de julio de 2015.
El Capítulo I regula el procedimiento para la fijación del plazo para el cumplimiento de la obligación, que se aplicará cuando, conforme al art. 1.128 CC o cualquier otra disposición legal, proceda que se señale un plazo para el cumplimiento de una obligación a instancia de alguno de los sujetos de la misma.
El Código Civil define el contrato de compraventa en el art. 1.445, según el cual «por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente«.
Por su parte, el Código de Comercio dedica los arts. 325 y 326 a la delimitación de la compraventa mercantil frente a la civil, y en el primero de los preceptos señala los requisitos que debe reunir dicho contrato para que pueda calificarse como tal, estableciendo que «será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa«.
El pasado 20 de mayo se publicaron en el Diari Oficial de Catalunya dos importantes Leyes. La Ley 6/2015, de Armonización del Código Civil, cuyos cambios analizamos a lo largo de este post, y la Ley 5/2015, que introduce modificaciones en el Capítulo III del Libro Quinto, referido al Régimen Jurídico de la Propiedad Horizontal.
Con la finalidad de armonizar el conjunto del Código Civil de Cataluña, la Ley 6/2015, de 13 de mayo de Armonización del Código Civil de Cataluña (SP/LEG/17694) pretende, según se indica en su propio Preámbulo, enmendar errores u omisiones, y evitar la producción de efectos indeseados por causa de la ambigüedad de la redacción de algunos preceptos.
La reforma, que entrará en vigor el 9 de junio, a los 20 días de su publicación, introduce cambios en los Libros Segundo (persona y familia) y Cuarto (sucesiones) que ya han sido objeto de análisis, ocupándonos en este espacio de los que afectan a la Primera ley del Código civil de Cataluña (SP/LEG/2483) como al Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales (SP/LEG/3159). Además, en el Preámbulo se indica que han iniciado los trabajos del Libro Sexto, relativo a las obligaciones y los contratos, que debe incluir la regulación de los contratos especiales, así como la contratación que afecta a los consumidores.
El pasado 27 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, en coherencia con el nuevo régimen de segunda oportunidad para las personas físicas, introduce un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia.
La Disposición Adicional Primera está dedicada a la modificación del Código Civil en materia de prescripción y dice textualmente:
La respuesta a esta interesante cuestión nos la ofrece la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2015 (SP/SENT/7950587), que declara que lo realizado por el mandatario tras la extinción del mandato es nulo, al acreditarse que tal circunstancia era conocida por el mandatario cuando actuó como tal.
En el caso que comentamos, se interesó en la demanda que se declarara la nulidad de pleno derecho de tres escrituras de hipoteca otorgadas por el mandatario en virtud de un poder concedido por su madre en el año 1999, revocado con posterioridad, en el año 2000, revocación que fue debidamente notificada.
